A Anticorrupción se ha enviado desde la Fiscalía de Alicante la denuncia que hace poco más de una semana presentó el dirigente socialista Ángel Franco contra la Policía por las pesquisas que le atribuyen un papel clave en la aprobación del macroplan urbanístico Rabasa que promueve el empresario Enrique Ortiz. Una actuación en manos en la actualidad del magistrado Juan Carlos Cerón por la que, además del promotor y entre otros, está imputada la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Tal y como publicó este diario, Franco, en la actualidad de baja como militante tras desvelarse el contenido del informe policial que le ha llevado a interponer la denuncia, atribuye a la Policía «consideraciones subjetivas y parciales basadas en meras interpretaciones distorsionadas de presuntas intenciones que nunca han existido para adjudicarme un papel "clave" en la aprobación definitiva del plan Rabasa (que contó con los votos a favor de PP y PSOE frente a uno en contra, el de EU, formación que ha acabado llevando el asunto al juzgado), todo ello con el consiguiente daño personal, familiar y político que se me ha causado y que es una consecuencia natural, y quizá buscada, del contenido de dicho informe», recoge el escrito firmado por el exsenador socialista.
Desde la Fiscalía provincial se ha optado por remitir el asunto a Anticorrupción dado que es éste el departamento que investiga las supuestas irregularidades en la tramitación de plan Rabasa, donde se enmarca la denuncia presentada ahora por Franco. Y será por tanto este departamento el que tenga que pronunciarse sobre un asunto con un recorrido judicial incierto. En su escrito, el exsenador acusa a los agentes de utilizar «términos ambiguos, confusos o tendenciosos», afirma que su comportamiento está «muy alejado de las normas que regulan y deben guiar su actuación profesional» y reclama a la Fiscalía que expida un oficio a la Dirección General de la Policía para que identifique a los agentes firmantes del informe, además de pedir una copia del mismo. Una solicitud que ya rechazó Cerón, a quien le reclamó el resultado de las pesquisas policiales inicialmente, al no ser parte del proceso. La causa está paralizada en la actualidad a la espera de que el instructor se pronuncie acerca de la validez de las actuaciones. Al igual que han venido haciendo los abogados de Castedo en el asunto abierto por los presuntos amaños del PGOU, Franco ataca a los agentes que le sitúan como «intermediario» para una reunión en la que Ortiz tenía interés para desbloquear el macroyecto al afirmar que «con dicha interpretación, a todas luces subjetiva e interesada, no sólo se está actuando con escasa profesionalidad sino que se está faltando voluntariamente y de forma clamorosa a la verdad en la narración de los hechos por cuanto ni he mantenido "una relación constante" con el señor Enrique Ortiz a los efectos de la intermediación del Plan Rabasa». La actuación de Franco ha generado un notable malestar en la cúpula socialista. Consideran que el ataque la Policía supone dar aire a Castedo y romper la línea de la acusación.