El PP abrirá expediente disciplinario a Andrés Llorens
El expediente por la apertura de juicio oral lo abrirá el Comité de Derechos y Garantías "cuando se vuelva a reunir"
El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha confirmado este jueves que se abrirá expediente disciplinario al vicealcalde de Alicante y concejal de Presidencia, Atención Urbana, Fiestas y Plaza de Toros, Andrés Llorens, tras la apertura de juicio oral por el caso 'Magallanes'.
Según han asegurado a Europa Press fuentes de esta formación, la medida es "ajustada a los estatutos" del partido y que "no caben interpretaciones" de ningún tipo. Además, han apuntado que la medida "normal" que suele aplicarse en este tipo de casos es "la suspensión temporal de militancia".
El expediente lo abrirá el Comité de Derechos y Garantías "cuando se vuelva a reunir", en una fecha que no han podido concretar las fuentes consultadas, que han recordado que la última reunión fue este lunes.
Asimismo, han puntualizado que el expediente de expulsión del partido sólo se adoptaría en caso de que fuera condenado en el juicio.
CASO 'MAGALLANES'
El caso 'Magallanes' arrancó tras conocerse que el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, había adjudicado las obras de rehabilitación de la plaza Magallanes de la ciudad cuando las obras ya habían sido ejecutadas en 2009.
Ahora, la titular del juzgado de Instrucción 4 de Alicante, Cristina Ferrández, ha abierto juicio oral contra Llorens (PP) por un delito de prevaricación y otro de falsedad documental, según han confirmado fuentes de la acusación particular.
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, solicita para el también edil de Atención Urbana una pena de tres años de prisión, nueve de inhabilitación para cargo público y una multa, al entender que adjudicó de forma ilegal el desarrollo de unas obras complementarias en la Plaza de Magallanes de Alicante que en realidad habían sido finalizadas unos meses antes.
En concreto, según sostiene la acusación pública, Llorens falsificó un acta de replanteo firmada el 16 de julio de 2009. Junto al vicealcalde alicantino, se sentarán en el banquillo de los acusados tres técnicos de su área que supuestamente colaboraron en la ilegalidad, que se enfrentan a tres años y medio de inhabilitación, y el entonces responsable de la mercantil adjudicataria de las obras, Coinger.
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