El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, se ha mostrado este lunes partidario de crear juzgados y fiscales especializados en casos de corrupción para "evitar el retraso en la tramitación" de las causas, al tiempo que ha reclamado un incremento de "medios materiales y humanos" para luchar contra este fenómeno porque "deteriora el sistema y hace perder a los ciudadanos su confianza en el mismo".
El magistrado ha realizado estas declaraciones en el marco de una conferencia celebrada con el título 'La necesaria nueva configuración de los delitos de corrupción política. Exigencias y requisitos de su tipificación' en el Foro de Debate Económico Germán Bernacer.
"La corrupción provoca un impacto negativo en la credibilidad de la economía en un momento en que se necesita tanto salir de la crisis", ha apuntado. En esta línea, se ha mostrado a favor de que los partidos políticos alcancen un "pacto de Estado" para combatir este tipo de infracciones penales. El presidente de la Audiencia ve un riesgo de "abstencionismo" electoral por parte de los ciudadanos en caso contrario.
A su juicio, el Código Penal debería incluir un "título específico" que abordara ampliamente este fenómeno criminal, una "tipificación autónoma que reconozca que la corrupción existe, y no solo entre particulares". Igualmente, ha considerado que se debería eliminar el cohecho de la gama de delitos que son competencia de los jurados populares para prevenir que algunos ciudadanos puedan dictar un veredicto en función de su ideología.
Magro ha propuesto extender a la Administración la figura del controlador para prevenir el fraude en las empresas que la legislación va a incorporar a partir de abril. "¿Por qué el legislador excluye del ámbito de la Administración los planes de cumplimiento normativo que va a obligar a adoptar para las grandes empresas con la reforma del Código Penal?", se ha preguntado.
El magistrado ha concretado que esos mecanismos de control tendrían que extrapolarse a las instituciones públicas para "poner el contador a cero para acabar con estas prácticas tan extendidas". Este sistema, denominado 'keeping track' en el derecho anglosajón, que ya lo incorpora, "ayudaría a controlar el fenómeno de la corrupción", ha insistido.
Ese controlador sería un funcionario independiente "como un juez o un fiscal", que pudiera supervisar las acciones de los cargos públicos y controlar que las decisiones que toman se ajustan a la ley y al interés general.
Por otro lado, ha apoyado que el trámite parlamentario de la reforma del Código Penal haya eliminado el delito de omisión para aquellas empresas que no incorporen los planes de cumplimiento de la normativa. Actualmente, la responsabilidad penal de la persona jurídica solo se podría exigir si se hubiera cometido un fraude, tanto interno como externo, de dentro afuera, y la mercantil no contara con esos programas.
NUEVO DELITO
Entre las propuestas legales que ha enumerado ante el auditorio, además de una tipificación autónoma de estos delitos y de la incorporación del "controlador interno" en la Administración, se ha referido a la observancia de un "código ético" para los cargos públicos, instauración de un "nuevo delito de enriquecimiento injusto en los casos de corrupción política" o la mejora del control de la financiación de los partidos.
Magro también ha abogado por que se regule por ley que un imputado no pueda presentarse en las listas electorales, y ha planteado, como ya hecho en otras ocasiones, la posibilidad de que un juez pueda suspender cautelarmente a un cargo público inmerso en un caso de corrupción.
"Se critica esto porque se tiene miedo a un poder judicial omnímodo, pero esas medidas cautelares se adoptarían solo en casos concretos en los que se advirtiera un riesgo en el caso de que el cargo público continuara en su puesto. Hay que tener confianza en el Poder Judicial. Si no confiamos en él, cerramos la tienda a partir de mañana", ha concluido.
