Palo para la gestión de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por la Ley de Dependencia; y palo para el conseller de Educación, Vicent Marzà, por el trato a los colegios concertados. El informe sobre la gestión en 2016 de la Síndicatura de Greuges -institución ubicada en Alicante y encargada por las Cortes de los derechos de los ciudadanos- pone en solfa la gestión de dos de los principales departamentos gestionados por Compromís. Cuestiona las medidas tomadas por Oltra para intentar reducir las listas de espera de dependientes que el Defensor del Pueblo de la Comunidad continúa considerando inaceptables y a la vez proclama, contra el criterio que está aplicando Marzá, que el sistema educativo es dual con una línea pública y otra privada concertada que, en ningún caso, es un simple elemento subsidiario. La memoria de la Sindicatura de Greuges -entregada ayer por el Síndic José Cholbi con sus dos adjuntos, Ángel Luna y Carlos Morenilla, al presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera- tiene más valor, si cabe, en tanto que analiza el primer año completo de la labor al frente del Consell del gobierno de izquierdas que comparten los socialistas y Compromís.

De las 14.143 quejas presentadas por los ciudadanos el año pasado, 5.259 están relacionadas con la Educación: el 37,18%. La mayor parte de éstas -más de 3.000- hacía referencia al denominado «arreglo escolar» y procede de padres de alumnos, sindicatos y centros concertados. La presión de la concertada contra el Consell, por tanto, ha tenido un impacto directo en la estadística de quejas recogida en el informe de la Sindicatura. Y es precisamente Alicante, de forma global, la provincia que más recurre al alto comisionado parlamentario para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Más de la mitad de las quejas registradas, 7.130, proceden de la provincia (54,46%); 5.607 de la zona de València (42,83%); y apenas 354 (2,7%) de las comarcas de Castellón.

Aunque se han registrado poco más de 800 quejas sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, lo cierto es que suponen un incremento de un 30% respecto al año 2015 lo que evidencia que la situación vuelve a ser límite. La memoria admite que se han resuelto problemas como la eliminación de parte del copago y que hay mejoras en los cuidadores no profesionales pero, sin embargo, como se refleja en el informe, la lista de espera de personas que esperan la valoración para poder acceder a los fondos continúa siendo muy importante. Los datos que apunta el informe del Defensor del Pueblo valenciano reflejan a que, en estos momentos, hay algo más de cien mil personas en el sistema y la mitad están a la espera. Unos niveles parecidos a los que, en su día, dejó el PP aunque existe un doble sistema de medición -uno de la Generalitat y otro del Estado- que el informe pide que se acabe unificando para evitar distorsiones en los listados.

Hay discrepancias entre la Sindicatura y la conselleria que dirige Mónica Oltra que alega, entre otras cosas, que la administración, como el presidente Ximo Puig ha trasladado en diferentes ocasiones, tiene un aparato de funcionarios muy debilitado y con notables dificultades para abordar el «día a día» de la gestión. Pero, en cualquier caso, el informe de la Sindicatura de Greuges cuestiona la demora a la hora de atender las peticiones; pone reparos al sistema de valoración que, especialmente en el caso de Alicante, se ha trasladado a los municipios; critica los supuestos en los que se ha producido minoración de prestaciones; y, por supuesto, denuncia que hay expedientes cuya tramitación se dilata tanto que el beneficiario fallece sin percibir ni un sólo euro. Un problema que también está a la espera de que el Gobierno de Madrid concreté si pagará el 50% de la Dependencia con la nueva financiación autonómica, como en su día incluía la ley.

El otro gran polo de la memoria, sin duda, es el paquete de quejas vinculado a la Educación. El informe insiste en exigir que se acelere la mejora de las instalaciones para acabar con barracones o con materiales de fibrocemento que están prohibidos y que afectan a unas 80 instalaciones. O reclama medidas para corregir las deficiencias en la jornada continua o las disfunciones del programa Xarxa Llibres, que en su día generó incluso la apertura de un expediente de oficio. Junto a eso, más de la mitad de las quejas dirigidas contra Educación -3.000 de las más de 5.200 presentadas- se corresponden con la presión de los colectivos ligados a la educación concertada. La memoría de la Sindicatura de Greuges sobre la gestión del Consell en 2016 es clara: el sistema es dual. «Esta institución no compartió el criterio de que hay que suprimir plazas en centros privado concertados siguiendo el principio de subsidiaridad (...) respecto a la pública, ya que la legislación vigente (...) establece un régimen dual (...). El sistema educativo vigente se basa en dos puntos, la enseñanza pública y la privado concertada», zanja amparando su respuesta en la Constitución.