Durante los dos próximos meses, la agenda política de la Comunidad estará marcada en las Cortes por el debate y aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2019. Serán los últimos de esta primer mandato del Consell del Botànic con una línea de continuidad clara: la imagen inédita de los tres socios del gobierno -socialistas, Compromís y Podemos- firmando el acuerdo antes de la presentación de las cuentas conforma claramente un bloque de los grupos de izquierda frente al PP y Ciudadanos al tiempo que marca una voluntad de repetir el acuerdo después de las autonómicas. Es cierto que unas cuentas tan expansivas -crecen un 10%- arrastran dos interrogantes y una evidencia negativa: los malabarismos para cumplir con la previsión de ingresos, la dificultad para gestionar las partidas en un escenario tan complejo como el año electoral y la certificación de que cerraremos el mandato sin resolver el problema de la financiación que ha alimentado el relato del Consell. Pero también es cierto que este presupuesto carga de munición a los socios del Botànic -especialmente al PSPV de Ximo Puig y a Compromís bajo el liderazgo de Mónica Oltra- para comprometer inversiones presupuestadas y ganar aliados en una provincia clave para el resultado electoral de las autonómicas al tiempo que sienta las bases para intentar decantar el pulso con la Diputación. En política nadie da puntada sin tener hilo.
Unos números de inversiones muy favorables a la provincia
Por primera vez en la historia del autogobierno valenciano, un presupuesto de la Generalitat equipara el volumen de inversión territorializada en Alicante -aquella con un destino definido- a nuestro peso de población en la Comunidad: cerca de un 38%. No es cuestión menor. Los presupuestos, más allá de su cumplimiento, recogen una voluntad política. Y debería servir como guía de futuro para que la sociedad civil alicantina aprovechara la oportunidad de establecer una línea de reivindicación y que siempre el reparto inversor se realizara con esos porcentajes. Más allá, sin embargo, ese indicador -en el marco del presupuesto más inversor de la década- facilita un asidero al Consell para prometer obras y proyectos con consignación presupuestaria y, de paso, disponer de un argumentario con el que rebatir los ataques que le llegan desde la Diputación, presidida por César Sánchez y la principal institución que quedó en manos del PP después de las elecciones autonómicas y municipales de 2015. Todo ello en una provincia clave para definir el color del próximo Consell.
Actuaciones en departamentos que son esenciales para Alicante
En clave alicantina, la provincia sale muy bien parada en dos consellerias que son escaparate de la gestión. Infraestructuras, el departamento al que todos miran a la hora de definir la inversión. Y Educación, uno de los que más críticas ha recibido en una parte de la provincia especialmente por el plan de plurilingüismo del conseller Vicent Marzà, de Compromís. Más argumentos electorales para el Botànic. Nada menos que casi la mitad de la inversión en carreteras y ferrocarril vendrá a la provincia. Y también cerca del 50% de las cantidades ya consignadas para el Plan Edificant -unos 90 millones de euros ya confirmados en reparación y mejora de colegios- serán para Alicante. Es cierto que Sanidad es la excepción que confirma la regla con menores porcentajes de inversión que la media. Pero también lo es que un proyecto como el rescate del servicio público en la Marina Alta justifica un presupuesto. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se quejó por los tres centros de salud que se reclaman en la capital. Es verdad que tienen poco dinero pero también que figuran en las partidas del presupuesto. Así que el PP puede atacar pero también el Consell tiene margen para defenderse con su voluntad de ejecutarlos.
La importancia de un proyecto relevante: el Distrito Digital
Además los presupuestos, en el discurso provincial, le conceden al Consell del Botànic la opción de vender un proyecto de relevancia como es el Distrito Digital, que ya está en marcha con las obras para el desembarco de empresas en la estación de cruceros del Puerto y con la próxima instalación de otras firmas -algunas de relevancia dentro del sector de la producción de videojuegos- en la Ciudad de la Luz, unas instalaciones que costaron un dineral -265 millones- en época del PP para quedarse completamente vacías y que volverían así a tener utilidad.
Prioridad para la ley que vacía de contenido la Diputación
Pero el documento de presupuestos para 2019 no sólo le concede argumentos al Consell para disponer de discurso en el territorio clave para el resultado de las autonómicas. También pone las bases para intentar decantar el principal pulso político que tiene abierto la Generalitat: el vaciado de la Diputación. El pacto firmado por los socialistas y Compromís con Podemos establece como prioridad la aprobación antes de finalizar la legislatura de la ley para delimitar las competencias de las instituciones provinciales, una norma con la que la Generalitat quiere tomar el mando de áreas que le corresponden pero que ahora, sin embargo, está gestionando la Diputación. Conflicto a la vista. Uno de los reproches que el Consell realiza a la corporación alicantina bajo mando del PP es el bajo porcentaje de ayudas -apenas un 12%- que se reparte con criterios objetivos. La Generalitat repite su fórmula en 2019: cuarenta millones para el Fondo de Cooperación que la corporación alicantina -decidida a mantener a salvo el botón que le permite controlar sus propias subvenciones- veta mientras el Consell lo distribuye en función de población con mecanismos correctores para los pequeños municipios. También entra en el presupuesto -51 millones- la futura Agencia Tributaria Valenciana, en la que el Consell quiere integrar a Suma. La joya de la corona de la Diputación.
Maniobra para ganar aliados en el mundo empresarial
Al presidente Puig no le gustó la intervención del presidente de la Cámara, Juan Bautista Riera, en la Noche de la Economía Alicantina. Ni por el fondo ni por las formas. Tampoco a Compromís que, a los pocos días, canalizó las quejas de las cámaras de Orihuela y Alcoy, abandonadas por la Diputación a la vez que «regaba» de ayudas a la institución que preside Riera con 450.000 euros. El conseller de Economía, Rafael Climent, ha metido la cuña en sus presupuestos: 100.000 euros para cada una de las cámaras comarcales en sus cuentas. Ganar aliados para la batalla electoral que se avecina.