El presidente de la Generalitat Valenciana y líder del PSPV, Ximo Puig, defendió ayer lunes que el PSOE «por supuesto» tiene que mantener las negociaciones para formar gobierno «con Podemos, Izquierda Unida y el conjunto de fuerzas progresistas, también con Compromís». El jefe del Consell reivindicó que tras la investidura fallida de Pedro Sánchez, «debemos apretar el acelerador para buscar una solución». Tras las dos sesiones estériles en el Congreso de los Diputados celebradas la pasada semana y ya con el contador corriendo para una repetición de las elecciones, Ximo Puig llamó a la «serenidad» y a «no dramatizar» por la posibilidad de retornar a las urnas en noviembre. «Yo no estoy en modo electoral alguno ni hay ningún mandato ni dirección en ese sentido», subrayó a preguntas de los periodistas al finalizar la Comisión de Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea.
Puig abogó por «hablar, dialogar y buscar los acuerdos más racionales y lógicos posible», algo en lo que «todos los partidos están concernidos». «Es inimaginable decir a los ciudadanos que se han equivocado, pues votaron mayoritariamente al PSOE y es el Partido Socialista quien debe liderar ese gobierno», recalcó, para rechazar las posiciones «incapaces de llegar a acuerdos» y los «bloqueos» a un pacto político.
El jefe del Consell hizo hincapié en que ve «bastante vergonzoso que un partido como el PP, que tuvo en su momento el apoyo del PSOE en una situación parecida, ahora ni se dé por aludido». También cargó contra la posición de Ciudadanos, «otro partido que hace poco llegó a un acuerdo con el PSOE y ahora parece imposible llegar a un acuerdo». En cualquier caso, a pesar de tantos hándicaps, Puig insistió en que «no se puede bajar los brazos; Sánchez presentó un programa de gobierno que podrían apoyar muchísimos grupos parlamentarios, con seis ejes de futuro para este país», enfatizó, por lo que instó a «hablar de continuidad y buscar soluciones para los problemas de los ciudadanos en un momento muy complejo: España tiene una oportunidad que no podemos desperdiciar».
En el caso de la Comunidad, Puig reconocido la existencia de «preocupación» en el Consell por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que aprobó en su momento el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP), si bien remarcó que el proceso sigue «el ámbito institucional lógico que prevé la Constitución». No habrá ni financiación ni nuevas inversiones, como adelantó este periódico. Garantizó, eso sí, que a pesar de ello no dejarán «bajo ningún concepto» de dejar de prestar los servicios públicos fundamentales que «son de justicia para los valencianos». «No podemos ir más allá ni llegar adonde querríamos, pero desde luego no vamos a estar por debajo de la media en la prestación de servicios», recalcó y se comprometió a «buscar todas las fórmulas necesarias» para ello.
Distinta visión
Las palabras de Ximo Puig llegan horas después de leer las opiniones del ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos, hombre de confianza de Pedro Sánchez que el pasado fin de semana en la ciudad del Turia insistió a la derecha a desbloquear la formación del Gobierno al considerar que la negociación con Podemos había fracasado por la «desconfianza y el chantaje». José Luis Ábalos fue muy crítico con la formación morada, que «desaprovechó el momento histórico de que un partido a la izquierda del PSOE entrara en el Ejecutivo».
El ministro de Fomento también fue crítico con el comportamiento de Compromís (el socio del PSPV en el Consell) en la negociación de su apoyo, que no fue finalmente, a Pedro Sánchez. «Joan Baldoví dice que habría que cambiar a los negociadores, pero no sé si refiere a él». Ábalos aseguró que lo que Compromís quería «es imposible» porque «es fijar posición hablando de deuda y de financiación en un acuerdo con un partido, porque eso es quebrar el modelo». «Querían no mojarse y obtener luego los beneficios políticos», esgrimió asímismo el ministro.
Puig insiste en que no influyó en la quita de la deuda de Zeta
El «president» de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó ayer que no existe conflicto de intereses ni incompatibilidad en la votación del decreto que avaló la quita de la deuda del Grupo Zeta y reiteró que no ha influido en esa decisión. «Yo no he tomado ninguna decisión que afecte a ninguna empresa en la que yo tenga ningún tipo de acción», aseguró al ser preguntado por la operación realizada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) sobre la deuda heredada del citado grupo editorial, que incluía entre sus cabeceras «Mediterráneo» de Castelló (del que Puig conserva el 1,17 % de las acciones desde 1984). Zeta fue adquirido en abril por Prensa Ibérica (editor de INFORMACIÓN).
Tensión dentro de Compromís por la nueva alianza con Errejón
La corriente soberanista rechaza la integración en un grupo con otras fuerzas de izquierda del Estado
Bloc i País, la corriente soberanista del Bloc, formación mayoritaria en Compromís, rechaza que Compromís se haya adscrito en el Senado al Grupo de la Izquierda Confederal, integrado por Más Madrid, la formación que lidera Íñigo Errejón después de su salida de Podemos, así como otras antiguas confluencias de la formación morada como los catalanes de En Comú o Adelante Andalucía. «Toda la militancia de Compromís nos hemos enterado de esta decisión por la prensa cuando ya estaba tomada, un modus operandi que cada vez es más común en nuestra formación, lamentablemente» denunció ayer en un comunicado el portavoz, Vicent Fernàndez.
El representante de Bloc i País alertó sobre «la maniobra por un pacto con 'Podemos 2.0' que puede esconder este movimiento», puesto que «no son pocas las voces que una vez y otra dan por hecho en la prensa que, si hay repetición de elecciones, Compromís irá en coalición con la formación de Errejón». Por ello, para Bloc i País, no parece «una acción inocente, menos todavía cuando el primer pacto con Podemos se aprobó de una manera antidemocrática, con el voto de más de dos tercios de Compromís en contra». Fernàndez rechazó de plano este «procedimiento obscurantista».
Rivera refuerza a Toni Cantó en el conflicto interno de Ciudadanos
Coloca a la diputada María Muñoz, persona de la confianza del síndic en las Cortes, en la nueva dirección
La diputada nacional de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Valencia, María Muñoz, se ha incorporado al Comité Ejecutivo Nacional del partido, con lo que son ya cuatro los representantes de la Comunidad Valenciana en la Ejecutiva de esta formación. Esta incorporación forma parte de las 22 propuestas en el Consejo General extraordinario convocado ayer en Madrid para ampliar la Ejecutiva hasta los 50 miembros, y Muñoz se suma así al síndic de la formación en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, el portavoz municipal en València, Fernando Giner, y la diputada nacional por Alicante, Marta Martín.
Muñoz aseguró ayer que «Ciudadanos ha crecido en la Comunidad Valenciana y eso es algo que se tiene que extrapolar a la Ejecutiva del partido». Asimismo se comprometió a que «las cuestiones fundamentales para la Comunidad estén presentes en el órgano de dirección del partido». Con la ampliación de la ejecutiva, Rivera blinda su poder interno y refuerza la decisión de la dirección de rechazar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con más perfiles que secundan esta posición como María Muñoz, muy cercana a Toni Cantó, quien también rechaza de plano cualquier acercamiento a Sánchez.
