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La plantilla del psiquiátrico propone pasar a Sanidad cuando se integre en el Consell

Más de 150 empleados, que tratan con enfermos crónicos, rechazan ser funcionarios de la Conselleria de Políticas Inclusivas, con la que la Diputación negocia traspasar competencias - Los trabajadores temen perder salario cuando dependan de la Generalitat

La plantilla del psiquiátrico propone pasar a Sanidad cuando se integre en el Consell

La plantilla del psiquiátrico propone pasar a Sanidad cuando se integre en el Consell

Ni apoyan la propuesta ni se la creen. La práctica totalidad de la plantilla del centro de atención sociosanitaria Doctor Esquerdo rechaza integrarse en la Conselleria de Políticas Inclusivas con quien la Diputación de Alicante, a la que pertenecen estos trabajadores, negocia un trasvase de competencias. El proceso de cesión de «competencias impropias» anunciado días atrás por el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón y la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, afecta de lleno a un colectivo de trabajadores, cercano a 190 personas, que en su gran parte -salvo algunos empleados vinculados a la parte asistencial- quiere formar parte de la Conselleria de Sanidad, con quien no se han establecido contactos para tramitar estos cambios a pesar de que la labor que realizan estos profesionales, de atención directa a enfermos mentales agudos y crónicos, está dentro de las atribuciones sanitarias y no sociales.

En sus cerca de 90 años de historia, el actual centro Doctor Esquerdo ha pasado por muchas fases, a la espera siempre de su traspaso definitivo. El Sanatorio Psiquiátrico de Alicante, construido en 1934, se convirtió en Complejo Socio Asistencial Doctor Esquerdo en 1998. En aquel momento ya no se hizo un traspaso de competencias, obligado desde que el Estatuto de Autonomía (1982) confirió a la Generalitat la labor de atender los asuntos de salud mental. El hecho de que en el psiquiátrico se realizara una labor a mitad camino entre asistencial y sanitaria, fue uno de los elementos que «ayudaba» a posponer una decisión sobre cuál sería el destino de esta plantilla y de un servicio que, no en vano, genera un presupuesto anual de 12 millones de euros.

En 2007 ya se produjo un traspaso de competencias entre la Diputación y la Generalitat. La institución provincial cedió sus unidades de salud mental de los departamentos de salud 17 (Alicante-Sant Joan) y 19 (Alicante) al Servicio Valenciano de Salud. Durante tres años se planificó el gasto que debía asumir cada entidad y se determinó con detalle el personal que se transfería, unas 75 personas que en algunos casos cambiaron de puesto y categoría laboral. Pero tampoco fue el momento de abordar el trasvase del Psiquiátrico.

Diez años después, en 2017, en ese empeño de estar cada vez más vinculados al mundo sanitario, el pleno de la Diputación aprobó -con los votos a favor del PP y el tránsfuga Sepulcre y los votos en contra del PSOE, Compromís y EU-, una modificación de la estructura organizativa del centro Doctor Esquerdo para continuar prestando «servicios socio-sanitarios dirigidos a personas con problemas con salud mental en la provincia de Alicante».

Estructura organizativa

Recalcar la labor que se realizaba, y se realiza, en el psiquiátrico, no fue una cuestión solo de terminología, ya que la estructura organizativa del centro Doctor Esquerdo también distinguía, dentro la «línea sanitaria» dos unidades de rehabilitación hospitalaria mixta, un hospital de día de adultos, un hospital de adultos y trastornos de la personalidad, y tres unidades de rehabilitación hospitalaria. En cuanto a la «línea asistencial» se limitaba a una unidad asistencial para discapacitados y 20 plazas para residencia de la tercera edad.

Esta misma estructura de departamentos es la que se trasladó al nuevo edificio, todavía sin uso, con las obras acabadas hace 6 años, dotado de mobiliario (camas, sillas y mesas) y pendiente de ponerse en funcionamiento cuando la Generalitat asuma su gestión. A este respecto, los trabajadores del centro Doctor Esquerdo con los que ha contactado este periódico son muy pesimistas sobre cuando abrirá sus puertas una obra «completamente acabada, de la que no se puede utilizar ni el aparcamiento subterráneo», asegura un empleado. Estos funcionario piensan que sin traspaso de competencias no se pondrá en funcionamiento el nuevo centro, un edificio donde ellos quieren trabajar como personal de la Conselleria de Sanidad, con quien reclaman que se gestione el traspaso de la plantilla «de una vez por todas». Temen que perderán capacidad salarial, que tardarán en recuperar unos años, pero prefieren eso a que no se reconozca su categoría y capacitación laboral después de décadas trabajando con enfermos mentales.

Un centro cerrado seis años que todavía no tiene la homologación

En noviembre de 2013 finalizaron las obras del nuevo centro de salud mental de la Diputación, unas instalaciones construidas frente a las actuales, donde la institución provincial invirtió 12 millones de euros y donde pretendía atender a 126 enfermos mentales. Cerca de seis años después, el edificio sigue cerrado, sin uso, a la espera de recibir la necesaria homologación técnica por parte de la Generalitat. Fuentes del Consell aseguran que hace tiempo «remitieron una serie de modificaciones que requería el centro para la autorización», cambios que «o no se han producido o no hay constancia en la Conselleria de que se hayan comunicado». Desde la Diputación, se asegura que se ha encargado un informe externo para subsanar «ciertas deficiencias técnicas», problemas internos de un edificio provisto de domótica, que cada vez aparece más rodeado de la maleza que ha crecido entre el hormigón y las pierdas.

El antecedente del Hospital Provincial regresa a la memoria

A finales de 1990, 416 trabajadores del Hospital Provincial San Juan de Dios se trasladaron en poco más de una semana hasta el Hospital de Sant Joan, que no empezó a atender a los pacientes hasta unos meses después, en marzo de 1991. Además de soportar los inconvenientes del traslado, los trabajadores asumieron un trasvase laboral que algunos pueden volver a repetir 30 años después. Aquella vez pasaron de ser funcionarios de la Diputación -y, por tanto, de la administración local-, a ser «personal funcionario al servicio de comunidades autónomas», bajo un sistema estatutario diferente las condiciones económicas, laborales y sociales de las que disfrutaban. Al tener un salario superior a los empelados de la Generalitat, y disfrutar de complementos de los que no disponen los trabajadores de conselleria, se les aplicó una CPT, una congelación gradual del sueldo hasta igualar lo que cobraba la plantilla de la Generalitat. Otra similitud se basa en que aquella vez, el Hospital de Sant Joan también lo construyó la Diputación, que cedía las instalaciones a la Generalitat para que asumiera su gestión. Ahora también hay en juego una plantilla y un edificio a cargo de la Diputación de Alicante.

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