El regreso a las urnas del pasado domingo, 10 de noviembre, además de provocar el hartazgo de la población, mermó la estabilidad de muchas instituciones, de muchos gobiernos que dependen de la «paz externa» para calmar cualquier brote de interno de insumisión. Y entre estos «perjudicados», el Consell de la Generalitat era uno de los primeros gobiernos que estaba padeciendo la ausencia de un Ejecutivo estable en la Moncloa, no solo por la falta de presupuesto -con la consiguiente insuficiencia de inversiones- y por la necesidad de reformar la financiación, sino también por que los que no se han puesto de acuerdo en Madrid sí lo estaban (o al menos, eso decían) en València. Por eso, cuando ayer al mediodía, los líderes del PSOE, Pedro Sánchez y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias se dieron un abrazo tras la firma de un acuerdo de progreso, más de uno -y de dos y de tres-, acabaron respirando tranquilos.
La «botanización» de España, a la que aludía ayer el síndic socialista, Manolo Mata, con su habitual sentido del humor, llegó como un soplo de aire fresco a todos los rincones del Gobierno autonómico, acostumbrado las últimas semanas a mostrar sus diferencias en privado... y en público. Los reproches por no cerrar la alianza el pasado verano entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, socios del Botànic que se empeñaban en propagar los «beneficios» del acuerdo de izquierdas por todo el territorio nacional, sumados a las protestas de Compromís que siempre criticó que Pedro Sánchez no les tuvo en cuenta todo lo necesario, se convirtieron en choques evidentes a la luz del día. Daba igual que el escenario fuera la negociación de los presupuestos de la Generalitat -donde hubo bronca hasta última hora-, que las cuitas en plena campaña electoral, cuando tuvieron que pedir el voto al electorado de izquierdas por culpa de la repetición de los comicios del 10-N. Unas elecciones que han supuesto todo un toque de atención al Consell al quedar en minoría frente a la derecha por la debilidad de Podemos y Compromís en Alicante. Los 15 diputados que tendrán los socios del Botànic en Congreso, frente a los ?? que cosecharon las fuerzas de la derecha obligaron a hacer una profunda reflexión de lo sucedido, un análisis que ya había empezado a provocar un gran malestar en el seno de los partidos implicados.
Los primeros que obligaron a mover ficha fueron los socialistas valencianos, que en la reunión de su ejecutiva, celebrada el pasado lunes, el clamor frente a la estrategia de los «sanchistas» era evidente. Con el PSOE siempre acostumbrado a sacar los cuchillos en momentos de incertidumbre, las constantes visitas de Pedro Sánchez a la Comunidad, con mítines en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, donde se comprometió a reformar la financiación, pero siempre «sin fecha», no tranquilizaban al PSPV.
Por contra, ya empezaba a escucharse, y de boca del propio presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, que «no configurar un gobierno sería un insulto a los ciudadanos». En esa ejecutiva quedó bien claro que la voluntad mayoritaria del PSPV es que Pedro Sánchez pactara de inmediato una salida a la crisis política en Madrid, una solución a la parálisis que, a su vez, sea compatible para los socios preferentes de los socialistas, como son Unidas Podemos y Compromís. Un acuerdo para todo el Estado, con unos beneficiados a nivel político, que tanto solo por contagio, iban a poder inspirar y expirar a pulmón pleno. Un Botànic también en Madrid.
Rápida reacción
Minutos después de firmarse en una sala del Congreso de los Diputados el acuerdo para la formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, comenzaron a llegar en cascada las respuesta de los responsables del Gobierno autonómico valenciano. Muestras de aprobación, que mezclaban a partes iguales el alivio y la alegría, adornados con un toque de sentido del humor. Mensajes en redes sociales que aparecían con la misma rapidez que las declaraciones de crítica y rechazo por parte de integrantes de las tres fuerzas de derecha. Al PP, a Cs y a Vox, el acuerdo de ayer en Madrid les pilló a contrapié, horas después de unas elecciones que les permitió crecer en conjunto, pero de manera estéril, sin ninguna opción de formar Gobierno. Por eso, del mismo modo que el Consell respiraba, la oposición se atragantaba con este acuerdo tan rápido, con esta nueva oportunidad que tapaba bocas críticas por haber vuelto a las urnas y conceder a la ultraderecha un crecimiento impensable de escaños hace unos meses.
Desde la Comunidad Valencia, las valoraciones se realizaron con una clara visión territorial. El jefe del Consell, Ximo Puig, en su cuenta de Twitter, acompañado por una fotografía suya junto al presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez, aseguraba que el preacuerdo para un gobierno progresista en España «nace con la determinación de fortalecer las autonomías, garantizar los derechos sociales y la igualdad entre todos los españoles, lo que incluye una financiación justa». Puig no dejó de incluir en su mensaje la palabra más repetida en todos los foros de la política valencia, la financiación, aunque no fuera, ni por asomo, la principal preocupación de la campaña.
La sonrisa para la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís fue mucho más amplia si tenemos en cuenta que celebró en Twitter la noticia con una imagen de la película de animación «Del revés» en la que se muestra la alegría, frente a la ira con la que reaccionó ante la convocatoria electoral. Oltra también echó mano de la química y las finanzas, al afirmar que «cotiza a la baja la testosterona. Espectacular revalorización de la oxitocina. Así, mucho más fácil todo. Y cuánto nos alegramos!». Y el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau (Podemos) deseó que la nueva etapa en el Estado español «sea igual de fructífera que está siendo con el gobierno autonómico valenciano del Botànic».
Desde el sector opuesto, la censura al acuerdo de progreso llegó por parte de los partidos de derecha, que coincidieron en la misma pregunta: «¿por qué ahora sí y hace cinco meses no?». A ese argumento se sumó, de manera especial, la situación de interinidad que se vive en Ciudadanos, descabezados desde la dimisión de Albert Rivera. La diputada alicantina Marta Martín afirmó ayer: «Vamos a esperar a ver qué nos cuentan, si es que nos llaman».
Defensa del autogobierno autonómico con alusión sin concretar a la financiación
El primer documento del pacto no aporta detalles sobre la principal reforma que reclama la Comunidad
Hay que buscar hasta el penúltimo punto del preacuerdo de formación de un Gobierno de coalición firmado ayer en Madrid por los líderes de PSOE, Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para encontrar alguna referencia que, al menos, roce el conflicto territorial y la mejora del sistema de financiación autonómica. En el punto 9 de los 10 «ejes prioritarios de actuación del gobierno progresista», después de asegurar que el acuerdo pretende «garantizar la convivencia en Cataluña» y la «normalización de la vida política» en este territorio -para lo que anuncia el fomento del diálogo y las «fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución»-, el texto facilitado por los dos partidos apunta, textualmente, que «también se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles».
Poco específico
A falta de los «detalles del acuerdo» que se harán públicos en los próximos días, el «nuevo gobierno que se regirá por los principios de cohesión, lealtad y solidaridad gubernamental» no escribe ni una sola vez en su preacuerdo la palabra financiación, por lo que hay que intuir que «asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios» que gestionan las comunidades autónomas y «garantizar la igualdad entre todos los españoles» solo será posible si es a través de un nuevo sistema de financiación. Para el que, claro está, no se menciona en ningún momento nada que haga pensar en plazos o calendario para llevar a cabo la reforma. En todo caso, esta indefinición no se reduce solo al tema de la financiación autonómica, sino mas bien a buena parte de todo el preacuerdo firmado ayer en Madrid.
Compromís ofrece sumar su voto a la investidura a cambio de las reivindicaciones de la Comunidad
Baldoví propone negociar un documento con la «agenda valenciana» para sumarse a la alianza del PSOE con Podemos
Buena noticia pero con matices. El único diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, que no ha cambiado su «soledad» en la Cámara Baja después del 10-N a pesar de la coalición con Más País, el partido de Íñigo Errejón, se mostró ayer a favor de la noticia del preacuerdo entre socialistas y podemitas, pero expresó varios reparos, tanto con las formas como con el contenido del pacto. En primer lugar, Joan Baldoví señaló a este diario que tenía «la sensación» de que el acuerdo establecido ahora entre el PSOE y Unidas Podemos «se podía haber hecho hace 5 meses. No entiendo por qué se ha hecho en 48 horas».
El diputado es de la opinión de que la «ciudadanía está perpleja», pero, ahí no acabará el componente sorpresa si en los próximos días no se produce un acercamiento entre los firmantes del preacuerdo y Compromís. Baldoví recuerda que Pedro Sánchez sigue sin tener «los votos necesarios», por lo que espera que el acuerdo se extienda «a más gente, al menos por respeto a los valencianos que nos han votado». Una vez que se abra «círculo de amistad» y se «sienten con nosotros», el representante de Compromís en el Congreso «hará sus propuestas», que nos «tendrán que oír» para que «atiendan como corresponda» las reivindicaciones, enmarcadas dentro de la considerada «agenda valenciana».
En este sentido Baldoví no cree que haya novedades. «Hablaremos y diremos lo mismo que en julio y en agosto, la agenda valenciana, que es extrapolable a todo el territorio». Dentro de las medidas exigidas por Compromís, que ahora volverá a reclamar está la reforma de la financiación en un año, la mejora de infraestructuras hidráulicas y ferroviarias en Alicante (con la conexión del aeropuerto del Altet), y llegar al 50% del coste de la dependencia.
