La Diputación aprobó ayer en la Junta General de la sociedad Alicante Natura-Red Ambiental la propuesta del presidente Carlos Mazón para adjudicar «a dedo» dos auditorías para las cuentas anuales del ejercicio económico correspondiente al año 2019 a una empresa vinculada a Francisco Grau, que fuera asesor fiscal del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y considerado el «arquitecto» de la trama de supuestos cobros de mordidas y blanqueo de capitales del caso Erial. En febrero de este año, Grau salió de Fontcalent después de estar en prisión preventiva tras ser acusado e investigado por ser uno de los cerebros de este entramado empresarial que tenía a Zaplana como epicentro. Este economista también estuvo vinculado en dos sumarios por la caída de la CAM.
El consejo rector de este organismo, celebrado ayer por la mañana, estuvo marcado por un áspero debate. El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, mostró sus dudas sobre los motivos por los que el equipo de gobierno decidía aprobar esta adjudicación directa. Desde el gobierno del PP y Ciudadanos admitieron la falta de previsión y apuntaron que no daba tiempo a proceder a un concurso público y, por eso, se decidió prorrogar un año más el contrato que ya había sido aprobado por el expresidente de la Diputación, César Sánchez, del PP como Mazón, hace ahora tres años. Alicante Natura es una sociedad mercantil anónima con participación de capital al 100% de la Diputación, creada para la gestión de la red provincial de espacios naturales de la institución provincial. Tal y como aprobó ayer la junta de la firma pública, será la empresa Aplem Consulting, especializada en asesoramiento legal y tributario y en otros ámbitos de consultoría y formación, la que se encargará de hacer las dos auditorías por valor de unos 5.700 euros.
Según consta en el registro mercantil, Francisco Grau fue nombrado administrador solidario de Aplem Consulting en 1998 y no hay constancia de que se hayan producido cambios desde entonces. Desde la empresa aseguraron ayer a este diario que Grau «ya no tiene nada que ver con la firma» porque hace justo dos semanas la titularidad de las acciones pasó directamente a José Antonio Sánchez Carrasco, que también había coadministrado la sociedad con el imputado y que fue el que atendió ayer la llamada de este periódico.
Tras la reunión, el diputado de Medio Ambiente Miguel Ángel Sánchez, del PP, defendió la decisión y aseguró que «esta persona ya no forma parte de esta empresa porque ante notario se desvinculó». Según los técnicos, ha vendido las acciones que venía gestionando hasta ahora. Sánchez aseguró que la Diputación adjudicó de forma directa al tratarse de menos de 15.000 euros e insistió en que «teníamos que aprobarlo antes del 31 de diciembre». «La primera vez se hizo por concurso público en 2017 y fue esta empresa la que ganó al presentar la mejor oferta. En 2019 iniciamos el proceso de licitación en abril pero finalmente el consejo de administración se disolvió sin que se pudiera proceder al nuevo nombramiento» por lo que aseguró que «al no poder contratarlo previamente la única alternativa que teníamos es la prórroga». «A la única empresa que podíamos nombrar es a la que había ganado el concurso en 2017», insistó el diputado, que dijo desconocer que Grau es uno de los cerebros del caso Zaplana. Durante el debate Gerard Fullana denunció la falta de previsión del equipo de gobierno por el retraso en la constitución de la firma y en convocar el concurso.
Una decisión tomada con la consellera de Transparencia en el Palacio Provincial
Y justo se tomó la decisión en Alicante Natura el día que el presidente de la Diputación , Carlos Mazón, anunció que la institución provincial se adherirá al Código de Buen Gobierno de la Generalitat, tras someter próximamente el documento al pleno. Así lo explicó tras reunirse durante media hora con la consellera de Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez, en un encuentro en el que ambas administraciones han sentado las bases de colaboración en esta materia». Mostramos la predisposición total de la Diputación en ser la primera de las tres instituciones provinciales en adherirse a este código», avanzó Carlos Mazón, quien concretó que «esto significa un paso adelante en nuestras obligaciones como gobernantes».
La Audiencia de Valencia valida las escuchas telefónicas de la investigación
La sala rechaza anular los pinchazos de la Guardia Civil y ratifica el trabajo de la jueza entre el enfado de las defensas
Los pinchazos telefónicos que afloraron la presunta red de corrupción vinculada a Eduardo Zaplana seguirán siendo indicios válidos en las diligencias derivadas de la Operación Erial. La Audiencia de València ha rechazado la petición de uno de los imputados y ha validado los autos por los que la magistrada-instructora ordenó las intervenciones telefónicas que afloraron los negocios de la organización, así como diversos registros policiales. En su resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, la sección quinta valida la legalidad de las actuaciones y destaca que el hecho de que varios de los investigados sean abogados no impide que se vigilen sus comunicaciones si forman parte del entramado. La resolución es firme.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción investigan una presunta organización criminal vinculada al exjefe del Consell que habría desviado al extranjero hasta 16,2 millones El dinero procedería del presunto pago de comisiones a cambio de contratos públicos, según el sumario. Zaplana nunca tuvo el teléfono pinchado porque antes de su detención trabajaba para Telefónica y el juzgado extremó las preocupaciones para evitar filtraciones. Los investigadores no necesitaron intervenir su número porque el exdirigente del PP conversaba habitualmente con sus colaboradores.
Los investigados que sí tenían su teléfono pinchado cuestionaron ante la sala el auto de la instructora en el que acordaba la intervención de llamadas entrantes y salientes de teléfonos alegando «una genérica infracción de derechos, garantías, valores y principios reseñados en una multitud de artículos de diferentes normas jurídicas». Las defensas basaron su argumentación en que, dada la condición de abogado de uno de los imputados, «debe preservarse la confidencialidad de las comunicaciones que hayan podido existir entre ambos dada la relación abogado-cliente». Anticorrupción se opuso a la petición porque, de las diligencias practicadas, «no se desprende un asesoramiento que vaya más allá de operaciones para blanquear dinero, que son los hechos por los que se siguen las presentes diligencias, y que por tanto, no existe la vulneración de derechos». La Audiencia, tras revisar los autos de la jueza, ha rechazado los argumentos de las defensas porque en las conversaciones se abordan «operaciones relacionadas con el movimiento de dinero». Los abogados de los principales imputados, sin embargo, mantienen su rechazo a la resolución al entender, por contra, que se estarían vulnerando derechos.
