La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha mostrado este viernes en Alicante su confianza en que se cumpla la "hoja de ruta" sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, donde existe un calendario establecido por todas las partes que "han expresado su voluntad de cumplir".

Para la vicepresidenta, que ha ofrecido en la Casa de las Brujas la rueda de prensa posterior a la reunión que el Consell ha mantenido en la ciudad de Alicante, la propuesta aprobada esta semana en las Cortes, donde se solicita al Gobierno central que presente un nuevo modelo de financiación antes de ocho meses, entra dentro de los cauces normales por lo que se mueve esta negociación. Oltra tampoco ha comentado si existe una previsión de fecha concreta de convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde el Ministerio de Hacienda debe reunir a los responsables de las consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas.

Renta de inclusión

En la misma intervención ante los medios de comunicación, la vicepresidenta Oltra ha replicado al Ayuntamiento de Alicante (gobernado por PP y Cs) que tardan 6,2 meses de media en tramitar la renta valenciana de inclusión, "más del doble de los tres meses que marca la ley", mientras la Generalitat los resuelve en unos dos meses: "Estas son las cifras y esta es la realidad".

En la actualidad, la Conselleria de Igualdad tiene bloqueados más de 1.100 expedientes de familias que pidieron la renta de inclusión. Tras remarcar que pueden hacer "las declaraciones que quieran", Oltra ha hecho hincapié en que "del total de 4.624 presentados, 2.300 en nómina, 1.485 están a la espera de tramitar por el Ayuntamiento y 878 por la Generalitat", ha apuntado.

También ha destacado que la ley de la renta establece un máximo de tres meses para cada administración, un plazo que se amplió de dos a tres en el caso de la Generalitat y se redujo de cuatro a tres en los ayuntamientos para equipararlos. "Vamos un mes más rápido del plazo legal mientras el Ayuntamiento tarda el doble", ha insistido, reconociendo que algún expediente puede prolongarse más tiempo.

Y ha resaltado la financiación del Consell al Ayuntamiento de Alicante para los equipos base de servicios sociales, "de los 389.000 euros de 2015 a los tres millones actuales", desde el inicio de la pasada legislatura. Esto supone que su departamento ha "multiplicado por ocho" los fondos para contratar trabajadores, "de los 17 profesionales en 2015 a los 97 de 2019 y los 117 de 2020".

Más allá de Alicante, Oltra ha alabado la importancia de la renta valenciana de inclusión para las personas y familias en situación de inclusión y ha celebrado el aumento de la cuantía general, de los 8,5 millones en 2014 (último año del anterior Consell del PP) a los 194 millones de 2020.

Repatriación de Alina

Asimismo, la vicepresidenta ha afirmado que la indemnización por asesinato que el Gobierno valenciano da a las víctimas de violencia de género, equiparada a de las víctimas del terrorismo, permitirá afrontar la repatriación a Rumanía del cadáver de Alina, la mujer asesinada en Moraira (Alicante) supuestamente por su pareja.

Según ha dicho, el Pacto Valenciano contra la violencia machista equipara las indemnizaciones por asesinato causado por violencia de género a las que se otorgan a víctimas del terrorismo y "es una cantidad que no solo permite afrontar eso, sino también la situación de orfandad del hijo" de la mujer, de 14 años.

Asimismo, sobre si cree que el sistema ha fallado al haber sido absuelto con anterioridad el presunto autor del asesinato en un juicio por falta de pruebas --la fallecida se negó a declarar--, Oltra ha señalado que precisamente por eso es tan importante trabajar con las mujeres para que declaren en el juzgado, ya que al sufrir durante años esa violencia "se anula la voluntad y la propia personalidad" de la víctima.

En todo caso, ha señalado que aunque en este caso hubo una absolución hay que "poner el acento en la cantidad de vidas de mujeres que se salvan diariamente por el buen funcionamiento del sistema de protección", tanto por los organismos judiciales como por los cuerpos de seguridad del Estado, los servicios sociales y la red específica de atención a las mujeres víctimas de violencia de género.