Si el miércoles se rompió la tregua política en las Cortes Valencianas, ayer jueves empezó el fuego cruzado en la segunda sesión de la Diputación Permanente del parlamento valenciano convocada para que los miembros del Consell den cuenta de su gestión frente a la crisis de la Covid-19. Munición de grueso calibre disparada en un hemiciclo casi vacío. La tensión que se generó por la construcción de los hospitales de campaña del Consell hizo correr la pólvora, reforzada con la metralla de un debate donde hubo tiempo para situar el foco de las críticas tanto en Haití como en Dinamarca. Que solo haya en el hemiciclo poco más de una veintena de diputados no impidió que el presidente de las Cortes, Enric Morera, llamara al orden varias veces, algo inusual en los primeros debates en esta crisis del coronavirus, al igual que se apuraron todos los turnos de réplica o se pidieron rectificaciones de frases por parte del PP que atentaban al «honor» del partido. Vuelva a la vieja normalidad de las Cortes. Un escenario similar al de cualquier pleno agrio y tumultuoso durante esta legislatura que el virus consiguió aparcar... pero no pudo eliminar.
Si uno de los efectos directos que padece todo contagiado por la Covid-19 es la pérdida del olor (y del gusto), ayer, el sentido del olfato, sí estuvo presente en las Cortes. Los hospitales de campaña levantados al lado de los tres grandes centros sanitarios de referencia de Alicante, València y Castellón, con un coste de 7 millones y una capacidad de 798 camas (240 en Alicante) que todavía no tiene un uso claramente definido sirvieron de blanco para gran parte de las críticas recibidas por Gabriela Bravo, consellera de Interior. Bravo comenzó su intervención hablando de que los «hospitales de campaña» ya no existen sino que se convierten en «ampliaciones en cada provincia» para aumentar las camas disponibles de «manera sólida y duradera». Pero la cuestión era de fondo. No era un asunto puramente semántico.
La oposición atacó a la consellera con dureza. De forma inusual, Vox fue el más complaciente, al asegurar su diputado José María Llanos, que Bravo «no había caído tan bajo» por ser «el tuerto en el país de los ciegos». Pero Ciudadanos dejó atrás a la ultraderecha al exigir su diputado, Vicente Fernández, la dimisión de Gabriela Bravo y del secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, uno de los altos cargos más activos y eficientes de toda la administración autonómica. Y por parte del PP, el parlamentario alicantino, José Císcar lanzó dardos directos a los muchos aspectos de la gestión de los hospitales de campaña, el «gran fiasco» del Consell, que son «materia oscura», como la falta de experiencia de la empresa adjudicataria, su escaso capital social o el pago anticipado. Císcar cerró su primera intervención evocando la obra cumbre de William Shakespeare, «Hamlet», con la frase que tanto se vincula con la corrupción y en un tono durísimo: «Algo huele a podrido en Dinamarca». Sin embargo, según el parlamentario alicantino, aquí la cosa va más allá. «Este olor parece proceder de mucho más cerca», dijo.
Gabriela Bravo defendió a capa y espada, de manera progresiva y hasta esgrimiendo documentos desde la tribuna, la contratación de los tres hospitales de campaña. Para la consellera, todo es «tan legal como transparente», por lo que lamentó que oposición «abra sombras de sospecha» pensando, «por su mala conciencia», que todo el mundo es «de la misma condición». Después de reiterar que la adjudicataria está formada por dos empresas que se fusionaron en noviembre de 2019, aunque tienen «más de 17 años de experiencia» en este sector, la consellera, puestos a expandir dijo con ironía el «aroma de la corrupción», recordó al PP el caso Cooperación y afirmó que «donde huele mal, y mucho, es en Haití». Los hospitales de campaña acabaron comparados con los hospitales ficticios por los que el exconseller Rafael Blasco acabó condenado y en prisión. Otros dos miembros del Consell, Rafa Climent y Vicent Soler no se escaparon ayer de la crítica, especialmente el segundo. La defensa de las ayudas a afectados por ERTE terminó poniendo en tela de juicio la viabilidad de los 330 altos cargos y asesores del Consell. Más dinamita para hacer explotar la pandemia.
Sin unidad para convalidar dos decretos con medidas económicas frente al virus
Sin unanimidad y con algún voto en contra. Así se aprobaron en las Cortes dos decretos ley del Consell contra la pandemia. El primer decreto contempla ayudas por 30 millones para trabajadores con rentas bajas afectados por un ERTE o que han reducido su jornada laboral por conciliación familiar. A los 13 diputados del Botànic que forman parte de la Diputación Permanente se unió el apoyo de Ciudadanos y la abstención de PP y Vox. Y en el segundo decreto, Hacienda fija medidas para aumentar la liquidez de los proveedores de la Generalitat y la renta de inclusión. En este caso, Cs se abstuvo y el PP y Vox mostraron su «no» al Consell.