Tres de tres. Primero fue el pacto con los agentes sociales, después la alianza institucional y, para cerrar el círculo, el pacto autonómico de reconstrucción, el acuerdo de carácter más político que mañana jueves, en la sesión final del pleno celebrado esta semana en las Cortes, será rubricado por cinco de las seis fuerzas políticas, en el que es el mayor pacto de la legislatura. Con el debate del dictamen de la comisión ya en marcha, pero con el salvoconducto de que la votación no se iba a producir hasta 48 horas después, el PP, Ciudadanos y las tres fuerzas que sustentan el Botànic -el PSPV, Compromís y Unidas Podemos-, negociaron en corrillos lo que no habían conseguido hacer en muchas horas previas de comparecencias y despachos, tras semanas de trabajo en una comisión específica por la que han desfilado 40 expertos. Pactaron lo que parecía imposible al empezar un debate con más reproches y acusaciones que palabras cordiales.
Bronca en el hemiciclo y acuerdo en los pasillos. Los manifiestos públicos que defendían la obligación de llegar a un acuerdo y «estar a la altura» se mezclaban con frases como «están a tiempo de no cometer una estupidez», según Toni Cantó, síndic de Cs; o «tenemos un presidente que nos engaña reiteradamente», según Rubén Ibáñez, diputado del PP. Sin embargo, las llamadas a hacer un último esfuerzo dieron resultado. Con el teléfono móvil en una mano y el abanico en la otra -una avería en el aire acondicionado ayudó a que los parlamentarios «sudaran la camiseta» como bromeó el presidente de la cámara, Enric Morera-, provistos de mascarilla salvo que tocara intervenir en el estrado y con una serie de «líneas rojas» que ni desde la derecha ni desde la izquierda estaban dispuestos a renunciar, al final la negociación se redujo a la aceptación por parte de Botànic de ocho enmiendas transacionales presentadas por el PP y Cs. Unas propuestas llenas de matices, exentas en parte de concreción, que se unían a las 99 enmiendas (32 del PP, 59 de Cs, siete de PP-Cs y una de PSPV, Compromís y PP), más otras 64 enmiendas consensuadas previamente. En su conjunto, un acuerdo por la recuperación, económica, social y sanitaria de las Cortes con 390 propuestas, de las que ninguna es de Vox. Los ultras no han aportado ni una línea al texto final.
Precisamente, en un momento del debate, parece que todo giró en torno a una palabra. Un término como «privatización», aplicado la sanidad, que en el acuerdo final se convirtió en «externacionalización». De hecho, en última instancia, se habla tanto de «recuperar la gestión pública de los servicios sanitarios (resonancias magnéticas, diálisis) y departamentos, bajo las condiciones de seguridad jurídica, viabilidad organizativa y calidad del servicio», como del «uso de las externalizaciones, si fuera necesario, dentro de los criterios recogidos en la ley de contratos del sector público». Pero no solo se logró un consenso con un asunto tan espinoso como la reversión sanitaria. De nuevo, el término «privado» surgía a relucir al hablar de «colaboración pública-privada».
A regañadientes, pero también aparece la para algunos denostada colaboración «público-privada» en el acuerdo. Para la derecha aparece poco y para la izquierda, demasiado. Pero sí se contempla que se fomenten estos acuerdos entre la Administración y las empresas en el marco de los servicios sociales inclusivos, con «plazas residenciales, centros de atención diurna, servicios de ayuda a domicilio, y otro tipo de recursos de nueva creación para personas mayores», y en la industria, para «combinar esfuerzos privados con políticas públicas» que «sean los más eficaces e inmediatas posible».
Otro asunto donde se unificaron posturas, aunque tampoco se alcanzaron medidas concretas fue con la política fiscal. En el pacto se hablaba, y se sigue hablando de «fiscalidad verde», algo que para Cs era ambiguo y dejaba la puerta abierta a que aparezcan más impuestos. De hecho, este fue uno de los temas que más separó a la formación que lidera Toni Cantó de lo que parecía un hecho evidente durante toda la comisión parlamentaria: su acercamiento al Botànic. Un flirteo que no aceptaba por más presión fiscal. Entre mensajes de móvil y corrillos de pasillo, unos y otros aceptaron «impulsar políticas fiscales verdes dirigidas a la transición ecológica de acuerdo a los parámetros adoptados por la Unión Europea y fomentando criterios de sostenibilidad». Además, se acuerda la necesidad de una revisión del marco normativo fiscal, pero siempre desde los preceptos constitucionales y las conclusiones que elaboren tanto el comité de expertos fiscales como el Observatorio Fiscal de la Comunidad.
Otros dos cambios de última hora no crearon tanto recelo. Por un lado, realizar un control, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las medidas de forma trimestral; y por otro, a insistencia del PP, organizar un homenaje oficial a las víctimas del covid. Mañana, tras la intervención del jefe del Consell, Ximo Puig, se votará y se rubricará el acuerdo antes de comenzar las vacaciones en las Cortes.
Convalidado el decreto de sanciones contra la covid-19
También con la excepción de Vox, todos los grupos de las Cortes validarán mañana jueves el decreto ley que establece el régimen sancionador específico contra el incumplimiento de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención frente al covid-19, que prevén multas desde 60 a 60.000 euros y el cierre de locales o negocios. El PP y Cs mostraron su disconformidad con la «mala gestión» y las «deficiencias legales» pero votarán junto con el Botànic por «sentido de responsabilidad». La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, defendió ayer la urgencia de este decreto ley para «seguir salvando vidas».