Los grupos que dan apoyo parlamentario al Botànic han abierto un nuevo frente contra la oposición al defender la implantación de más impuestos, sobre todo en el ámbito de la fiscalidad verde y en la mayor tributación de las grandes fortunas, según las propuestas de resolución que han presentado conjuntamente y que se debatirán hoy en la segunda jornada del debate de política general. Pese a que fuentes socialistas han asegurado que la tasa turística se ha descartado por el momento, la oposición ya ha advertido de que, aún así, se incumple el pacto de reconstrucción y ha manifestado su disconformidad con la posibilidad de reordenar las deducciones autonómicas en el IRPF, así como de crear nuevos impuestos. De todas las propuestas que se someterán a votación el viernes, la que mayor controversia ha suscitado es la relativa a la fiscalidad. PP, Ciudadanos y Vox han asegurado que esta medida significa una traición para los valencianos, mientras PSOE, Compromís y Unidas Podemos defienden que la manera de obtener los ingresos es a través de la «justicia fiscal», teniendo en cuenta la capacidad económica del contribuyente, y generando nuevos tributos a través de ingresos para los vehículos e industrias contaminantes, con el fin de avanzar hacia un modelo que genere un menor impacto en la atmósfera y el cambio climático. En este apartado de reforma fiscal para abordar la reconstrucción de la Comunidad, los grupos del Botànic se han alejado de los planteamientos del resto del arco parlamentario que en todo momento se han negado a aplicar una mayor progresividad fiscal. Así se recoge en varias de las 44 propuestas de resolución que las distintas fuerzas parlamentarias han presentado y que se debatirán hoy.

La fiscalidad ha sido uno de los principales caballos de batalla de Compromís pese a que la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat no recoge ninguna reforma tributaria. El PSOE ha querido acercar posturas con los valencianistas, tratando de frenar la oleada de desafectos que no dejaba de crecer por sus acercamientos a Ciudadanos. Y, ante el planteamiento de crear nuevas figuras impositivas, la oposición sacó ayer su arsenal y se alejó de la posibilidad de trasladar los acuerdos alcanzados en agosto para la reconstrucción a los presupuestos de la Generalitat para el año 2021.

La primera en denostar con dureza esta decisión fue la síndica del PP, Isabel Bonig, quien acusó ayer al Botànic de incumplir el pacto de reconstrucción, ya que en él se habla de estudiar en el marco de un observatorio la posibilidad de reformar la fiscalidad y tener unas conclusiones, pero no la subida de impuestos. Por ello, avanzó que votará en contra ante la incoherencia «de aplicar más impuestos a los ciudadanos y a las empresas cuando la administración de Puig no ha hecho ningún sacrificio». También Vox tildó la propuesta de «absoluta barbaridad» y dijo que va en la línea de la izquierda: «Vivir del dinero de los valencianos». Este punto generó un fuerte rechazo por parte de los diputados de Ciudadanos, que se mostraron sorprendidos por el pacto alcanzado por los grupos del Botànic sobre los impuestos justo en el momento en el que estaban recuperando viejos lazos con el PSOE. No subir impuestos fue una de las líneas rojas de Ciudadanos para llegar a acuerdos en el pacto de la reconstrucción. La diputada Ruth Merino alertó de que «sería traicionar a los valencianos».

Desde el PSPV, su síndic, Manolo Mata, rogó a los firmantes del pacto de reconstrucción que lean el texto, ya que habla de la fiscalidad verde en el marco de la UE y también de que la fiscalidad valenciana sea acorde con la Constitución, que «dice que debe ser progresiva», alegó.

PSPV, Compromís y Unides Podem presentarán al debate de política general una serie de propuestas conjuntas como continuar blindando la sanidad pública con la recuperación de las reversiones, más plazas de residencias, implantar la educación obligatoria hasta los 18 años en la Comunidad y trabajar hacia una jornada semanal de cuatro días. A nivel nacional, el Botànic vuelve a reclamar al Gobierno un nuevo modelo de financiación autonómica y la creación de un mecanismo transitorio, además del reconocimiento de la deuda histórica con la suspensión de los intereses del FLA, una inversión acorde a la población y el cumplimiento del 50% de la financiación de dependencia. En el ámbito sanitario aboga, por ejemplo, por aumentar la inversión en la sanidad pública, dignificar las condiciones de trabajo de sus empleados y recuperar la gestión pública privatizada, en lo que sería otro punto de fricción con los partidos de la oposición.