La brecha abierta entre el Consell y la Diputación de Alicante a cuenta del Fondo de Cooperación Municipal no sólo no tiene visos de cerrarse. Cada vez se agrava más. Hasta el punto de que el PSPV ha redoblado la presión contra la institución provincial poniendo el foco en lo que ha perdido cada comarca alicantina -55 millones en el conjunto de la provincia desde 2017-, y anunciando una cascada de mociones para forzar a la Diputación a transigir con el plan inversor de la Generalitat. Incluso el president Ximo Puig ha ido más allá, buscando un aliado en el líder de Cs en la Comunidad, Toni Cantó, con quien precisamente se reúne hoy para hablar, entre otras cuestiones, de ese fondo autonómico. Un encuentro y una cuestión nada casuales, por la posición enfrentada que mantienen en este tema Toni Cantó -que ya ha exigido en varias ocasiones a la Diputación que se adhiera al plan del Consell- y los dos diputados provinciales de la formación naranja, Julia Parra y Javier Gutiérrez, que apuntalan en estos momentos a Carlos Mazón como presidente de la Diputación, y que siempre han cerrado filas con el PP en su oposición al proyecto inversor de la Generalitat. Ahora, sin embargo, son los populares quienes han decidido subir el voltaje, y ya han comenzado a movilizarse para llevar hasta el Tribunal Constitucional el Fondo de Cooperación. Y todo a través de un recurso de inconstitucionalidad que podría estar bastante avanzado, y que se habría acelerado una vez aprobado el anteproyecto de ley, hace poco más de dos semanas, sin que, según mantuvieron desde el principio los dos grupos que gobiernan en la Diputación -PP y Cs-, se hayan tenido en cuenta sus alegaciones y reparos.
Además, cuando desde la corporación provincial siempre han puesto el foco para defender sus argumentos en que el plan de la Generalitat es un ataque a la autonomía política y financiera de la Diputación; que, en todo caso, la institución debería ser receptora de fondos; y que, a la sazón, los criterios de reparto autonómicos son más lesivos con las poblaciones con menos habitantes -que recibirían más dinero con el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de 2019,- mientras que se premia a las que tienen más población y, por tanto, más capacidad presupuestaria. PP y Cs no se han movido de ahí, por más que desde València siempre se les haya acusado de tener una actitud «desleal» y de dejar a los municipios alicantinos con la mitad de dinero que los valencianos o castellonenses.
El recurso del PP, en cualquier caso, podría llegar sólo unos meses después de que el Tribunal Constitucional avalara la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, pero vetara que el Consell pueda fijar el gasto de las diputaciones, al imponer unos porcentajes mínimos que las instituciones provinciales debían destinar a personal.
Con un informe
El recurso ante el Constitucional contra el Fondo de Cooperación, sea como sea, parece que es uno de los escenarios que se manejan desde hace un tiempo. No obstante, en febrero de este mismo año ya se encargó en el Palacio Provincial un informe jurídico para analizar si los criterios que marcan el reparto del Fondo de Cooperación estaban alineados con la competencia de las diputaciones en materia de asistencia y cooperación municipal. La solicitud tuvo respuesta una semana después, sólo unos días antes de que se decretara el estado de alarma, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Un informe en el que se abordan cuestiones que van desde las competencias propias de las diputaciones en la Comunidad Valenciana, o los criterios de asignación que se siguen en el Fondo de Cooperación de la Generalitat Valenciana y en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de la Diputación.
El Estatuto, en el foco
Entre otras cuestiones, lo que se sostiene desde el punto de vista jurídico es que el anteproyecto de ley del Consell vulnera el Estatuto de Autonomía, con rango de Ley Orgánica, y determina que el fondo autonómico debe aprobarse por una ley de las Cortes y con los mismos criterios que el fondo estatal, algo que el anteproyecto no menciona, lo que, según los técnicos, podría llevar a la inviabilidad jurídica de ese texto recién aprobado.
Por otra parte, en el Fondo de Cooperación sólo se contempla como beneficiarios a los municipios, pero no a las diputaciones. Sin embargo, lo que defienden los técnicos es que, escudándose en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la Diputación también podría beneficiarse de instrumentos de financiación.
Ahora, especialmente significativa es la mención que se hace a que los criterios de distribución se remitan a un decreto del Consell o al hecho de que se impone la participación imperativa, no voluntaria, con lo que eso supone de ataque a los principios constitucionales de autonomía política y financiera de las diputaciones. No en vano, entre otras cuestiones, se hace especial hincapié en la autonomía que, según la Constitución, las diputaciones tienen para la gestión de sus respectivos intereses. En este sentido, los técnicos creen que el anteproyecto del Consell podría ir contra la autonomía provincial, el principio de suficiencia financiera o la autonomía presupuestaria de las diputaciones provinciales.
Criterios distintos
El informe jurídico de marzo, en el que se incluye un anexo con las cantidades que le corresponderían a cada municipio en función de si se tiene en cuenta el fondo del Consell o el de la institución provincial, también apunta a que adherirse al plan autonómico supondría desatender e incluso incumplir sus competencias en materia de cooperación y asistencia municipal, y se escuda en que así lo marcan la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y la ley autonómica en materia de régimen local.
Se asienta el documento en que los municipios con menor número de habitantes y, por tanto, con menos riñón económico, al manejar los presupuestos que manejan, recibirían una cantidad ostensiblemente inferior por la vía del plan autonómico que a través de las asignaciones previstas por el fondo provincial. Todo porque mientras el fondo de la Generalitat se focaliza en el número de habitantes, el provincial también tiene en cuenta otros criterios como los de superficie, densidad o incluso pedanías, lo que explicaría esas diferencias en las cantidades.
Variaciones importantes
Al respecto, el anexo de ese mismo informe jurídico apunta a que, por ejemplo, Famorca, con 53 habitantes, recibiría algo más de 85.000 euros por el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de 2019, mientras que con los criterios de reparto de la Administración autonómica, la institución provincial ni siquiera llegaría a tener que aportar 10.000 euros. Sumando lo inyectado por la Generalitat, serían 20.000 euros en total, bastante lejos de los 85.000 euros. Algo parecido ocurre con Tibi, que de los 89.000 euros del plan provincial pasaría a los 34.000 euros del autonómico.
En el lado opuesto se sitúan los municipios más grandes. Alicante, por ejemplo, recibiría 180.000 euros con el plan de la Diputación, frente a los 857.000 que le corresponderían por los criterios autonómicos de asignación. Mientras, a Elche irían 185.000 euros con los criterios marcados por la corporación provincial y algo más de 697.000 con los establecidos por la Administración autonómica. Lo mismo ocurre con Orihuela, Benidorm, Torrevieja o Elda.
La situación sólo es similar con unos criterios y con los otros en el caso de algunas localidades con una población situada entre los 6.000 y los 11.000 habitantes. Es el caso de Callosa d'en Sarrià, que, con 7.257 censados, perdería poco más de 1.000 euros con el Fondo de Cooperación, al obtener 100.416 euros frente a los 101.771 del plan provincial; o Cocentaina, con 11.456 vecinos, que se quedaría con 2.000 euros menos, en 135.000 euros.
No es lo único que varía. El plan autonómico no tiene carácter finalista y permite financiar cualquier actividad o servicio, mientras que el que planteó la Diputación con el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles se articula a través de un procedimiento para otorgar subvenciones en régimen de concurrencia competitiva abierta.
Con el precedente de la Ley de Servicios Sociales
Hace ahora algo más de un año, medio centenar de diputados del PP en el Congreso de los Diputados promovieron un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana. Se escudaban en la vulneración de la autonomía provincial y del principio de suficiencia financiera de los ayuntamientos. El Tribunal Constitucional legitimó el pasado mes de julio el grueso de la normativa autonómica, pero vetó que el Consell fijara el gasto de las instituciones provinciales y anulaba el umbral mínimo de financiación que se exigía transitoriamente. Había más alegaciones del PP, pero el Tribunal Constitucional no las veía suficientemente fundamentadas.
