Los mejores presupuestos en muchos años, con el agravio habitual. Los Presupuestos Generales del Estado 2021 presentados ayer en el Congreso por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dotan a la provincia de Alicante con 298 millones de inversión, una cifra muy superior a los 183 millones que se destinaron en el presupuesto de 2018, prorrogado a fecha de hoy. Las cuentas elaboradas por el Gobierno que preside Pedro Sánchez para afrontar la pandemia mejoran un 40% la inversión que concedió Mariano Rajoy a esta provincia antes de salir de La Moncloa por la moción de censura presentada por el Partido Socialista en junio de 2018. La inversión, incluso, es 52 millones más elevada que la que ofrecía el presupuesto fallido del propio Pedro Sánchez en 2019, que aumentaba la dotación presupuestaria hasta los 246 millones, aunque ese presupuesto -tumbado por los nacionalistas y la derecha- nunca se llegó a ejecutar. Pero, aún y todo, el sabor agridulce vuelve a predominar, ya que esos casi 300 millones no se corresponden, ni de lejos, con el volumen poblacional de la provincia de Alicante.
Al comparar la inversión que el Estado destina a la Comunidad Valenciana, con 1.164 millones de euros, los 298 millones que le han correspondido a la provincia de Alicante suponen un 25,63% respecto al total autonómico. Si se tiene en cuenta que en los municipios alicantinos vive el 37% de la población de la Comunidad (con 1,9 millones de censados, dejando al margen los visitantes y turistas), que el impulso económico solo llegue al 25% no cumple ni con las expectativas ni con las necesidades de la población. Por mucho que se haya recortado distancia respecto a las provincias de Valencia y Castellón (para la primera hay previstos 621 millones, lo que supone un 53%; y para la segunda 242, que viene a ser un 20% del total), el perjuicio sigue siendo evidente respecto a ambas, tanto por la distancia que se genera con Valencia (donde habitan 600.000 personas más que en las localidades alicantinas) como por el poco margen de mejora que existe respecto a Castellón (con una cuarta parte de la población censada en Alicante). En las cuentas del Estado para afrontar la recuperación tras la crisis del covid, a la provincia llegarán 2,5 euros de cada 10, frente a 7,5 que van a a Valencia y Castellón. Del mismo modo, si comparamos Alicante con una provincia con un volumen de habitantes similar, como es Sevilla, aplicando el mismo baremo de calcular las inversiones que disponen de presupuesto limitativo y de presupuesto estimativo, a los sevillanos les llegarán unos 373 millones de euros, unos 75 millones más que a los alicantinos.
Negociación en el Congreso
A expensas de la negociación en el Congreso de los Diputados (que se presenta bastante abierta y por la que deben pasar inexcusablemente el Partido Socialista y Unidas Podemos, ya que los dos partidos que sustentan el Gobierno no cuentan con mayoría suficiente en la Cámara Baja para aprobar estas cuentas), la Comunidad Valenciana recibirá en 2021 inversiones reales del Estado por 1.164 millones de euros. Esta cantidad es ligeramente inferior a los 1.189 millones que incluían los presupuestos frustrados de 2019, los primeros elaborados por Sánchez, cuyo rechazo en el Congreso llevó a la convocatoria de elecciones en abril de aquel año. Si en aquellas cuentas las inversiones representaban el 9,8% del total, ahora se ha reducido ese porcentaje en dos décimas, para situarse en un 9,6%. A pesar del pequeño descenso, la cantidad se acerca al 10% al que se había comprometido el Gobierno para cumplirse, de una vez por todas, el criterio poblacional, recogido en el Estatut d’Autonomia tras la última reforma.
En cualquier caso, los 1.164 millones no son los únicos que se destinarán a inversión. A esa cantidad hay que sumarle 414 millones procedentes de los fondos de la Unión Europea para la recuperación de la pandemia. El total asciende, por tanto a 1.578,52 millones, aunque una tercera parte de este dinero proceda de Bruselas y el resto, de Madrid.
Sumando ambas partidas, con la aportación estatal y europea, se genera una cifra mucho más elevada respecto a lo que se acostumbraba en la última década, a partir especialmente de la crisis de 2008. Tan solo hay que irse al presupuesto de Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda del PP, cuyas últimas cuentas para la Comunidad Valenciana, las de 2018 -prorrogadas durante tres ejercicios-, eran de poco más de 740 millones de euros. El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha inyectado cerca de 500 millones más para el próximo año, que, con los 414 que, de momento, se asignan del adelanto de los fondos de recuperación europeos, suponen más del doble en inversión. Con esos mimbres económicos, la Generalitat debe afrontar la puesta en marcha del plan de reconstrucción creado para superar la crisis sanitaria, social y económica generada por el coronavirus.
A parte de ese primer anticipo concedido por el «maná» Europa, están pendientes de preasignar territorialmente 14.450 millones de euros de los fondos React y Next Generation UE que serán gestionados por la comunidades autónomas, con lo que la cifra final de la inversión irá aumentando a medida que el Gobierno vaya concretando estas partidas.
Si se cumple el calendario previsto en el Congreso, tras las comparecencias de los miembros del Ejecutivo y la negociación de las enmiendas, está previsto que la votación se resuelva a mediados de noviembre. En estas próximas semanas, uno de los socios «preferentes» del Gobierno de coalición es Compromís. La formación valencianista, a través de su diputado Joan Baldoví, en todo momento ha antepuesto el cumplimiento del acuerdo del pacto de investidura para respaldar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y dar el «sí» a estas cuentas. La coalición se pronunciará formalmente hoy, pero todo apunta a que ve colmadas sus expectativas y apoyará las cuentas.
Valoración del Consell
Después de conocer la letra pequeña de los Presupuestos del Estado 2021, la primera valoración no la realizó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aunque a lo largo del día se llegó a especular con su comparecencia. El primero en hablar, por tanto, fue el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, para el que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 suponen «un punto de inflexión en la inversión del Gobierno en la Comunidad Valenciana que permitirá afrontar con garantías la recuperación social y económica generada por la pandemia del covid-19». Soler aseguró que las cuentas del Estado para el año que viene suponen un salto cuantitativo y cualitativo respecto a los ejercicios anteriores, ya que supondrán un incremento sustancial de la inversión y cumplirán con reivindicaciones históricas de la Generalitat Valenciana.
«Más allá de la inversión en infraestructuras, los PGE incorporan importantes elementos de carácter social, como el incremento de la financiación de la dependencia, que pasará del 12% al 34%, mejorando así la capacidad de la Generalitat para atender a las personas más vulnerables», aseveró Soler. El conseller anticipó que las cuentas del Estado, «junto a los presupuestos de la Generalitat que aprobará el Consell este viernes, van a ser los mejores instrumentos para superar de la crisis económica y reforzar el Estado del bienestar», concluyó.
EL BOTÀNIC CELEBRA LAS CUENTAS Y LA OPOSICIÓN CARGA POR LOS IMPUESTOS
Los grupos del Botànic aplaudieron ayer las cuentas del Gobierno y destacaron que incluyen unas inversiones acordes a la población o una fiscalidad más progresiva, mientras que el PP tachó de «inadmisible» subir impuestos sin un plan de choque para los sectores arruinados. El síndic socialista, Manolo Mata, puso el foco en que «se han cumplido todas las exigencias» del Consell en los presupuestos estatales y en la subida de la recaudación autonómico derivada del refuerzo el impuesto de Patrimonio, el IVA en las bebidas azucaradas y los tramos en el IRPF. Por su parte, Aitana Mas (Compromís) destacó que la cifra que llegará a la Comunidad equivaldría a las cuentas de «tres o cuatro consellerias» y daría «tranquilidad» para 2021 y «esperanza» para 2022, mientras que la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, recalcó que los presupuestos rompen las dinámicas de «austeridad y recortes». En cambio, la síndica del PP, Isabel Bonig, afirmó que España es el único país europeo que subirá impuestos y opinó que lo va a «pagar la clase media». El diputado de Ciudadanos Tony Woodward, por último, prefirió esperar a conocer la letra pequeña de la subida.
