La posibilidad de un gran acuerdo presupuestario en la Diputación de Alicante está cada vez más cerca. Los grupos políticos (PP, PSOE, Ciudadanos y Compromís) han acercado posturas para aprobar unas cuentas condicionadas por las exigencias impuestas por la pandemia del coronavirus. Se trata de un acuerdo inédito que permitiría al equipo de gobierno ponerse de acuerdo, por primera vez, con PSOE y Compromís para sacar adelante los presupuestos. Una llave con la que Carlos Mazón se garantizaría cierta estabilidad durante un año y que modularía el relato crítico de la oposición, como mínimo en lo que a gestión se refiere. Este acuerdo era impensable hace unos meses cuando el PSPV criticó con dureza la abstención de Compromís en los presupuestos del actual ejercicio. Además, en los últimos plenos, los dos portavoces de la bancada de la izquierda han encadenado continuos enfrentamientos y han dirigido duros reproches contra PP y Ciudadanos. Más allá de las batallas judiciales que mantiene con Compromís o el pulso político abierto contra los socialistas por cuestiones como el Fondo de Cooperación o los enfrentamientos por las políticas hídricas, Carlos Mazón ha logrado acompasar las prioridades de cada grupo con una meta común: la recuperación de la provincia en base a un aumento de las inversiones, sobre todo en los municipios más pequeños. Esa es ya una de las banderas de su gestión a la que PSPV, Ciudadanos y Compromís también se han sumado.

El principal reto del presidente en este complicado curso marcado por el covid era abrir un espacio de diálogo de todos los grupos políticos para situar sobre el papel sus propuestas.

La relación de Carlos Mazón con los portavoces Toni Francés (PSPV) y Gerard Fullana (Compromís) ha entrado en una nueva fase en la que la reivindicación del diálogo para lograr un acuerdo presupuestario se ha convertido en la principal seña de identidad, al menos, a la hora de confeccionar este documento. En tiempos de pandemia, ampliar consensos y sentar las bases de una nueva economía es el objetivo prioritario por parte de todos. Políticamente, también le aporta beneficios al lograr reforzar su liderazgo y su capacidad de negociación en un momento tan complicado.

Los portavoces se reunieron hace un mes en un espacio de trabajo, propuesto en primer lugar por el grupo socialista, de cara a la elaboración del borrador de 2021, para impulsar inversiones destinadas a hacer frente a los retos planteados por la crisis sanitaria, económica y social. Los presupuestos se aprobarán el próximo día 30 de diciembre y desde hace unos días la posibilidad de alcanzar un acuerdo ha cobrado protagonismo. Así se comentaba ayer en los despachos del Palacio Provincial. El PSOE se está planteando votar a favor y Compromís, abstenerse después de que Carlos Mazón haya incluido en el borrador la práctica totalidad de sus objetivos prioritarios como el aumento de las ayudas sociales o un plan para beneficiar a los municipios afectados por la despoblación como pedía al PSOE, o la petición de Compromís para impulsar planes contra incendios y partidas hídricas y medioambientales.

Este deshielo presupuestario todavía resulta más significativo después de que el PP haya aumentado la tensión en las relaciones con Ximo Puig al negarse a aprobar el Fondo de Cooperación que impulsa el Consell. Fuentes del PP quisieron dejar claro ayer que mantienen su compromiso de sumarse a este plan de inversiones si se solucionan las competencias impropias que asume la Diputación y se liberan fondos por parte de la Generalitat. Los socialistas niegan que su posible voto favorable signifique abandonar esta reivindicación, pero reconocen que el PP y Ciudadanos han dado la posibilidad a los alcaldes de poder gastar las inversiones del nuevo plan provincial en gasto corriente, con un criterio similar al que establece el fondo autonómico. Por parte de Compromís, la negociación ha sido más costosa y se ha basado en dos ejes fundamentales: garantizar el cumplimiento del decálogo pactado el año pasado y centrado en inversiones municipales y, en segundo lugar, reforzar las partidas hídricas y medioambientales que se complementarán con otros proyectos a cargo de los remanentes de tesorería. Más de un millón de euros para las propuestas de la coalición, que sigue asegurando que no abandonará su batalla judicial para conseguir mayor transparencia en la contabilidad del PP.