El también portavoz del Partido Popular de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha anunciado que presentará mociones en los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana para reclamar al Gobierno de España y al Consell la reducción de la presión fiscal al sector hostelero.
El PP pedirá medidas de apoyo y respaldo al comercio en la misma línea que se han planteado para la hostelería, ya que es uno de los sectores que más ha sufrido durante esta situación. Mazón hizo este anuncio durante la reunión mantenida esta semana con los miembros del PP en la FVMP y los responsables de los grupos de trabajo, donde se valoró la situación de los ayuntamientos ante los últimos datos de la pandemia. Al respecto, el portavoz del PP en la institución explicó a los alcaldes y portavoces populares la reunión mantenida el pasado martes con el presidente de la Generalitat, donde se planteó un fondo de 120 millones de euros para empresas. Según Mazón «de poco sirven los fondos, los planes y las propuestas que se quedan en un titular, y que en la mayoría de los casos tardarán en llegar, si no planteamos una reducción salvaje y urgente de los impuestos para que el sector pueda seguir abriendo», señaló. «La ayuda más rápida es no obligar al autónomo que saque cada vez más dinero de su bolsillo, porque le ha subido la cuota, la luz en un 30%, la presión fiscal, lo más rápido es la supresión y exención de los impuestos que gravan a los autónomos de esta Comunidad». Por ello, recordó que las empresas, pymes, autónomos están reclamando medidas urgentes: «Reclamaremos en todos los rincones de la Comunidad la reducción de la presión fiscal de forma inmediata». Por otro lado, el portavoz del PP en la FVMP, en su estrategia por reforzar su perfil autonómico, puso en valor el esfuerzo que están haciendo los ayuntamientos de toda la Comunidad para poder hacer frente al virus y recordó que el PP ya presentó en el mes de noviembre una propuesta de declaración institucional exigiendo fondos específicos para hacer frente a los gastos de la pandemia.
Carlos Mazón, a este paso, va camino de tener agenda propia en València. A medida que pasan las semanas, el presidente de la Diputación de Alicante va ganando visibilidad también en la Comunidad. Este movimiento interno que cuenta con el aval de Génova no es una cuestión menor: Mazón tiene hilo directo con Pablo Casado y Teodoro García Egea y su estrategia pasa por ganar visibilidad y consolidar su influencia, sin esperar a que se convoque el congreso regional para el que, dicho sea, Isabel Bonig ya se ha postulado.
La estrategia de Carlos Mazón pasa por impulsar la labor de fiscalización que está haciendo al presidente de la Generalitat, Ximo Puig y, a su vez, multiplicar sus actos en Valencia en los que no deja de mantener contactos con dirigentes autonómicos, empresarios y periodistas. Esta semana acudió al Palau a un encuentro con Ximo Puig para concretar un nuevo paquete de ayudas a la hostelería y el jueves fue al acto en memoria del profesor Manuel Broseta, asesinado por ETA el 15 de enero de 1992. Su liderazgo provincial es indiscutible gracias, en parte, a que el poder institucional que ostenta en la Diputación le sirve de trampolín para convertirse en estilete contra las políticas del Consell. Aunque siempre alicantiniza su mensaje nunca corta amarras con València. Además, su portavocía en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) es un cargo que le abre camino para mantener contactos con los alcaldes de la Comunidad y seguir aumentando su espacio en el partido. La última decisión de Carlos Mazón ha sido pedir comparecer en las Cortes Valencianas para presentar enmiendas al proyecto de ley regulador del Fondo de Cooperación Municipal, uno de los principales puntos de fricción entre las dos instituciones. Un paso que hay que ver si acaba cuajando, pero que, en cualquier caso, no debe sentar bien ni a Puig ni mucho menos a Bonig.
El dirigente provincial va a cursar la solicitud para intervenir en el Parlamento autonómico y defender la autonomía y el principio de autogobierno de la Diputación de Alicante. Pedirá, además, que la adhesión a este mecanismo de financiación local, por el que la Diputación debería destinar 13,7 millones de euros a los ayuntamientos, sea de carácter voluntario y que los criterios de reparto primen a los municipios de menor población con menos recursos, al igual que ha establecido la institución provincial en el plan denominado +Cerca que ha contado con el visto bueno de todos los grupos políticos.
El PP considera que el Fondo de Cooperación, tal y como está planteado, supone un agravio a estos principios, por lo que en el próximo pleno de la Diputación presentará una serie de alegaciones y enmiendas, que Mazón aspira a defender después en las Cortes. Además, llegada esa situación, se enfrentaría a las preguntas de los grupos parlamentarios con la seguridad de contar con el respaldo de Ciudadanos, que, aunque está presionando para abandonar la vía judicial, no deja de evidenciar que está a su lado en lo mollar de este asunto. Su pacto de gobierno está cerrado bajo cuerda. Por un lado, el PP exigirá que la adhesión al Fondo de Cooperación sea voluntaria, aunque, dicho sea, durante los cuatro años en los que así era la Diputación tampoco quiso sumarse. Sus argumentos se basan en el artículo de la Constitución Española que establece que las entidades provinciales gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Desde el PP, y también desde Ciudadanos (con el valor que eso supone para Mazón para evitar posibles vaivenes de Toni Cantó en las Cortes), consideran que este fondo es un mecanismo que persigue obligar a la Diputación a aportar capital de sus propios presupuestos. Ninguna institución provincial lo hace y, es más, en Castilla y León la Diputación es receptora de dicho fondo. Desde las filas del PP lo tildan de «injerencia y una intromisión en esa autonomía que tienen reconocidas las diputaciones». Y, de hecho, el PP ya está preparado para llevarlo a la vía judicial al considerar que podría ser declarado inconstitucional, siempre y cuando sus socios en la Diputación no les fuercen a abandonar esa idea. El objetivo de Mazón pasa por explicar a los parlamentarios que, según el Estatut valenciano, las diputaciones deberían ser beneficiarias de dicho fondo. Con estos razonamientos, el PP insiste en reconocer que, más que oponerse al Fondo de Cooperación, lo que exige es que la adhesión al mismo sea voluntaria, para cumplir y respetar la normativa nacional y autonómica.
Alegaciones
Carlos Mazón propondrá en el próximo pleno de la Diputación una serie de enmiendas. Por un lado, alegará que el proyecto de ley del Fondo de Cooperación menoscaba e incluso vulnera el principio constitucional de la autonomía política, financiera y presupuestaria de las diputaciones provinciales. El hecho de que este instrumento de financiación planteado por la Generalitat no exista en ninguna otra comunidad autónoma es otro de los motivos. El último de sus argumentos se basa en los votos emitidos por el Consell Jurídic Consultiu, puesto que varios consejeros alegan que «el texto del anteproyecto excede los límites admisibles de las facultades de coordinación sustrayendo con estas las competencias propias de las diputaciones».
Nuevo objetivo: reducción de la presión fiscal
El también portavoz del Partido Popular de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha anunciado que presentará mociones en los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana para reclamar al Gobierno de España y al Consell la reducción de la presión fiscal al sector hostelero. El PP pedirá medidas de apoyo y respaldo al comercio en la misma línea que se han planteado para la hostelería, ya que es uno de los sectores que más ha sufrido durante esta situación. Mazón hizo este anuncio durante la reunión mantenida esta semana con los miembros del PP en la FVMP y los responsables de los grupos de trabajo, donde se valoró la situación de los ayuntamientos ante los últimos datos de la pandemia. Al respecto, el portavoz del PP en la institución explicó a los alcaldes y portavoces populares la reunión mantenida el pasado martes con el presidente de la Generalitat, donde se planteó un fondo de 120 millones de euros para empresas. Según Mazón «de poco sirven los fondos, los planes y las propuestas que se quedan en un titular, y que en la mayoría de los casos tardarán en llegar, si no planteamos una reducción salvaje y urgente de los impuestos para que el sector pueda seguir abriendo», señaló. «La ayuda más rápida es no obligar al autónomo que saque cada vez más dinero de su bolsillo, porque le ha subido la cuota, la luz en un 30%, la presión fiscal, lo más rápido es la supresión y exención de los impuestos que gravan a los autónomos de esta Comunidad». Por ello, recordó que las empresas, pymes, autónomos están reclamando medidas urgentes: «Reclamaremos en todos los rincones de la Comunidad la reducción de la presión fiscal de forma inmediata». Por otro lado, el portavoz del PP en la FVMP, en su estrategia por reforzar su perfil autonómico, puso en valor el esfuerzo que están haciendo los ayuntamientos de toda la Comunidad para poder hacer frente al virus y recordó que el PP ya presentó en el mes de noviembre una propuesta de declaración institucional exigiendo fondos específicos para hacer frente a los gastos de la pandemia.
