La portavoz adjunta del grupo popular en las Cortes, Eva Ortiz, ha remitido un escrito al Síndic de Greuges, Ángel Luna, instándole a abrir un expediente que permita una «inmediata investigación» ante el intento, asegura, del director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, de «obstaculizar el ejercicio de los derechos de los diputados» a obtener información.

Ortiz ha realizado ese movimiento tras tener conocimiento de que Llinares se ha dirigido al presidente de las Cortes, Enric Morera, para pedirle que ponga coto a la presión que sufre por parte del PP al solicitarle continuamente datos sobre investigaciones en curso. A ese respecto, la diputada señala en su escrito que Llinares «no solo mantiene una actitud que obstaculiza claramente el ejercicio de los derechos de los diputados, habiendo obligado a esta diputada a interponer hasta tres recursos contencioso-administrativos para que le sea reconocido su derecho a la documentación, sino que, además, en lugar de ejecutar los pronunciamientos judiciales y acatar su interpretación normativa, busca fórmulas para evadirlos».

Así, la portavoz adjunta señala que «se hace necesaria la actuación del Síndic para que en el ejercicio de sus funciones y tras la investigación oportuna, inste al director de la Agencia a cumplir con el mandato legal que dimana del reglamento de las Cortes y de la interpretación jurisprudencial del mismo, permitiendo el ejercicio de los derechos de los diputados en el acceso a la información». Parta Ortiz, «una de las principales tareas de los diputados es la fiscalización de la actividad del Consell y que la Agencia Antifraude se queje de ello, cuando debería garantizar que el trabajo se desarrolle lo mejor posible, es algo insólito. Nadie, por muchas trabas que intenten ponernos, evitará que esta diputada y el resto de su grupo parlamentario ejerzan su trabajo», manifiesta.

Además del escrito al Síndic, Eva Ortiz ha dirigido otro a la Mesa de las Cortes. Señala que es un hecho «insólito e incomprensible» que el máximo responsable de un órgano autonómico, «se dirija a la primera institución de autogobierno de la Generalitat para pedir que se limiten las facultades de control e información de los diputados, para eludir el escrutinio democrático de la función que se le tiene encomendada». La diputada cree que «se trata de un gesto tan irresponsable» que solo puede merecer «el más profundo rechazo del grupo parlamentario Popular y de la institución», añade Eva Ortiz.

«El director de Antifraude pretende que se reinterprete el reglamento de las Cortes, únicamente para cercenar los derechos de los diputados. Llinares está exigiendo al president de las Cortes que adopte una decisión que estaría claramente incursa en prevaricación, lo que sin duda ni el presidente ni la Mesa pueden aceptar», concluye Ortiz.