El grupo parlamentario del PP en las Cortes y la Agencia contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana se han enzarzado en una batalla jurídica por el control de investigaciones en curso. Los populares quieren conocer actuaciones que la agencia tiene bajo investigación, pero el organismo que dirige Joan Llinares considera que ello desnaturaliza su función de lucha contra la corrupción. Entiende que dar cuenta a los partidos de los expedientes abiertos ataca su independencia para lo que ha solicitado amparo a la Mesa de las Cortes.
De momento, en su ofensiva jurídica por conocer detalles de investigaciones en trámite, el PP ha logrado que el Tribunal Supremo emita una providencia en la que se inadmite un recurso de la agencia contra una sentencia del TSJ. El tribunal valenciano ya estimó la petición del PP de acceder a un expediente abierto, en concreto las ayudas al valenciano a empresas vinculadas al hermano del presidente de la Generalitat.
Pero desde la agencia que dirige Joan Llinares aseguran que el Supremo entiende que no hay normas estatales infringidas por lo que deriva la decisión a la Sala Especial de lo Contencioso-Administrativo del TSJ. Y añaden que la sentencia no es firme. De momento, el Supremo condena a Antifraude al pago de las costas, que fija en 2.000 euros. Desde la agencia señalan que la ofensiva del PP no tiene recorrido porque hay jurisprudencia del TSJ que ya determina que los parlamentarios de las Cortes no tenían derecho de acceso a documentación reservada después de que el PP requiriera sin éxito en su momento a la Conselleria de Hacienda el plan de control tributario, que también tiene carácter reservado. Añaden que en el espíritu de la ley de creación de la agencia está la necesidad de preservar la confidencialidad y reserva de sus actuaciones, la protección de la identidad de los denunciantes o el hecho de que no se puedan revelar datos que son sensibles. Llinares asegura que no puede entenderse la Agencia sin capacidad para proteger sus investigaciones con independencia de la persona o entidades de que se trate. Y cree que si hay que entregar los expedientes a los grupos políticos se quebraría la independencia la agencia.
No obstante, la síndica adjunta del PP, Eva Ortiz, exige a la Agencia Antifraude que entregue «lo antes posible» el expediente sobre las ayudas al valenciano a empresas de socios de Francis Puig, hermano del jefe del Consell. Ortiz reprocha que Antifraude se salte la Constitución. «Deben conocerla y saber que ampara derechos fundamentales de los diputados». Afirman que también les ampara el reglamento de las Cortes, pero Llinares dice que prevalece la ley de la agencia.
Mientras, el síndic del PSPV, Manolo Mata, acusó ayer a los populares de querer «reventar» la Agencia Antifraude. En su opinión, se da un «rejón de muerte» si las investigaciones pueden ser conocidas por los grupos políticos. Mata recuerda que el PP votó en contra de la ley y comparó la agencia con la «gestapo».
