Telemática, sí. Con carácter informal, no. Buena parte de los grupos políticos integrados en la comisión especial de las Cortes valencianas para examinar los efectos de la DANA que arrasó la Vega Baja en septiembre del 2019 han digerido con escepticismo la propuesta de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) relativa a la comparecencia de sus altos cargos. La cúpula de la CHS ha sido citada a participar pero, hasta el momento, ha dado plantón, alegando que no están sujetos a control parlamentario al pertenecer a un organismo autónomo del Estado. La alternativa que se propondrá para rebajar el clima de confrontación pasa por organizar una reunión virtual desde la sede que la CHS mantiene en Orihuela, aunque está por ver si en el marco formal de la comisión o buscando una fórmula alternativa. Esa última cuestión es la que, precisamente, no acaba de gustar a la mayoría de diputados, pues defienden que mantener el canal institucional es una cuestión clave. De lo contrario, las declaraciones y la documentación que aporte el presidente de la CHS, María Urrea, y el resto de su corte no será oficial.

El parlamento autonómico acogió ayer una nueva sesión de la comisión de la DANA, esta vez para dar voz a los agricultores y regantes del sur alicantino. Llegados a este punto, y cuando solo restan dos reuniones más en el calendario, todas las miradas se dirigen a la CHS. No se entendería que los responsables máximos de la demarcación donde ocurrieron los hechos no participaran en el proceso.

En estos momentos, y según la presidenta de la comisión, Aitana Mas, la pelota está en el tejado de la CHS. Recientemente, el presidente de las Cortes, Enric Morera, remitió un escrito a la Confederación aclarando que se trata de una comisión de estudio y no de investigación, por lo cual «no existe ningún impedimento legal para que cargos públicos o funcionarios de la Administración general del Estado puedan comparecer», como ellos alegaban. Por tanto, han vuelto a solicitar la participación de altos cargos y funcionarios «en el marco de la necesaria cooperación» y teniendo en cuenta la «indudable relevancia de la información y conocimiento técnico» que pueden aportar, ofreciéndoles, además, los medios de los que disponen las Cortes para facilitar sus intervenciones de forma telemática. Según fuentes de la CHS, esta nueva propuesta está siendo estudiada por el gabinete jurídico de la institución, que todo apunta a que se pronunciará en breve.

«Es imprescindible que todo se haga de forma oficial, tanto la documentación como lo que tengan que decir», insistió ayer Mas. La parlamentaria de Compromís dijo que, en cualquier caso, cuando se reciba una respuesta formal del organismo presidido por Urrea, se decidirá entre todos los diputados de la comisión cuál es el siguiente paso, pues también fueron todos ellos quienes acordaron enviar ese último escrito para reiterar la necesidad de las comparecencias . En el mismo sentido se expresó ayer Elisa Díaz (PP) que abogó por tomar decisiones consensuadas entre los seis grupos políticos y destacó la necesidad de que la reunión se desarrolle en el marco formal de la comisión «para que todos los parlamentarios puedan formular preguntas». María Quiles, de Cs, se pronunció a favor de que los altos cargos de la CHS comparezcan desde Orihuela si así lo quieren, pero ve «inaceptable» el «desplante» hecho hasta ahora, es decir, que no hayan dicho nada sobre unos hechos que causaron pérdidas millonarias y en los que murieron tres residentes en la Vega Baja. También Miguel Pascual, de Vox, cree que, aunque los altos cargos de la CHS no están obligados a comparecer, «sería pertinente que viniesen para dar datos y expone su punto de vista», una cuestión necesaria «en aras a la transparencia y la colaboración entre administraciones». Por su parte, Beatriu Gascó, de Unides-Podem, ve «positivo» que por fin la CHS esté reconociendo la utilidad de su comparecencia, pero recuerda que se solicitó la participación de nueve miembros de la confederación, entre altos cargos y técnicos, y cree que es «una falta de respeto» que no se colabore con las responsabilidades de la institución parlamentaria. Mientras tanto, el socialista Manuel Pineda confía en que la reunión sea finalmente «formal» y se enmarque en la comisión de la DANA, aunque admite que, si no queda más remedio y sus servicios jurídicos no se lo permiten, «lo aceptaríamos de igual manera porque tendríamos la oportunidad de recoger esa información».