La dirección de À Punt ha lanzado un nuevo órdago al Consell para dejar claro que no tiene ninguna intención de recortar su masa laboral, aunque supere con creces el límite de gasto en personal que establece la ley de creación. Así lo demuestran las últimas relaciones de puestos de trabajo (RPT) correspondientes a 2021 que el consejo rector de la radiotelevisión valenciana aprobó a las puertas de la Semana Santa, un día antes de que expirara el plazo marcado para que las entidades públicas de la Generalitat presentaran sus instrumentos de organización del personal.
La premura con la que se presentó la propuesta y el escaso tiempo para negociarla explican en buena medida por qué salió adelante sin el acuerdo previo con los sindicatos que conforman el comité de empresa.
Este desencuentro se produjo a pesar de que las RPT planteadas cumplen con la principal demanda sindical, al mantener intactas las previsiones de plantilla fija y el volumen de puestos de trabajo que se trazaron en 2020 (más de medio millar en la actualidad), evitando aplicar los recortes que penden sobre À Punt hasta que el Botànic no aclare si está dispuesto a permitir a la cadena elevar su presupuesto hasta los 73 millones de euros, la cantidad necesaria para adecuarse a los límites de gasto en el capítulo 1.
Las RPT todavía tienen que recibir el visto bueno de la Conselleria de Hacienda y, de momento, no tienen ninguna consecuencia inmediata, aunque son la base a partir de la cual se diseñan las convocatorias públicas para cubrir los puestos del conglomerado, hoy ocupados por trabajadores temporales. De momento, la Conselleria de Hacienda ha autorizado una Oferta de Empleo Público (OEP) de 59 plazas de perfil técnico en la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicaicó (CVMC) y otra de 349 plazas en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) tomando como referencia la RPT de 2019. La de 2020, sin embargo, recogía 119 puestos no contemplados en esa convocatoria de oposiciones, una cifra que se repetiría en el listado de plazas de este 2021.
No todas ellas están ocupadas, aunque la presidencia del consejo rector de À Punt se ha comprometido con los sindicatos a mediar con la Generalitat para que salgan a concurso la totalidad de los puestos contemplados en las RPT. De momento, en los últimos documentos organizativos aprobados se mantienen una serie de plazas que podrían haberse amortizado porque hasta ahora no se han cubierto. La idea es hacerlo próximamente. Toda una declaración de intenciones.
Críticas sindicales
La pelota está de nuevo en el tejado del Consell. Con la ley en la mano y el presupuesto actual de À Punt, no podrían cubrirse todos los puestos por convocatoria pública sin rebasar la barrera del tercio. Aunque se aprobó una enmienda para dejarla sin efecto durante tres años, la incertidumbre sigue sin disiparse y la aplicación de esta medida genera dudas. El coste de la plantila asciende a 23,5 millones sobre un presupuesto de 66 millones.
Fuentes sindicales ven inconsistencias en las últimas RPT presentadas por la dirección. A su juicio, consolidan «discriminaciones» como la diferencia salarial en la categoría de operadores de equipos entre la CVMC y la SAMC. Intersindical critica que no se han atendido las propuestas sindicales y que se ha cambiado el requisito de acceso a la categoría de técnico económico, mientras UGT asegura que «se ha perdido una buena oportunidad de hacer patente el problema del dimensionamiento de la plantilla y de intentar revertir las externalizaciones».
