La Diputación de Alicante ha recurrido a una auditoría externa para fiscalizar las cuentas de 2015 a 2018 a través de un contrato por valor de 13.915 euros que ya se ha adjudicado a la empresa Faura Casas. A lo largo del día de hoy, el equipo de gobierno, formado por PP y Ciudadanos, comunicará al resto de grupos políticos (PSPV y Compromís) el adjudicatario. El PP y el PSOE ya han presentado la documentación, que se va a enviar a la empresa en los próximos días.
La presión que Compromís ha ejercido en el Tribunal de Cuentas y en la Fiscalía Anticorrupción denunciando la falta de fiscalización de las facturas del PP ha provocado que el equipo de gobierno se haya visto forzado a aprobar una propuesta para que los grupos presenten una cuenta justificativa, formada por una memoria de actuación y una memoria económica, respecto a los fondos percibidos para su revisión a través de una empresa externa especializada. La bancada de la derecha defiende esta contratación al alegar la falta de medios de la Intervención para fiscalizar la dotación económica: «Intervención no quiere meterse en más cosas porque lleva mucha carga», dijo la diputada de Tesorería, María Gómez. Esta medida responde, según los populares, al interés de aportar toda la documentación para clarificar la información relativa a las asignaciones. Sin embargo, los partidos de la izquierda consideran que este acuerdo tiene como único objetivo evitar la presentación de las facturas sufragadas por parte del Partido Popular, con los fondos transferidos del grupo al partido, que deben tener como objeto gastos conjuntos entre el grupo y el partido. Compromís ha denunciado que, en el periodo de 2015-2018, el grupo popular tenía la obligación de conservar las facturas y registros contables que reflejasen la imagen de los gastos sufragados con la dotación económica que la Diputación le asignaba. En el caso de que el grupo popular transfiriese los fondos al partido, además de las facturas, se debía acreditar que se trataba de gastos conjuntos realizados por el partido, debiéndose aportar el certificado al grupo. Así lo ha denunciado en multitud de ocasiones Compromís para criticar que, a su vez, los populares debían hacer pública la documentación al pleno para ser fiscalizada por la Intervención. En este contexto, los valencianistas denuncian ahora que «estos incumplimientos» tratan de ser desplazados mediante la auditoría externa que ya ha sido adjudicada.
Por su parte, el PP defiende que este procedimiento dará más transparencia: «Estamos aportando más documentación y con los medios materiales de los que podemos disponer», dijo María Gómez, para añadir que el grupo popular ha cumplido con las condiciones que establecía en su momento el reglamento orgánico: «En aras de aumentar la transparencia, y dado que ahora nos hemos dotado de un nuevo reglamento, hemos decidido que todos los grupos amplíen la información relativa a esos años y hacerlo a través de una auditoria externa», dijo la diputada provincial, quien indicó que la auditoría podría estar terminada en dos meses.
Los valencianistas presentan un recurso contra el acuerdo
La coalición argumenta que es una «argucia jurídica ilegal» del PP para no tener que presentar las facturas
Compromís ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo de pleno de fecha 12 de marzo de 2021, por el que se acuerda justificar las subvenciones percibidas por los grupos políticos en el período 2015 – 2018 mediante un informe de auditoría externa. La coalición considera que el PP ha incumplido el reglamento de la Diputación en tres puntos: la conservación de las facturas, la transferencia de los fondos al partido para financiar gastos conjuntos y la presentación de la contabilidad ante el pleno. En su opinión, esta contratación «trata de dar cobertura a la negativa reiterada del PP a presentar los documentos contables que justifiquen los gastos subvencionados en un periodo en el que ya existía un reglamento en vigor». Según añaden en su recurso, «el equipo de gobierno puso en marcha una argucia jurídica manifiestamente ilegal». También recuerdan que la Diputación está sujeta a la Ley General de Subvenciones. «El informe es utilizado como habilitante de una propuesta que va a permitir, con una contratación sufragada con fondos públicos, reducir la documentación a aportar en relación con las subvenciones concedidas a grupos políticos, todo ello con la finalidad de que sea jurídicamente defendible la persistente negativa a presentar ante el pleno sus facturas», expone Compromís.
