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La reforma para reducir la temporalidad aboca a opositar al 55% de la plantilla de empresas públicas

Los 9.685 temporales de las entidades de la Generalitat tendrán que examinarse para ser fijos

El conseller de Hacienda, Vicent Soler. | FERNANDO BUSTAMANTE

El conseller de Hacienda, Vicent Soler. | FERNANDO BUSTAMANTE

El decreto ley aprobado por el Gobierno central para reducir la temporalidad también tendrá consecuencias directas para el sector público de la Generalitat, es decir, para todas las empresas, organismos, consorcios, entes y fundaciones que lo integran y donde, pese a los acuerdos alcanzados, los procesos para estabilizar la plantilla han sido testimoniales. Cerrada la vía de un proceso extraordinario que permita convertir al personal temporal en fijo mediante oposiciones especiales, como, por ejemplo, un concurso de méritos, el sector público está abocado a acabar con la temporalidad por la vía de las ofertas de empleo público. De hecho, el proceso extraordinario para 2021 que prevé el acuerdo estatal podría ser la vía definitiva para reducir una temporalidad que afecta casi al 55 % de la plantilla, aunque, eso sí, empuja a que los más de 9.685 (según el último informe de Intervención con datos de 2019) aprueben una oposición para retener su puesto.

La lectura positiva, al menos para la Generalitat, es que ayuda a desbloquear un proceso de renovación de las plantillas que lleva estancado desde hace años precisamente por los recelos de las propias entidades, que en muchos casos se han resistido a esa operación limpieza. El sector público posee una plantilla de cerca de 16.298 personas, de los cuales más de la mitad son trabajadoras o trabajadores temporales. Las medidas adoptadas por el Ejecutivo central para reducir la temporalidad (y evitar sanciones de la Unión Europea) obliga a la Generalitat a tomar medidas también en el sector público.

Hace casi tres años, la Conselleria de Hacienda acordó la convocatoria de ofertas, pero las entidades han ignorado estas órdenes y, salvo alguna excepción, han evitado convocar las ofertas con la esperanza de que, a raíz de la sentencia europea contra el abuso de la temporalidad, hubiera una suerte de ley de punto final que los convirtiera en fijo. Una sentencia del Tribunal Supremo vino a complicar aún más la situación en el sector público valenciano, ya que, en principio, también las plazas ocupadas por empleados fijos podrían salir a oferta si sus ocupantes no entraron mediante un proceso selectivo.

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