Mejor tarde que nunca. El Botànic lleva una legislatura y media dándole vueltas a cómo meter en cintura la amalgama de entes que conforman el sector público instrumental de la Generalitat con una nueva ley que sustituya a la que aprobó el Ejecutivo popular de Alberto Fabra en 2013.
Después de un intento fallido en su primer mandato, el departamento que dirige Vicent Soler tiene ya listo un nuevo anteproyecto de ley en el que, entre otras cuestiones, se dificulta la ampliación de esta pata de la Administración que en tiempos pasados fue foco de todo tipo de excesos. Si el texto sale adelante, a partir de ahora constituir un nuevo organismo, entidad, sociedad mercantil, fundación o consorcio no será tan sencillo ya que será obligatorio que el nuevo ente cuente con una memoria de inicio de actividad.
Esta exigencia legal es una de las novedades que contempla la futura ley del sector público. El plan de actuación no es un mero papel. Se trata de una memoria económica que debe justificar el inicio de la actividad y que acompaña a la tramitación de los procedimientos de constitución de personas jurídicas integrantes del sector público de la Generalitat establecida en la normativa de gestión presupuestaria.
Contempla las razones que justifican la creación del ente, la forma jurídica propuesta, la valoración y fundamentación de la estructura organizativa, los recursos humanos, el plan económico-financiero, los objetivos del ente, los indicadores para medir su consecución y la programación plurianual de carácter estratégico para alcanzar los objetivos. Además, Hacienda quiere que este plan de actuación inicial se haga público. De seguirse al pie de la letra estas consideraciones, apostar por que una nueva entidad asuma la gestión de determinadas competencias no será tan sencillo. Una cortapisa a eventuales chiringuitos, en terminología usada ahora por la oposición y antes por los partidos de izquierdas.
