La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), la entidad de derecho público de la Generalitat cuyo objeto general es la mejora del modelo productivo en la Comunidad, no modificará ni una coma de los criterios que emplea para acordar el reparto de ayudas a universidades, grupos de investigación y empresas. El balance de la convocatoria anterior, cuando los proyectos gestados en la provincia solo recibieron el 16,8% del total de los recursos (8.807.091 euros), frente al 83,2% que acapararon los de Valencia y Castellón (43.535.522 euros), no ha abierto la puerta a ningún tipo de reflexión que se traduzca en cambios. La adjudicación de subvenciones durante el presente ejercicio se formalizará con base en idénticos parámetros, a pesar del chaparrón de críticas desatado a raíz del controvertido resultado de la edición de 2021, cuando los rectores de la UA y la UMH, científicos, el sector económico, sindicatos y el PP reprocharon al Consell que preside Ximo Puig la desigual distribución, exigiendo transparencia en la evaluación de los proyectos.
Está previsto que la nueva convocatoria de ayudas de la AVI se haga pública en febrero. Hasta el momento, se desconoce la cuantía exacta que se inyectará a los seis programas que se emplean para capilarizar el reparto de fondos, si bien se prevé un incremento de partidas con respecto al ejercicio anterior. El presupuesto global de la entidad ha crecido este año un 13%, hasta alcanzar los 56,4 millones de euros enmarcados en el presupuesto más alto en la historia de la Generalitat, si bien nada garantiza que la provincia alicantina salga mejor parada en esta ocasión, a pesar del indudable peso en la contribución al PIB autonómico (en torno al 30%) de Alicante y al potencial de sus instituciones académicas.
La AVI, que está presidida por Ximo Puig, y que cuenta con la consellera de Innovación Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, como vicepresidenta; y con Andrés García Reche como vicepresidente ejecutivo, se mantiene firme en las reglas que se emplean para premiar o descartar determinadas propuestas que buscan financiación. Desde la entidad se estima que los datos territorializados de la distribución de las ayudas del pasado año concuerdan, en líneas generales, con el volumen de proyectos que fueron presentados, es decir, que se achaca la escasa inyección de fondos que llegó a la provincia al menor volumen de proyectos presentados en comparación con Valencia, que recibió gran parte del pastel que reparte la AVI. No obstante, se reconoce que en uno de los programas, en concreto el de valoración y transferencia de resultados de investigación a la empresa, el territorio alicantino recibió mucho menos de lo que proporcionalmente le hubiera correspondido en función de las propuestas aportadas. En ese sentido, la agencia, que tiene su sede principal en Alicante, como prometió en su día el líder autonómico, aunque, en realidad, el grueso de la gestión se pilota desde Valencia, ha desplegado una estrategia para tratar de corregir esa situación, trabajando en dos vías.
Por un lado, se ha impulsado una campaña informativa, a través de reuniones con todas las instituciones académicas y personal científico para difundir la convocatoria de ayudas con tal de guiarles en la presentación de proyectos que se ajusten a los objetivos que promueve la AVI. Por otro lado, aseguran que se está trabajando en la creación de unidades científicas de innovación empresarial, un sistema dirigido a institutos universitarios de investigación y a centros de investigación para crear una estructura especializada en innovación que facilite la transferencia del resultado de los proyectos a la empresa, de forma que se consiga un impacto directo en el sector productivo. Desde la entidad recalcan que no es un plan creado ad hoc para la provincia, pero defienden que es una de las herramientas que debería contribuir a mejorar la tasa de éxito en los programas de valorización.
Una crisis que puso en el ojo del huracán a García Reche
PP y Cs exigieron sin éxito explicaciones sobre una distribución que generó un chaparrón de críticas
Todas las miradas apuntaban al vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación. La desigual distribución de las subvenciones de la AVI en la Comunidad desató el pasado agosto un terremoto de críticas que puso en el ojo del huracán a Andrés García Reche. No como responsable directo de la evaluación de proyectos, sino como cabeza visible de la entidad que acordó un reparto de ayudas tan desequilibrado que impidió al territorio alicantino competir en igualdad de condiciones y disfrutar de las mismas oportunidades para potenciar la actividad investigadora. Cinco meses después, nada ha cambiado y las críticas de la Universidad de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández de Elche -que percibieron solo el 13,3% del total de fondos adjudicados a proyectos universitarios-, de la dirección del Centro de Inteligencia Digital de Alicante (Cenid), de la patronal CEV, de la Cámara de Comercio de Alicante, de los sindicatos y del Partido Popular han caído en saco roto.
Los populares de la Comunidad Valenciana, liderados por el presidente de la Diputación de Alicante , Carlos Mazón, fueron especialmente vehementes en la petición de explicaciones. Tras desvelar este diario los porcentajes del reparto de ayudas, con una radiografía global de cómo se distribuían los fondos en el territorio autonómico, reclamaron la comparecencia de la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, la ilicitana Carolina Pascual, en las Cortes Valencianas. Lo que pretendían era que la titular de este departamento de la Generalitat ofreciera explicaciones en sede parlamentaria sobre los criterios utilizados para adjudicar las ayudas, aclaraciones que, consideran, no se han recibido. García Reche sigue igualmente en el mismo puesto y está por ver cómo se ejecuta en 2022 el reparto de ayudas.