El debate en torno a la prostitución, la controversia que existe entre quienes apuestan por avanzar hacia la abolición de esta práctica, frente a aquellos que defienden que lo más oportuno es regularla, y los que optan por la tercera vía, es decir, seguir mirando hacia otro lado, cobra fuerza en las Cortes valencianas. El intercambio de relaciones sexuales a cambio de dinero está revestido de una situación de alegalidad en todo el plano estatal. No es legal ni ilegal. Su ejercicio, a priori, es libre siempre que ese ejerza de forma voluntaria. Sí está castigado tanto el proxenetismo como la explotación, pero un sector del Gobierno autonómico quiere profundizar ahora en el plano legislativo para convertir a la Comunidad en la primera de España en abolir lo que considera que es una manifestación más de la violencia machista. No obstante, se trata de un asunto que genera división en la izquierda, en las filas del PSPV, Compromís y Unides Podem. Las sensibilidades son tan diversas que, hoy por hoy, se hace prácticamente imposible vislumbrar un acuerdo en torno a una hoja de ruta común que sirva de faro en la futura toma de decisiones. Esa fractura, de igual modo, se hace patente en la bancada de la derecha. Tampoco existe un posicionamiento uniforme y solo hay un grupo, Ciudadanos, que se manifiesta abiertamente a favor de la regulación, siempre al margen de la trata.
La Comunidad Valenciana es la primera en abrir un proceso para abolir la prostitución en España. Esa fue la idea lanzada esta misma semana por la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, durante la presentación de un decálogo de medidas elaboradas por el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución. Bravo anunció que se ha iniciado ya la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Generalitat, de forma que se pueda sancionar con multa y clausura del local aquellos establecimientos que, «camuflados con licencias para hostelería u ocio, permitan o favorezcan el ejercicio de la prostitución». También propuso el cambio de la ley valenciana de violencia de género «para que se reconozca a las prostituidas como víctimas del terrorismo machista». Ahora bien, ¿quiere el Gobierno del Botànic, efectivamente, liderar el movimiento a favor de la abolición y considerar a cualquier mujer en contexto de prostitución víctima de violencia machista?
En el marco institucional valenciano, la titular de Justicia es una de las principales voces del socialismo que abandera la causa abolicionista, uno de sus temas estrella. De puertas hacia afuera, el cierre de filas en el PSPV en torno a esta cuestión es absoluto. De hecho, en el 40 Congreso Federal del PSOE, fue la delegación de la Comunidad la que promovió que el partido que lidera Pedro Sánchez moviera ficha, y el presidente del Gobierno se comprometió a aprobar una ley antes de que acabe la legislatura para prohibir la prostitución en España. Se trata de un asunto que, aparentemente, no genera fisuras entre la militancia. Al contrario de lo que ocurre en torno a la Ley Trans, no ha habido públicamente fricciones entre el feminismo veterano y los más jóvenes. «Lo contrario al abolicionismo, la regulación, sería convertirnos en un Estado proxeneta», recalcan con insistencia en los círculos socialistas. Desde el grupo parlamentario e las Cortes defienden que considerar esta práctica como violencia machista garantiza a las mujeres prostituidas el acceso a los recursos de protección y a los derechos que reconoce la ley.
Los socialistas, junto a sus socios de Gobierno, aprobaron el pasado octubre una proposición no de ley a propuesta por el Front Abolicionista, pero el acuerdo no fue sencillo. De hecho, desde que se comprometieron a presentar la iniciativa hasta que finalmente se rubricó transcurrió más de un año y medio. La propuesta, avalada por el Botànic, salió adelante con la abstención del PP y de Cs, y con el voto en contra de Vox, pero lo cierto es que ese asunto sigue siendo objeto de un profundo debate, sobre todo entre los valencianistas. Tanto en Més como en Iniciativa, los dos principales partidos que forman parte de la coalición, evitan pronunciarse a favor de la prohibición por ley del sexo de pago y reconocen que existen diferentes miradas entre sus seguidores. Mayoritariamente, se pone el foco en la necesidad de articular recursos para asegurar que las personas que se encuentran en contextos de prostitución, sobre todo mujeres, tengan un acompañamiento y una salida. Recalcan que hay que ayudar a que las personas que están siendo forzadas salgan de esos contextos, poniendo como ejemplo uno de los proyectos que abandera la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, el conocido como programa Alba, que ofrece atención a mujeres víctimas de explotación sexual del ámbito de la prostitución y de la trata. La coalición no se muestra partidaria de que se considere víctima de violencia machista a toda mujer ligada a la prostitución. Es probablemente Iniciativa la formación que se muestra más reticente a la postura abolicionista y en determinados sectores respaldan que no se debe prohibir ejercer a quien lo decide libremente. Donde ponen el foco es en la necesidad de abolir la pobreza y reclaman que el Gobierno que derogue la Ley de Extranjería, que consideran que empuja a las mujeres a prostituirse por cuestiones económicas y que se modifique el sistema tributario para que haya una redistribución de la riqueza y que nadie se quede atrás. «Abrir el debate del abolicionismo desde una posición de personas blancas y privilegiadas no es más que electoralismo, es una posición de superioridad moral de la izquierda que no conduce a nada», subrayan desde la dirección de Iniciativa con relación a las últimas propuestas de Bravo.
En Unides Podem, por contra, la postura oficial es la de estar a favor del abolicionismo, en la línea que se posiciona Irene Montero, aunque a nivel interno existen corrientes que, como en Compromís, muestran reticencias. Es algo que ocurre igualmente a nivel estatal, donde la confluencia catalana se ha manifestado partidaria de regular la prostitución. Los morados defienden que las mujeres que son víctimas de explotación sexual o de trata con fines de explotación sexual, además de recaer sobre en ellas una profunda estigmatización, sufren la violencia sexual y, por tanto, machista. Ponen el acento en la necesidad de promover políticas de inclusión sociolaboral y ven sumamente importante escuchar a las entidades especializadas en la atención a las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución.
En primera persona
¿Por qué se debería considerar la prostitución una forma de violencia de género, protegiendo a las mujeres prostituidas como tal? ¿Considera acertado sancionar a los locales que albergan esta actividad bajo licencias de locales de ocio u hostelería, así como sancionar a los demandantes de sexo pagado? Esto es lo que opinan los grupos parlamentarios:
Rosa Mustafá, portavoz de Igualdad del PSPV en las cortes
«La prostitución es violencia de género, porque los convenios internacionales que España ha firmado y ratificado, como el convenio de Estambul, así lo señalan»
El Grupo Socialista tiene un firme compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y la prostitución implica vulnerar gravemente los Derechos Humanos de las mujeres. Además, los y las socialistas lo hemos manifestado en nuestros últimos congresos y también en nuestra actividad parlamentaria en las Cortes valencianas, donde impulsamos y aprobamos una iniciativa de corte abolicionista que fue aprobada en octubre de 2021.
Por supuesto que la prostitución es violencia de género, porque los convenios internacionales que España ha firmado y ratificado, como el convenio de Estambul, así lo señalan. Además, considerar esta práctica como violencia machista garantiza a las mujeres prostituidas el acceso a los recursos de protección y a los derechos que reconoce la ley.
Tiene que ser sancionada la tercería locativa porque no es aceptable que absolutamente nadie se lucre del desamparo y la explotación de las mujeres y las personas propietarias de los locales no pueden ser una excepción.
Papi Robles, síndica de Compromís
«Las sanciones solo son parte de la solución. Hay que poner el foco en los proxenetas, pero centrarse en asegurar que esas mujeres tengan una salida»
Claro que la trata y la explotación sexual son formas de violencia contra las mujeres, porque son contextos en los que están siendo coaccionadas y abusadas. Ante esto, evidentemente se debe proteger a todas las mujeres que sufren violencia sexual y explotación sexual. Y, de hecho, la Generalitat ha impulsado, de manera pionera, el programa Alba para atender y acompañar, de forma efectiva, a las mujeres que se encuentran en esta situación y quieren salir de ella. Las sanciones solo son parte de la solución al problema. Evidentemente, hay que poner el foco en los proxenetas porque están abusando y explotando a mujeres, pero sobre todo hay que centrarse en asegurar que esas mujeres, que pueden encontrar en situaciones muy difíciles, de irregularidad, o de falta de recursos, estén atendidas, tengan un acompañamiento y una salida. Sobre todo, hay que ayudar a que las personas están siendo forzadas salgan de esos contextos.
Pilar Lima, síndica de Unides Podem
«El proxenetismo es una de las primeras opresiones sobre el cuerpo de la mujer, pero el putero también forma parte de la cadena de explotación sexual»
Las mujeres que son víctimas de explotación sexual o de trata con fines de explotación sexual, además de recaer sobre en ellas una profunda estigmatización, sufren la violencia sexual y, por tanto, machista. Así lo recoge el Convenio de Estambul y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y de esta manera ha actuado el Ministerio de Igualdad. Viven situaciones de violencia, precariedad y vulnerabilidad. Ante ello, hay que promover políticas de inclusión socio-laboral que sirvan para acompañar a las mujeres y garantizar unas condiciones materiales de vida dignas. No podemos obviar que un 80% se encuentra en situación administrativa irregular.
Por ello, desde Unides Podem defendemos que es necesario garantizar una vida independiente de todas las mujeres que se encuentran en esta situación mediante una atención integral que cuente en todo caso con políticas sociales y de redistribución de la riqueza.
El proxenetismo es una de las primeras opresiones sobre el cuerpo de la mujer, pero el cliente, es decir, el putero, también forma parte de la cadena de explotación sexual que se produce sobre la mujer mediante las redes de prostitución, ya que es la demanda que mantiene viva a la “industria proxeneta” en nuestro país.
La posición de Unidas Podemos es clara, se debe perseguir penalmente a todo aquel que, con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o utilice cualquier espacio para favorecer la explotación sexual de otras personas y trate de enriquecerse con ella, ya que también es un incentivo más que ayuda a perseguir la trata.
Del mismo modo, estas medidas pueden verse acompañadas por estrategias para desincentivar el consumo de prostitución que ponen el foco sobre el putero, porque si se castiga a la demanda se también se actúa de raíz para erradicar el negocio.
Marisa Mezquita, portavoz de Igualdad del PP en las Cortes
«Toda acción encaminada a acabar con las mafias y organizaciones que se lucran de la explotación sexual de mujeres y niñas no solo es bienvenida, sino necesaria»
La prostitución de mujeres y niñas ejercida bajo coerción es una muestra más que evidente de violencia de género. Estamos ante prácticas de lo que se puede considerar esclavitud sexual de mujeres y niñas, y ante eso no cabe duda de que es una agresión y violación de los derechos de estas mujeres por el mero hecho de serlo y, por tanto, una forma de violencia de género.
Resulta evidente que se hace necesaria una regulación normativa y por eso urgimos a que la Ley Integral contra la Trata sea una realidad cuanto antes. Así lo planteamos a través de una iniciativa parlamentaria en Les Corts que fue aprobada en abril de 2021.
Toda acción encaminada a acabar con las mafias y organizaciones que se lucran de la explotación sexual de mujeres y niñas no solo es bienvenida sino necesaria.
El problema es la incoherencia de la izquierda que anuncia unas cosas pero hacen lo contrario y el ejemplo está en Valencia donde el gobierno de Compromís y PSPV mantiene abierto un prostíbulo junto al colegio que desarrolla su actividad bajo la apariencia de hostal. Existen informes desfavorables, denuncias de los vecinos y del PP, y Compromís y socialistas no lo han clausurado.
Ruth Merino, síndica de Ciudadanos
« Hay que erradicar la explotación sexual y garantizar un marco normativo que respete los derechos de las mujeres a elegir libremente»
Desde Cs creemos necesario erradicar la explotación sexual a la vez que garantizar un marco normativo que respete los derechos de las mujeres a elegir libremente cómo vivir su vida. No vemos adecuado mezclar ambos conceptos. Nos oponemos a la trata en todas sus formas y siempre lucharemos por los derechos de las mujeres, pero eso pasa también por garantizar el libre ejercicio de la prostitución de forma regulada y segura, libre de trata.
Asociando la prostitución a la violencia de género no conseguimos nada. El abolicionismo, según prueban los últimos estudios, lleva a que se produzca más violencia contra las trabajadoras sexuales, y que la prostitución se siga produciendo, solo que en peores condiciones y con más riesgos.
Insistimos en que desde Cs no estamos a favor de la abolición de la prostitución. Respetamos la libertad de las mujeres que quieran ejercerla de manera voluntaria y lucharemos siempre contra la trata de seres humanos.
En este sentido, consideramos imprescindible la regulación del ejercicio de la prostitución para garantizar la seguridad en los locales.
Es necesario abordar un debate en profundidad en el seno de un proyecto regulador de la prostitución. Nosotros como liberales apostamos por la regulación. Desde Cs apostamos por una regulación que proteja a las mujeres de las mafias porque lo que hay que abolir son las mafias y la trata de personas.
Ana Vega, síndica de Vox
«Sorprende que quieran prohibir la prostitución, pero no combatan las mafias de tratas de seres humanos que traen a personas de forma masiva»
La propuesta de la consellera de Justicia es una cortina de humo más para ocultar los problemas que más importan a los ciudadanos como la crisis económica, la inmigración ilegal o el precio de la luz y los carburantes , que continúan disparados.
Resulta sorprendente que quieran prohibir la prostitución pero no combatan las mafias de tratas de seres humanos que traen personas de forma masiva y que se nieguen a investigar los abusos sexuales a menores tuteladas.
Desde VOX condenamos la trata de personas y repudiamos toda organización mafiosa que se dedique a la explotación de personas (mayoritariamente mujeres) que les fuerce a ejercer la prostitución, aprovechándose de su situación personal, su aislamiento social, su pobreza, alejamiento de la familia, o situación ilegal en España si es extranjera, como también condenamos cualquier forma de explotación del ser humano por otro ser humano. Para nosotros, la dignidad de la persona no es una expresión vacía.
