La inversión de la Diputación de Alicante para combatir la emergencia energética se eleva hasta los 27 millones de euros. Es la cifra que desveló este lunes el presidente de la institución provincial, el popular Carlos Mazón. A las ya anunciadas ayudas para familias, autónomos, pymes y ayuntamientos por la crisis energética, se unirán otros planes de subvenciones que buscan la sostenibilidad. Así, se prevén ayudas para que los ayuntamientos renueven los sistemas de alumbrado público o para favorecer la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Las partidas extraordinarias saldrán de los remanentes de tesorería, como las que se aprobarán este miércoles en el pleno ordinario de la institución provincial.
En este sentido, la institución provincial pretende combatir la escalada de precios de la energía, así como la inflación. Gracias a la modificación presupuestaria se activarán dos líneas económicas destinadas a ayudar tanto a familias como a autónomos y pymes a hacer frente a la crisis energética por la subida de precios de suministros como el gas y la electricidad, agravada por la guerra en Ucrania. Además, desde Bienestar Social también se colaborará con los consistorios en la atención a los refugiados procedentes de Ucrania. Así, este área movilizará 7 millones de euros para todos los municipios, en función del número de habitantes, para dar cobertura a las prestaciones sociales dirigidas tanto a reducir la pobreza energética como a sufragar los gastos derivados de la atención a los refugiados ucranianos. La crisis energética está suponiendo un duro varapalo para muchas familias, así que parte de estas ayudas también van dirigidas a paliar su situación.
En este sentido, este crédito extraordinario de 7 millones de euros irá destinado a la concesión de subvenciones nominativas a las entidades locales de la provincia para prestaciones sociales por situaciones extraordinarias, con el fin de reducir la pobreza energética y sufragar los gastos derivados de la atención a los refugiados procedentes de Ucrania. El importe se repartirá entre todos los ayuntamientos en función del número de habitantes. Con la finalidad de simplificar la tramitación a aquellos consistorios beneficiarios en los que los servicios sociales se presten a través de una mancomunidad, las subvenciones se concederán a estas, correspondiéndoles la suma de los importes asignados a cada uno de los ayuntamientos que la integran. Los servicios sociales de las administraciones locales serán los que evalúen las necesidades de la población de sus respectivos municipios y concedan las ayudas a los destinatarios finales. Las ayudas podrán ir tanto a la atención a refugiados como a cubrir necesidades básicas de las familias más vulnerables derivadas de la crisis energética.
La Diputación también ha presupuestado otros 9 millones de euros para dotar a todos los municipios de ayudas destinadas a minimizar el impacto económico que esta crisis energética está teniendo sobre pymes, micropymes, autónomos y otros colectivos. Al igual que ocurre con las ayudas por covid, se gestionarán a través de los ayuntamientos. Serán subvencionables hasta un 50% los conceptos de gasto corriente en energía eléctrica, gas y carburantes. En el caso de los dos primeros, el gasto que se puede justificar es el que se haga entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, mientras que para los carburantes, ya sea gasóleo o gasolina, el que se haya realizado entre el 1 de enero y el 30 de junio, siempre que se presente la factura acreditativa. La ayuda máxima a percibir podrá alcanzar los 4.000 euros por solicitante.
Además, se destinarán dos millones de euros más a los 104 ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes de la provincia para que sufraguen también los gastos energéticos. La subida del precio de la electricidad y de los carburantes está suponiendo un verdadero ahogo para las entidades locales, sobre todo para las más pequeñas, ya que está mermando sus presupuestos. También se destinarán otros 4,7 millones, entre 2021 y 2022, para dotar a los consistorios de la provincia de coches 100% eléctricos.
Entre las aportaciones destacan, asimismo, 3,8 millones de euros para la ejecución de proyectos de eficiencia energética, como la renovación de los sistemas de alumbrado público, la colocación de placas fotovoltaicas para autoconsumo o la realización de obras de mejora del comportamiento térmico de los edificios municipales, y 1,5 millones con el fin de favorecer la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
La Diputación de Alicante moviliza así 27 millones de euros extraordinarios para luchar contra la pobreza energética y, según Mazón, "hemos reaccionado con fuerza y con rapidez". Precisamente, este lunes el presidente de la institución provincial ha firmado con el presidente de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís de Crevillent, Guillermo Belso, un protocolo de colaboración para desarrollar acciones encaminadas a favorecer la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la reducción de las emisiones de CO². Este proyecto, que en el caso de la Diputación de Alicante se llevará a cabo a través de la Agencia Provincial de la Energía, contempla principalmente la implantación en el territorio de comunidades energéticas basadas en un sistema descentralizado, justo, eficiente y colaborativo.
“Ponemos a disposición de todos los municipios alicantinos, a través de la Diputación, todo el know-how de nuestra cooperativa para extender por la provincia una experiencia tecnológica de éxito que ya hemos realizado en Crevillent y que consiste en llevar la energía a todos los hogares de una forma justa y respetando el medio ambiente", ha explicado Belso.
