El pleno del Consell ha aprobado el decreto-ley que autoriza la creación de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, sociedad anónima mercantil para prestar el servicio público de ITV y realizar las inspecciones técnicas de los vehículos por encargo de la Generalitat. El próximo año, cuando finaliza la concesión, arrancará la gestión directa en sustitución de las siete empresas actuales. Así lo ha anunciado hoy la portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, quien ha recordado que el proceso de privatización de este servicio está en el centro de la investigación judicial del caso Erial, una presunta trama corrupta liderada por el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana.
"Procedemos a la recuperación de las ITV como servicio público después de su privatización en 1997 durante 25 años por parte del Consell del PP", ha proclamado Oltra en su comparecencia semanal tras la reunión de Gobierno.
En concreto, la sociedad podrá ser organismo de verificación de control metrológico a los efectos del control de taxímetros, según lo dispuesto en la Ley 32/2014 de Metrología, y realizar cualquier otra actividad accesoria o complementaria al servicio de inspección técnica de vehículos.
Este decreto-ley se enmarca en el proceso iniciado por el Gobierno valenciano, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), para implantar la gestión directa de las ITV en la Comunitdad una vez finalice el próximo 31 de diciembre el actual servicio mediante concesión administrativa a siete empresas que ejercen esta actividad por ámbito geográfico.
Ya el pasado septiembre se comunicó a las empresas concesionarias la voluntad de finalizar el régimen de concesión administrativa y, en consecuencia, que el contrato finalizará una vez cumplida su duración inicial, que no habrá prórroga y que se efectuaba la denuncia formal prevista en el expediente.
A partir de 2023, la gestión directa se hará posible mediante la creación de la nueva sociedad mercantil pública integrada única y exclusivamente por capital público, con un presupuesto de 60.000 euros para su constitución.
Como objetivos, la gestión directa permitirá salvaguardar la seguridad viaria en las carreteras valencianas, la rebaja de las tarifas para los usuarios y la mejora de la calidad, la eficiencia y la competitividad del servicio.
