El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, busca un gran pacto político en clave valenciana para acelerar la implantación de las renovables y lograr la soberanía energética de la Comunidad en un plazo de cinco a diez años, ante la crisis de precios agravada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y fijando el horizonte en el cierre de la central nuclear de Cofrentes, previsto para 2030. Esa fue una de las principales propuestas que expuso este martes durante la ronda de reuniones que mantuvo con el el líder del PPCV, Carlos Mazón, y los síndics en las Cortes de Cs, Compromís y PSPV, Ruth Merino, Papi Robles y Manolo Mata, respectivamente, (la de Unides Podem, Pilar Lima, está con covid) en el marco del acuerdo Alcem-nos que rubricaron todos los grupos parlamentarios salvo Vox. El jefe del Consell encontró predisposición entre sus socios de Gobierno y también en los primeros espada de la oposición para avanzar hacia ese horizonte, si bien no hubo la misma sintonía con respecto a las políticas para hacer frente a la crisis. Presidencia, y en definitiva el Botànic, rechazan de plano aplicar las recetas de la derecha para combatir la coyuntura actual. No quieren ni oír hablar de la iniciativa de bajada de impuestos que abandera Mazón, que insistió una vez más, y de nuevo en vano, en esa línea.
El Palau de la Generalitat, el cuartel general de Puig, vivió este martes una intensa jornada de reuniones que fue programada expresamente para tratar de diluir cualquier protagonismo de Mazón. El presidente del PP en la región solicitó a Puig un encuentro a dos bandas para acercar posturas sobre líneas estratégicas para combatir las consecuencias derivadas del conflicto armado. Estaba llamado a ser el segundo encuentro entre ambos mandatarios desde que el popular, hace 10 meses, se puso al frente del partido en la Comunidad. Y lo que se hizo fue citar ese mismo día a los portavoces parlamentarios de los demás partidos, y no solo del que será el principal rival del jefe del Consell durante las elecciones de 2023, inmerso en una carrera por tratar de ganar visibilidad en la escena autonómica.
Fuentes de Presidencia explicaron que Puig planteó un acuerdo en dos vías: acelerar al máximo la implantación de las energías renovables y lograr la soberanía energética a medio plazo mediante la búsqueda de alternativas a Cofrentes, que genera el 40% de la energía de la Comunidad. Se trata de un pacto que estaría abierto a la negociación y el diálogo con el objetivo de adelantarse a futuros acontecimientos. Así, el pacto que promueve Puig incluiría medidas como ayudas a los autónomos que dependen de la energía, una política fiscal que incentive el ahorro y la eficiencia energética, mayor impulso de la formación o la creación de bonos energéticos para ayudar a las personas con problemas para pagar la factura de la luz; medidas que fueron bien acogidas por los síndicos que ayer se sentaron frente a frente con Puig.
Mazón, por su parte, fue taxativo: o la Generalitat impulsa una bajada de impuestos de 800 millones de euros en el IRPF y, además, articula ayudas directas de 500 millones de euros para las familias o sectores más afectados, o el principal partido de la oposición, el PP, no apoyará los decretos autonómicos para combatir la crisis que promueve el Ejecutivo autonómico, el de bajada del 10% de las tasas autonómicas y el de las medidas contra la crisis energética. El líder de los populares alegó que esa cantidad de 1.300 millones es lo que recaudará de forma adicional la Generalitat en impuestos a raíz de la escalada de precios, por lo que cree que se debe de redistribuir. No obstante, esa es una advertencia que, en cualquier caso, no parece estar llamada a tener ningún efecto práctico, pues el Botànic dispone de mayoría suficiente para aprobarlos sin necesidad del apoyo de la oposición.
El también presidente de la Diputación aseguró su predisposición al pacto por las renovables, pero resaltó las contradicciones que, a su juicio, se desprenden de la acción del Ejecutivo valenciano en un momento en el que, aseguró, en la Conselleria de Transición Ecológica que dirige Mireia Mollà, existen más de 300 proyectos paralizados. Sobre el trasvase Tajo-Segura, culpó a Pedro Sánchez y Ximo Puig de no ser capaces de ponerse de acuerdo para mantener los aportes hídricos a la provincia de Alicante, y con respecto a la financiación, negó que la pelota esté en el tejado de Alberto Núñez Feijóo y puso el acento en que es el Gobierno central el que tiene que presentar una propuesta sobre el nuevo modelo de reparto.
Por su parte, la síndica de Ciudadanos instó a Puig repartir ayudas a los sectores electrointensivos valencianos más afectados por la subida de la energía, como el cerámico, y a impulsar una reforma tributaria "ambiciosa" que vaya más allá de una legislatura. Se mostró favorable a apoyar un futuro pacto por la energía que cuente con el consenso de los grupos y avanzó que estudiarán el contenido de los dos decretos contra la crisis, de los que solicitarán que se tramiten como proyecto de ley para poder presentar enmiendas con el objetivo de mejorarlos.
"En Ciudadanos puede encontrar a un aliado, pero mientras tenga esos lastres de socios que no le permiten acercarse a posturas más sensatas y moderadas, supone un impedimento para el avance de la Comunidad Valenciana", reiteró Merino.
Así ha garantizado que apoyan tanto los decretos anti-crisis como la petición de Puig de impulsar un pacto valenciano por las renovables, remarcando que "con Ciudadanos puede contar quizá más que con sus socios". Eso sí, abogó por que sea un acuerdo de futuro y "no cortoplacista para los próximos cuatro años", al hilo de la mesa nacional por la energía que pide la líder de Cs, Inés Arrimadas.
En materia de impuestos insisitó en que la Generalitat debe deflactar la tarifa del IRPF y compensar a los sectores más afectados, como la cerámica de Castellón "asfixiada" por el coste del gas y "afectada" por el giro de Pedro Sánchez con el Sáhara. Por eso ha urgido a iniciar ya una reforma tributaria "ambiciosa en la medida de lo posible" para combatir el "infierno fiscal" de la Comunidad.
A nivel nacional, la portavoz naranja planteó a Puig la posibilidad de estudiar una "especie de compensación" en la factura de la luz similar a la bonificación de la gasolina, exigió "que no se pierda ni un euro" de los fondos europeos Next Generation y rechazó el calendario de cierre de las centrales nucleares porque ve hipócrita pensar que hay suficientes renovables como para abastecerse a corto plazo.
Respecto a la financiación autonómica criticó que PP y PSOE no tienen "intención ni interés" de iniciar la reforma y que el Gobierno pretenda "prorrogarla" a la siguiente legislatura, "una injusticia absoluta para los valencianos". "No es fácil, pero hay que ser valiente y tomar en serio las reformas estructurales", recalcó, ya que ligó la infrafinanciación a los impuestos, al déficit y a la deuda "desorbitada".
La síndica de Compromís aseguró que su grupo parlamentario apoyará en las Cortes el decreto de las energías renovables del Consell pero dijo que trabajará para intentar mejorarlo a través de su tramitación como proyecto de ley, con medidas como la dotación a los ayuntamientos de mayor capacidad de decisión en las instalaciones fotovoltaicas. Así lo trasladó al jefe del Consell durante la reunión en la que abordaron la situación actual "muy grave" de inflación y donde defendió la necesidad de que la Administración pública "ponga el foco" en esta situación y adopte medidas.
Entre ellas Compromís propone "premiar" a las empresas que trabajen por el aumento de salarios y fortalecer que las personas que más padecen esta situación tengan unos sueldos acordes a la subida de precios. Respecto a la energía, reclama la creación "urgente" de la Agencia Valenciana de la Energía que propicie una distribución "justa" de la energía y "para las personas". Dicha Agencia, precisó, sería una medida complementaria al decreto de la energía y permitiría, entre otras medidas, agilizar las pequeñas instalaciones fotovoltaicas y una vez producida la energía regular su distribución.
En materia de financiación autonómica, volvió a exigir que se modifique "ya" el modelo de financiación autonómica para que "podamos trabajar porque el dinero público garantice una vida mejor" a los valencianos. Robles defendió asimismo que las medidas sociales marcan la presencia de Compromís en el Gobierno del Botànic, como las más de 140.000 personas incluidas en el sistema valenciano de inclusión o la ampliación del profesorado y personal sanitario.
Preguntada sobre las discrepancias entre Compromís y el PSPV respecto a la capacitación lingüística para acceder a la Función Pública valenciana, Robles ha señalado que su formación entiende que los grupos A1 y A2 de la Administración Pública "tienen que tener suficiente formación en valenciano para atender al pública en nuestra lengua".
La síndica de Compromís insistió en que su partido "no va a renunciar" a seguir pidiendo para estos grupos el nivel Mitjà, como se exige a otros colectivos como el del profesorado.
El síndic del PSPV-PSOE, tras la reunión con Puig, defendió que el Consell de Ximo Puig tiene un proyecto "ilusionante, optimista y de un futuro mejor" para la Comunidad frente a una oposición, a su juicio, "instalada en el pesimismo destructivo que solo piensa en el pasado".
Mata celebró su apuesta por impulsar un pacto por la energía "para aprovechar las energías renovables y que nos permitirá afrontar con garantías los próximos diez años" y se centró en lo que considera éxitos del Consell: "Los valencianos podemos enorgullecernos del trabajo realizado que ha permitido que en la Comunidad Valenciana haya más de dos millones de personas trabajando", manifestó, al tiempo que subrayó que "la peor inflación es la que está sobre los desempleados, y por ello el trabajo es una apuesta decidida para este Gobierno", informó el PSPV.
Mata valoró asimismo que "se han impulsado medidas quirúrgicas, como por ejemplo las ayudas vinculadas a la energía destinadas para los autónomos y las empresas" y ha insistido en que "tenemos un futuro brillante por delante". Destacó además que "el Consell de Ximo Puig ya impulsó en 2017 una reforma fiscal que benefició a 1,5 millones de valencianos y valencianas y ha remarcado que "las medidas que plantea el Partido Popular son flor de un día".
"Deflactar el IRPF tendría efectos cuando se hace la renta y la gente que le saliese a pagar 300 euros acabaría ahorrándose solamente 5 euros", aseveró.
Por otro lado, en relación con el trasvase Tajo–Segura, el portavoz socialista subrayó que la Ejecutiva del PSPV-PSOE tomó este lunes, en Alicante, la decisión de reforzar sus decisiones con una iniciativa parlamentaria y se acordó que se irá a los tribunales si hace falta.
"Estos caudales no pueden destrozar el futuro de toda una comarca", y concluyó que: "Esta batalla lleva 50 años y siempre la hemos ganado, el agua es una necesidad y lucharemos por ella".
