Desde que Francisco Fernández Golfín tomara posesión como presidente de la Diputación de Alicante en 1822 han pasado 200 años y 107 corporaciones provinciales. Dos siglos de historia en los que su espíritu ha permanecido intacto, servir de ayuda y asesoramiento a los municipios de la provincia, principalmente a los medianos y pequeños. Pero la institución que nació durante el Trienio Liberal, después de que la Constitución de Cádiz de 1812, la conocida como «La Pepa», permitiera la creación de las diputaciones, se enfrenta a muchos retos por delante y tiene muchas mejoras que acometer.
Las localidades de la provincia se han venido beneficiando de las ayudas, imprescindibles en el caso de las que cuentan con menos presupuesto, con las que se han construido y mejorado cientos de kilómetros de carreteras y viales, infraestructuras hídricas o instalaciones deportivas. Para el actual presidente de la institución provincial, el popular Carlos Mazón, la Diputación goza de una «extraordinaria salud» y ha sido clave para la provincia de hoy, no solamente como elemento de vertebración, de servicios básicos a los municipios, sino también como elemento de reivindicación de las estrategias y necesidades que tienen los 141 municipios y las tres entidades locales menores alicantinas. Y pone de relieve la lucha contra la despoblación como uno de los elementos fundamentales en los que ha trabajado la institución en los últimos años. No obstante, hay 30 localidades alicantinas con ese riesgo.
Pero el organismo provincial tiene que modernizarse y todos los grupos políticos coinciden en lo mismo: hay un exceso de burocracia y las subvenciones deben ser más ágiles. Ese es el principal reto al que se enfrenta la Diputación. En ello está con la creación de una comisión de trabajo en la que están integrados todos los grupos políticos y que pretende agilizar la tramitación de las subvenciones y descender la carga burocrática a los ayuntamientos. Este órgano, en el que también participan técnicos de la institución provincial, pretende reducir el número de convocatorias, agrupando las homogéneas, la planificación temporal de las mismas o la modificación del régimen jurídico que simplifique y facilite la solicitud y justificación de las ayudas. En definitiva, eliminar el tapón. No obstante, sus resultados no se verán hasta el próximo mandato.
Pero son muchas más las necesidades que tiene una institución que ha mantenido una misma estructura y funcionamiento en las últimas décadas. La derecha pone el foco en mejorar el sistema de ayudas y la izquierda pide un organismo provincial más técnico y menos político.
Para el PP, que gobierna en la institución junto a Cs, es el momento idóneo para plantear una institución más ágil en la tramitación de ayudas a los municipios, pero sin variar un ápice sus sistemas de control y vigilancia para evitar corrupciones con las ayudas. Para el portavoz del grupo popular, Eduardo Dolón, una unificación de los procesos es el reto más inmediato que hay que acometer. «Tenemos que seguir creciendo en cantidad y calidad», señala Dolón, quien considera que la Diputación es indispensable para los municipios pequeños y ahí es donde, asegura, hay que seguir poniendo recursos, principalmente en personal.
El portavoz popular considera que el 70% de los municipios de la provincia necesitan a la Diputación, por lo que la considera imprescindible, «sobre todo en la última década se ha acreditado como fundamental para los municipios pequeños e, incluso, para los medianos», añade. «Y me atrevo a decir que, como representante de un municipio grande de la provincia, como es Torrevieja, recibo más dinero y apoyo de la Diputación que de la Generalitat, cuando en ese caso debería ser al contrario», asegura Dolón.
En el PSOE tienen claro que la institución debe modernizarse y mejorar su eficiencia. El portavoz socialista de la Diputación, Toni Francés, señala que es una asignatura pendiente la mejora de la gestión reduciendo la burocracia que evite el colapso que, asegura, hay en la Diputación. «Cada vez son más los anuncios de obras y menos las que se ejecutan», critica Francés, quien lamenta que en este mandato se hayan perdido oportunidades en este sentido. «Se hacen convocatorias para todo, incluso para subvenciones de 100 euros», explica, por lo que propone que se agrupen las ayudas.
Francés insiste en que el objetivo constitucional de una Diputación es ayudar a los municipios, «no es el gobierno de la provincia», por lo que considera que uno de los retos de la institución es darle más protagonismo a los ayuntamientos. Lamenta que Mazón, a su juicio, use la Diputación como un instrumento más «de su promoción personal». Y considera fundamental la continuidad de la institución provincial por el sustento económico «absolutamente imprescindible» que le da a los municipios más pequeños de la provincia.
En el caso de Cs, ponen como retos el elevar los estándares de transparencia e implementar modelos de innovación y mejora en los procesos, sobre todo en lo que respecta a las convocatorias de subvenciones a municipios y otras entidades, en lo que se está trabajando, apuntan. La vicepresidenta de la institución, Julia Parra, explica que su formación quiere ir «un paso más allá» llevando adelante propuestas en Cultura y en Transparencia y Asistencia a Municipios. «Podemos mejorar, por supuesto, y lo estamos haciendo abriendo canales de escucha directos con nuestros municipios», explica Parra, quien incide en reducir la burocracia.
Más técnicos y menos políticos es la mejora que propone Compromís. La formación valencianista insiste en reducir «al extremo» la estructura política de la institución «que se está demostrando que sólo sirve para hacer política partidista», manifiesta su portavoz, Gerard Fullana. Fullana considera que la Diputación tiene una estructura técnica útil para los municipios y otra política que se usa «una y otra vez» como contrapoder «y sale carísima a los ciudadanos».
En este sentido, para Compromís la institución debería devolver la voz política a los alcaldes y convertirse en un instrumento puramente técnico coordinado con otras instituciones. «Apuesto por cerrar la estructura política de la Diputación, no la institución en sí», aclara Fullana, para quien también debería reducirse el alto número de asesores y rebajar los sueldos «altísimos» de los diputados. «Eliminar toda la parafernalia política», zanja.
