Nadie puede negar la absoluta unanimidad en la oposición a este nuevo impuesto que pretende castigar a las personas que elijan visitar la Comunitat Valenciana, penalizando así la actividad hotelera y el alojamiento turístico reglado. Nadie del sector, nadie del tejido empresarial valenciano y una gran parte de la clase política, incluida una gran parte del PSPV, es favorable a esta medida de marcado carácter sectario y carente del más mínimo rigor jurídico, económico y fiscal.
El pasado jueves se aprobó por las Cortes el inicio de la tramitación parlamentaria de una ley que, eufemísticamente, se titula Ley de Medidas Fiscales para impulsar el Turismo Sostenible. Como si para impulsar la sostenibilidad hiciera maldita falta un nuevo impuesto….
Esta tramitación parlamentaria se ha iniciado sin contar con ningún informe ni económico ni jurídico que sostenga la creación de este impuesto. Además, al ser una iniciativa de los grupos parlamentarios, van a evitar los pronunciamientos preceptivos tanto del Consejo Jurídico Consultivo como del Consejo Económico y Social.
Así que vamos a crear un nuevo impuesto con el argumento de que «los valencianos, cuando vamos a Roma y a París, pagamos tasa». Argumento de solidez aplastante y necesidad manifiesta (nótese la sorna en mi comentario).
Toda esta tramitación está llena de mentiras: en el texto que empieza a tramitarse no se trata de un impuesto municipal y voluntario. Se trata de un impuesto autonómico que se recaudará en todos los municipios y en todas las empresas de alojamiento turístico y cruceros. Y que, además, como castigo adicional, puede duplicar su cuantía porque se prevé un recargo municipal.
Además, los haters del turismo quieren sembrar la opinión generalizada de que «los turistas no pagan impuestos». Ni más ni menos se espera que en 2022 se recauden en la Comunidad Valenciana unos 4.000 millones de euros en impuestos vinculados a la actividad turística, un 15,3% del total de los impuestos recaudados en la Comunitat.
El sector está tremendamente preocupado por la factura en imagen que se puede cobrar esta mala decisión política. Y es que han sido inoportunos hasta en las fechas elegidas: aprueban el inicio de la tramitación parlamentaria a las puertas de la temporada alta, para que la mala publicidad pueda condicionar la elección del destino. Porque los promotores de esta mala decisión, en su mirada corta, no son conscientes de que la Comunitat Valenciana no es Roma, ni es París, ni es Barcelona ni es Baleares. Porque los turistas de la Comunitat Valenciana pertenecen a esa gran clase media española y europea que precisamente ha hecho de las vacaciones un derecho y una prioridad.
La cruda realidad en las comunidades autónomas que ya tienen implantada una figura similar en España es demoledora: son impuestos que se destinan a gasto general, a reducir déficits o a otras partidas totalmente ajenas a la actividad turística. A ellos también les contaron el mismo cuento que nos cuentan hoy a nosotros, y ya sabemos cómo termina (el cuento).
Si tenemos en cuenta que sólo el 44% de los turistas y el 23% de las pernoctaciones en la Comunidad Valenciana se hacen en alojamientos que pagarían este impuesto, queda manifiestamente claro que la proposición de ley no quiere velar por el turismo como fenómeno, sino que el único objetivo es castigar duramente a un determinado modelo de empresa, precisamente la que más valor genera, la que más aporta y la que más empleo mantiene y crea. Y la que más ha sufrido tras dos años de inactividad por la pandemia.
Esta semana hemos conocido que una familia española es 3.500 euros más pobre al año por el simple efecto de la inflación desbocada que nos está arrasando como un tsunami. Menos las familias que eligen la Comunitat Valenciana para sus vacaciones, que serán todavía más pobres gracias a este nuevo impuesto que les van a meter como rejonazo.
Mientras por un lado les bonificamos el combustible para que puedan venir, les rebajamos o hacemos gratis el transporte público; por otro, queremos darles con el garrote y quitarles del bolsillo parte de lo que se van a gastar en consumir, en compras o en disfrutar todo aquello que podamos ofrecerles.
Y lo peor de todo es que, en el sistema que pretenden imponer, el recaudador será el recepcionista del hotel o del alojamiento, el que tendrá que dar la cara por una clase política que no ha sabido estar a la altura.
Hay días que me levanto y me parece estar viviendo en el mundo al revés.
