Una copia de la tasa turística de Cataluña y Baleares

En el primer grupo, en el de los que plantean dudas sobre la carga de trabajo que tendrán que asumir hoteles, cámpines y demás establecimientos turísticos, se encuentra el responsable de la comisión fiscal del Colegio de Economistas de Alicante, Antonio Pérez. «En la Administración se aprecia una tendencia a cargar con trabajo a los ciudadanos, lo que también supone un mayor coste de gestión para las compañías turísticas, como le sucede a las empresas con el IVA. Por contra, si la tasa repercute en un mayor turismo de calidad, habrá que tener en cuenta que los hoteles recaudarán más», asegura.

Análisis

Desde el punto de vista del análisis económico, Pérez no considera que el importe de la tasa, que oscilará entre los 0,5 y los 2 euros, en función del tipo de alojamiento, tenga una repercusión negativa en el número de visitantes. «El coste por persona no es significativo y lo recaudado se puede invertir en mejorar las infraestructuras turísticas. Ahí está su principal razón de ser», apunta antes de compartir una última reflexión: «Donde más puede afectar es en el turismo familiar. Por ejemplo, si cogemos un modelo de cuatro personas que realice una estancia de una semana, sí que se aprecia un coste añadido considerable, al multiplicar los siete días por las cuatro personas».

El exconseller Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante (UA), no cree que la tasa genere problemas a nivel jurídico, ya que se enmarca dentro de las competencias que tiene el Parlamento autonómico. Donde sí observa dudas Alcaraz es en la moratoria, en el hecho de que la ley llegaría con un efecto diferido, por lo que no entraría en vigor hasta el año 2024. «Las leyes se ponen en marcha en un plazo de veinte días o un mes, a veces, incluso, al día siguiente. Es lo que me parece más curioso desde el punto de vista jurídico», sostiene. Por lo demás, el exconseller no aprecia ningún problema. Fuera de este análisis, y ya adentrándose en el terreno del debate político y empresarial, Alcaraz carga contra el discurso que ha venido pronunciado el presidente de la patronal hotelera Hosbec, Toni Mayor: «Hay que ser más respetuoso con las decisiones que se toman en el Parlamento, porque son los representantes del pueblo valenciano. Aunque se hable en un momento de furor».

Desde Elche, el profesor de Derecho de la Universidad CEU Cardenal Herrera Álvaro Antón lo primero que quiere puntualizar es que el concepto de tasa que se ha generalizado es erróneo, ya que lo que se está tramitando realmente es un impuesto. Este es el mismo argumento que han empleado muchos de los que se oponen a este proyecto, principalmente desde las filas del Partido Popular. «No es una tasa, como se viene argumentando», lamenta Antón, quien echa en falta que no se haya explicado con claridad cómo se redistribuirán los fondos que se generen con el tributo.

El docente ilicitano también cree que se ha perdido la oportunidad de acompañar el inicio de la tramitación parlamentaria con un análisis en profundidad sobre el impacto que tendría la aplicación del impuesto, en el que se valorarán aspectos como la competitividad del sector turístico, su idoneidad, las alternativas o la eficacia. «Un estudio técnico hubiera sido una buena fórmula, con la apertura de un periodo de consultas para recabar iniciativas, como se hace con las propuesta de la Unión Europea», lamenta Antón en una tesis que se asemeja a la expuesta por el informe de la Universitat de València.

Entre los expertos consultados por este periódico también se echa en falta una mayor labor pedagógica por parte de los grupos políticos que están a favor de cobrar por las pernoctaciones. «Hubiera sido interesante un análisis de las circunstancias particulares de la Comunidad Valenciana. La sensación que se tiene es que se quiere hacer una mera copia de los modelos que se están aplicando en Cataluña o Baleares, cuando cada territorio tiene unas características», indica Antón.

Para el director del departamento de Disciplinas Económicas y Financieras de la UA, Emilio Cencerrado, el nuevo impuesto «no presenta gran complejidad» desde el punto de vista jurídico: «Es un tributo por día de alojamiento que se paga por el mecanismo de sustitución por repercusión en la tarifa final». Al igual que otros de los expertos consultados, Cercerrado cree que en «lo que se está haciendo en la Comunidad es una copia de los textos que ya están vigentes en Baleares o Cataluña». En cuanto a posibles problemas que la tasa pueda tener a nivel jurídico, no apunta mayores dificultades. «Es un tributo propio de la Comunidad, para lo que se tienen competencias, y no ofrece incompatibilidades, ya que el Estado no grava ningún tipo de estancia turística», sostiene.

Una última cuestión, que se desprende de informes como el de la UA, pasa por valorar la conveniencia que tiene un debate político de tanta intensidad como el de la tasa, en el que se exponen puntos de vista opuestos entre los socios del Botànic. Todo ello cuando el estudio de la institución académica señala que el nuevo gravamen recaudará 53 millones, una cantidad muy pequeña en comparación con los 3.800 millones que genera el sector.

Informes universitarios en Alicante y València

Tanto en la Universidad de Alicante como en la de València se han realizado estudios en los que se analiza en profundidad la implantación de la tasa turística en la Comunidad Valenciana. La institución académica alicantina ha tumbado con su estudio las tesis en las que se sustenta el nuevo impuesto, mientras la valenciana no es tan contundente en su análisis, pero sí que es partidaria de una regulación por parte de la Unión Europea y aconseja que se retrase su implantación, ya que los efectos de la pandemia, en la economía en general y en el turismo en particular, siguen pesando.

El informe de la Universidad de Alicante fue encargado por la Secretaría Autonómica de Turismo, a través del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas. Sus conclusiones vienen a poner en evidencia que la tasa turística no supera el análisis coste-beneficio y tumba algunos de los principales argumentos en los que se refugian los defensores del impuesto. Por su parte, el informe de la Universidad de València expone entre sus principales conclusiones que los gravámenes sobre el turismo son una tendencia en Europa, ya que se aplican en Portugal, Italia o Croacia, por lo que es recomendable el impulso de la UE.

¿Se aprobará antes de que acabe la legislatura?

La tasa turística inició el día 14 su recorrido parlamentario en las Cortes. El debate sobre el impuesto que grava las pernoctaciones se prevé largo e, incluso, se contempla la posibilidad de que finalice la actual legislatura sin que se produzca su aprobación definitiva. La fecha para sellar el acuerdo dependerá del impulso que le quieran dar los seis grupos parlamentarios que tienen representación en la Cámara autonómica.

El proceso que seguirá la tasa, una vez que se ha aprobado su tramitación, será el siguiente: los letrados asignarán la proposición de ley a una comisión, los responsables de la comisión harán una propuesta de trabajo para el debate de las enmiendas y, una vez finalizada la labor de esta comisión, se pasará a pleno para que se produzca la votación final. En términos de calendario aproximado, se prevé que la comisión esté fijada en octubre, entre noviembre y febrero realizará su trabajo y, tras la votación en el pleno, se procederá a su entrada en vigor.

Nadie en las Cortes se atreve a concretar más las fechas, porque se entiende que se trata de una previsión muy complicada. La intervención del Consell Jurídic Consultiu no será obligatoria, al tratarse de una proposición de ley, salvo que la soliciten dos de los grupos proponentes.