El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, presidirá este año la comisión política integrada por representantes del PSPV, Compromís y Unides Podem que se encargará de negociar los presupuestos de la Generalitat para 2023. De esta forma, el Botànic mantiene la fórmula inaugurada el pasado año, cuando se impulsó por primera vez un foro para debatir sobre las cuentas autonómicas y consensuar hasta el último euro que se destina a cada departamento. No obstante, en esta ocasión se introduce un cambio significativo con respecto al ejercicio anterior, cuando se decidió que ningún conseller se integraría en ese órgano. Tampoco el entonces titular de Hacienda, Vicent Soler, que quedó apartado de esa comisión. Por tanto, se vio privado de una parte importante de las atribuciones que tenía reservadas hasta el momento. En definitiva, perdió poder cuando su partido, y al fin y al cabo Presidencia, cedió ante las exigencias de la entonces vicepresidenta y lideresa de Compromís, Mónica Oltra. Esta vez, Hacienda ha pedido liderar la comisión y, hasta donde ha trascendido, ninguno de los socios ha objetado en contra.
El Consell acordó en la reunión celebrada este viernes que el grupo de trabajo formado por distintos miembros del Gobierno para abordar los presupuestos estará presidido por el conseller España, quien, además, tendrá potestad para convocar las reuniones. También será él quien dará cuenta al pleno del Consell sobre los avances y los pactos que se vayan alcanzando en el seno de dicha comisión. Un órgano que se pondrá en marcha la próxima semana para hablar de las cuentas y, también, de la reforma fiscal que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pretende anunciar en el debate de política general que arranca el día 27 en las Cortes Valencianas. De esta forma, el titular de Hacienda recupera el control sobre los presupuestos que perdió su antecesor en el cargo, un trago amargo que se evidenció al poner al frente de la comisión negociadora a la directora general de Presupuestos, Eva Martínez.
España está considerado como la mano derecha de Puig en el Consell del Botànic. De hecho, el presidente de la Generalitat le entregó la cartera de uno de los departamentos con más peso tras la remodelación de Gobierno ejecutada en mayo. Fuentes de su entorno destacan la sintonía que mantiene con la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas. Precisamente, fueron las espinosas relaciones de sus predecesores, Vicent Soler y Mónica Oltra, las que desencadenaron mil y un desencuentros retransmitidos en riguroso directo a cuenta, habitualmente, de la elaboración de los presupuestos. Hasta el punto de que Oltra, en 2020, lo acusó públicamente de manipular el proyecto de cuentas pactado para restarle recursos a la conselleria que dirigía, la de Igualdad y Políticas Inclusivas. También hubo encontronazos el pasado año. Oltra y Soler cerraron una reunión previa a la negociación de los presupuestos. Cuando la lideresa de Compromís supo que el titular de Hacienda se vería acto seguido con el vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca (Unides Podem), para despachar sobre ese mismo asunto, canceló la reunión. Oltra dio plantón porque, según se interpretó, su encuentro dejaba de tener la singularidad que buscaba. El tira de afloja entre ambos se alargó hasta el punto de que las cuentas se llevaron a las Cortes fuera de plazo. De hecho, hubo que ajustar el calendario parlamentario para poder aprobarlas antes del 31 de diciembre.
Las tensiones para la confección de las cuentas han sido una constante en los siete presupuestos que el Botànic lleva a sus espaldas. Esta vez, por contra, se ha manifestado que existe la voluntad de rebajar el tono con tal de evitar el vodevil que se repite cada otoño a la hora de cuadrar los números. En ese sentido, la coalición de izquierdas que gobierna la Comunidad Valenciana está tratando de proyectar una imagen de unidad porque, a fin de cuentas, el mensaje que se lanza es que los de 2023 no son los últimos presupuestos del mandato, sino los primeros que guiarán la acción del tercer pacto botánico que confían en poder rubricar tras las elecciones previstas para mayo del próximo año.
Las consellerias disponen de plazo hasta el próximo lunes para presentar sus propuestas de gasto para el siguiente ejercicio. Será entonces cuando se active la comisión negociadora, que el pasado año estuvo representada por dos miembros de cada uno de las fuerzas que integra el tripartito, cargos del segundo escalón de la Generalitat.
Ley contra la despoblación, nuevo pacto contra la violencia machista y valoración positiva en sanidad
El pleno del Consell aprobó este viernes el anteproyecto de Ley Integral de medidas contra la Despoblación, una norma que «garantizará mejores servicios» a los habitantes de más 178 municipios del territorio autonómico, a las 80.000 personas que viven en localidades en riesgo de despoblación, según destacó el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España.
El objeto de la futura ley es garantizar servicios básicos, con el acceso a una educación, sanidad y servicios sociales de calidad. Para ello, el Consell incentivará que los empleados públicos escojan estas zonas como ubicación de destino. Además, fomentará el empleo juvenil, la formación profesional y promoverá la adecuada atención a las personas mayores, así como la igualdad de género y el acceso a la formación en competencias digitales. La futura ley consolidará también el nuevo servicio de transporte a demanda y promoverá programas específicos de empleo para zonas rurales, el acceso a los servicios de justicia o la ampliación de las oficinas Xaloc para vivienda.
La futura ley establece criterios de discriminación positiva para los municipios en riesgo de despoblación en el acceso a las ayudas públicas, garantiza la fiscalidad diferenciada para residentes y empresas instaladas en el territorio así como el apoyo al comercio de proximidad y la cadena de valor agroalimentaria. Una gestión forestal sostenible, apoyo a la agricultura tradicional y de montaña y la prevención de incendios son también ejes prioritarios.
El Consell aprobó igualmente una declaración institucional en la que insta a reeditar el pacto valenciano contra la violencia de género y machista, que se renovará y ampliará con un nuevo compromiso institucional, político, social, económico, cultural y cívico después de cinco años de existencia.
Tras el pleno, la portavoz del Consell, Aitana Mas, defendió que el Gobierno valenciano se está «dejando la piel» para dejar «a cero» la lista de espera sanitaria y recalcó que en la Comunidad Valenciana «todas las urgencias se atienden». Todo después de que el Síndic de Greuges haya reclamado a la Conselleria de Sanidad que permita al paciente saber qué posición concreta ocupa en las listas de espera para determinados servicios. Mas enfatizó que el Botànic lleva casi ocho años intentando revertir los «recortes brutales» que hizo el PP previamente» y destacó que Sanidad cuenta ahora con «el mayor presupuesto de la historia» de la Comunidad. Con todo, dijo que el territorio valenciano está 22 puntos por debajo en lista de espera sobre la media española y, pese a todo, aseveró que hacen una «valoración moderadamente positiva de los esfuerzos del Consell».
