La número dos de la Generalitat, la vicepresidenta Aitana Mas (Compromís), no cree que sea el momento de exigir responsabilidades políticas a los dos nuevos imputados en el marco del caso Oltra.

La citación judicial para que declaren como investigados el que fuera jefe de gabinete durante la etapa de Mónica Oltra al frente de la Vicepresidencia, Miquel Real, y el que desempeñó el cargo de subsecretario de la Vicepresidencia hasta abril de 2019, Francesc Gamero, no va a desencadenar, en principio, consecuencias. Real ejerce ahora como asesor de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas mientras que Gamero es secretario autonómico de Hacienda. Ambos cargos, que están ligados a la cuota de Compromís en el Consell, cuentan con el apoyo para seguir al frente de sus obligaciones, según subrayan desde el entorno de la vicepresidenta. Desde el departamento de Hacienda que dirige Arcadi España (PSPV), por contra, rechazan hacer ningún tipo de valoración porque, tal y como indican, se trata de un tema que está judicializado. Con todo, es inevitable que todo este asunto genere preocupación. En total, ya son 15 las personas y altos cargos investigados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales sobre una menor tutelada, por los que la expareja de Oltra está condenado a cinco años de prisión, una sentencia recurrida ante el Supremo.

La declaración en los juzgados de la que fuera número dos de la Generalitat, hace exactamente una semana, el pasado lunes, no solo no ha contribuido a amainar el temporal, sino que, de hecho, ha puesto de nuevo el caso en el ojo del huracán tras la nueva ronda de imputaciones. Desde la Conselleria de Igualdad defienden, no obstante, que si se les ha citado a declarar es para que puedan explicar su versión de los hechos y, por tanto, revisten la situación de normalidad en el marco de un procedimiento judicial. En concreto, lo que ha pedido el titular del Juzgado de Instrucción 15 de València es que declaren para  tratar de esclarecer su participación en los hechos, con el encargo de un expediente informativo o información reservada que constituye una parte relevante de la investigación. Es lo que se ha llegado a definir como una "investigación parajudicial" que se dirigió, supuestamente, desde la conselleria.

Real no cayó junto a OItra cuando se vio forzada a dimitir. El que fuera su jefe de gabinete fue rescatado como asesor por Aitana Mas desde el minuto uno, a finales de junio. Aunque ha venido desempeñando sus funciones como asesor raso, varias fuentes coinciden en que ha ejercido un papel destacado debido al profundo conocimiento que tiene sobre el departamento, al ser una persona de máxima confianza de Oltra.

La investigación sobre el papel que jugó la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y, en concreto, sobre si se trató de encubrir el abuso sexual a la menor tutelada no solo desencadenó la dimisión de la entonces vicepresidenta. El caso ha dejado una ristra de imputados que está sirviendo para armar el discurso de desgaste de la derecha. Si en un principio toda la presión de la oposición se dirigió a la propia Oltra, el foco se ha desplazado ahora hacia el jefe del Consell, Ximo Puig, a quien se la acusa de inmovilismo al permitir que continúen en el cargo todos los investigados. Mientras tanto, desde Compromís atribuyen el caso a una "cacería de la extrema derecha". El síndico adjunto de los valencianistas en las Cortes, Carles Esteve, resta hierro a las imputaciones. Afirma que el juzgado puede recabar tantos testimonios como precise para hacer su valoración. Lo que espera es que toda esta cuestión se resuelva cuanto antes. De hecho, en Compromís todavía mantienen esperanzas de que Oltra sea exonerada de toda responsabilidad a corto plazo y, de esa forma, pueda volver a encabezar la candidatura a la Generalitat en 2023. "Parece claro que la conselleria actuó como tenía que actuar en cada momento, con las herramientas de las que disponía, y que todos los testimonios van en esa misma línea", valora Esteve.

Las nuevas imputaciones trascienden, además, un día antes de que el presidente de la Generalitat afronte la sesión parlamentaria más importante del año, como es el debate de política general, que arranca este martes en las Cortes Valencianas. Será el último debate de estas características antes de la próxima cita electoral, prevista en principio para el último domingo de mayo de 2023.

PP y Cs reclaman a Puig que no "mire para otro lado" y tome medidas ante la decisión del juez que investiga a Oltra de imputar a Real y Gamero en el marco de las diligencias por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales y la existencia de una investigación paralela en ese departamento autonómico.

Dimisiones

"Son ya 15 los altos cargos imputados en el caso Oltra y el president Puig sigue escondido y sin asumir ninguna responsabilidad por la gestión de este caso que afecta al exmarido de la exvicepresidenta", denuncia en un comunicado la vicesecretaria de Política Social del PPCV, Elena Bastidas.

A su juicio, ni Puig (PSPV) ni la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas (Compromís), pueden mirar hacia otro lado porque "lo que se está juzgando es la gestión de la Administración autonómica en este caso": "Es lamentable que todos sigan formando parte del Consell de Puig".

"Siguen las imputaciones a altos cargos del Consell de Puig sin que él, como máximo responsable, haga nada. Está de brazos caídos y, lo más lamentable, es que asiste al desmoronamiento de su Consell sin haber pedido perdón a la única víctima de este caso, que es la menor", destaca.

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Así ha sido la llegada de Mónica Oltra al juzgado GERMÁN CABALLERO | EFE | EUROPA PRESS

"Estos imputados no pueden estar un día más en la gestión de los servicios sociales tras comprobar su modo de funcionar dando la espalda a los menores. Si dimitió la consellera por estos hechos, la directora general del menor y los otros cargos con más motivo no deberían seguir en sus puestos", urge la diputada popular.

En la misma línea, la síndica de Cs en las Cortes Valencianas, Ruth Merino, exige a Puig que cese "de manera fulminante e inmediata" al actual secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero, así como al resto de asesores que todavía ostentan un cargo dentro del Consell al haber sido imputados.

Merino tacha de absoluta vergüenza que "la alargada sombra de la exvicepresidenta siga manchando y corrompiendo las instituciones públicas valencianas", por lo que exige "ejemplaridad" a la sucesora de Oltra. "Tres meses después de acceder al cargo, Mas todavía mantiene en su puesto, cobrando un sueldo público, a la directora de Infancia de la Conselleria, que también resultó imputada cuando se inició la investigación de este caso", rechaza.

"Es intolerable ver cómo la Comunidad Valenciana sigue copando titulares por una gestión irregular de nuestros dirigentes políticos, en este caso por algo tan deleznable como la negligente actuación en la protección de los más vulnerables de nuestra sociedad", insiste tras alegar que "Oltra ya ha hecho pasar suficiente vergüenza a todos los valencianos y Puig no puede seguir mirando hacia otro lado; es momento de que actúe como presidente y limpie las instituciones valencianas de toda sospecha de corrupción política".