El consejero de la empresa pública estatal que adjudicó las obras del trasvase Júcar-Vinalopó y uno de los empresarios que construyó el tramo investigado en el caso Azud declararon ayer ante los agentes del grupo de delincuencia económica III de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La segunda jornada de declaraciones tuvo como centro de operaciones la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix por donde desfilaron media docena de personas, entre investigados y testigos en esta tercera fase de la Operación Azud, que investiga en una pieza separada los supuestos sobornos pagados por empresarios a dirigentes del PSPV-PSOE para supuestamente financiar el partido y las elecciones de 2007.
Entre las personas que comparecieron ayer ante los agentes de la UCO está el consejero delegado de la empresa Aguas del Júcar SA de 2004 a 2008, José María Marugán, que acudió acompañado de un abogado, lo que permite deducir que declaró como investigado. Debido al escaso tiempo que permaneció en las dependencias de la Guardia Civil, Marugán debió acogerse a su derecho a no declarar. Al abandonar la Comandancia declinó realizar ninguna declaración. «No tengo nada que decir», aseguró.
Marugán fue un estrecho colaborador y amigo personal del exsecretario general del PSPV-PSOE y candidato a la Generalitat en las elecciones de 2007, Joan Ignasi Pla. De hecho fue nombrado como máximo responsable de Aguas del Júcar SA [sociedad creada el 21 de octubre de 1998 y dependiente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)], por decisión de la ministra de Medio Ambiente en 2004, Cristina Narbona, y a propuesta del líder de los socialistas valencianos en aquella época.
Químico de profesión y funcionario por oposición en el Consell Metropolità de l’Horta, Marugán también fue director general de Calidad Ambiental con Joan Lerma. Al frente de Aguas del Júcar SA Marugán fue quien decidió modificar el trazado del trasvase Júcar-Vinalopó con el cambio de la toma de agua inicial de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa en Cullera y adjudicaron provisionalmente los cinco tramos del trasvase Júcar-Vinalopó el 12 de julio de 2006.
Al menos en uno de los cinco tramos, las empresas adjudicatarias habrían presuntamente pagado una comisión a cambio de lograr la adjudicación de las obras, según la documentación requisada por la UCO en mayo de 2021 en la vivienda de José María Cataluña, responsable de finanzas del PSPV-PSOE (1999-2004), y también imputado en la causa que investiga desde 2017 la Guardia Civil bajo la dirección de la jueza de Instrucción número 13 de València y la Fiscalía Anticorrupción.
Uno de los empresarios que se quedó ese tramo E de la conducción, Javier Luján, también compareció ayer ante los agentes. Luján se acogió a su derecho a no declarar. Fuentes cercanas al empresario aseguraron que «se encuentra colaborando con las autoridades» por lo que recordó su «deber de no proporcionar información alguna» sobre la investigación debido al secreto de sumario sobre las actuaciones.
Las mismas fuentes próximas al constructor también señalaron que «nunca ha existido condena penal ni de ninguna otra naturaleza contra Javier Luján» ya que «las causas incoadas en su momento se encuentran en su práctica totalidad archivadas». Y «respecto de las que continúan vigentes, no existe escrito alguno de acusación dirigido contra su persona».
