Agentes de la Policía Judicial acudieron ayer a la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Conselleria de Hacienda para acceder a los servidores de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Los agentes iban en busca de información del caso que investiga el tratamiento que dieciséis funcionarios del departamento que dirigía Mónica Oltra y del centro Niño Jesús dieron a la denuncia de la menor que sufrió abusos por parte de un monitor, ex marido de la exvicepresidenta.
Los agentes policiales dan así cumplimiento al auto dictado por el Juzgado de Instrucción 15 de València que autorizó el pasado 26 de octubre el acceso a los correos electrónicos que intercambiaron la exvicepresidenta, su jefe de gabinete, la directora territorial de Igualdad, la de Infancia, así como otros funcionarios de rango inferior y las dos trabajadoras del Centro de acogida de menores Niño Jesús, donde se produjeron los abusos.
La copia de los correos electrónicos fue laboriosa y, según confirmaron varias fuentes a este periódico, comenzó por la mañana y prosiguió a lo largo de la tarde de la jornada del viernes.
Los agentes de la Policía Judicial están autorizados por el Juzgado de Instrucción 15 a realizar una criba para acceder a los correos electrónicos que intercambiaron los dieciséis acusados «desde el 20 de febrero de 2017 hasta el 23 de marzo de dicho año y desde el 5 de julio de 2017 hasta el 1 de diciembre de 2017».
La búsqueda también está acotada a los correos de estas fechas que se refieran al expediente de la menor que sufrió los abusos o las actuaciones derivadas de dicha denuncia que finalmente investigó la Fiscalía de Menores y acabó en una condena al monitor a cinco años de cárcel. La sentencia está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si existe motivo casacional para revisar el recurso presentado por el monitor Luis Ramírez Icardi.
Las fechas acotadas por el titular del Juzgado de Instrucción se refieren al primer momento en el que la menor comunicó los hechos a su entorno más cercano en aquellos momentos y al Centro Niño Jesús (del 20 de febrero hasta el 23 de marzo de 2017) pero que no se notificó a la Fiscalía de Menores, aunque sí a una técnica de la Conselleria de Igualdad. La menor tampoco quiso denunciar al grupo de menores de la Policía porque consideró que no la creerían.
La segunda fecha sobre la que se indagará, desde el 5 de julio hasta el 1 de diciembre de 2017, abarca el momento desde el que la Policía comunicó los hechos a la Fiscalía de Menores y la Conselleria de Igualdad abrió un expediente sobre los hechos, que una sentencia de la sección segunda de la Audiencia de València considera «parajudicial» y creado para desacreditar a la menor.
La información que ayer obtuvo la Policía Judicial deberá cribarse para ajustarse a las fechas y temática autorizada. Una vez seleccionada por los agentes se incorporará a una pieza separada y secreta a la que sólo tendrá acceso el titular del Juzgado de Instrucción 15 y el fiscal adscrito al mismo.
