«Entiendo que los compromisos siempre hay que cumplirlos. Hoy se demuestra que nosotros siempre los cumplimos, nos gusten o no nos gusten tanto». Con esa afirmación, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, justificó que el grupo parlamentario socialista y, en definitiva, la cuota del PSPV en el Consell, pulsaría la botón verde para apoyar la aprobación de la tasa turística en la Cortes Valencianas. Lo hacía a sabiendas del desgaste que supone la campaña en contra de la activación del gravamen a las pernoctaciones hoteleras. No solo por parte de la bancada de la derecha. Al fin y al cabo, eso era lo previsible. Preocupan más los mensajes críticos que viene lanzado la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) y, especialmente, Hosbec. Hasta el punto de que la patronal hotelera ha puesto el foco, directamente, en el partido que encabeza el líder del Gobierno autonómico, a quien ha hecho responsable en primera persona de no querer frenar las pretensiones de sus socios, Compromís y Unides Podem. Ese fue, precisamente, el mismo argumento sobre el que pivotaron los ataques políticos del PP durante la bronca sesión de control celebrada este jueves y en la que, tras siete años de debate intermitente, se acabó aprobando el controvertido impuesto a las estancias turísticas.
«Hoy se consuma la mayor traición a los sectores productivos porque votan a favor de la implantación de la tasa turística y aprueban otros tres impuestos más». Con esas palabras, la síndica del PPCV, María José Catalá, rechazó el alumbramiento de una tasa que, no obstante, nace con carácter municipal y voluntario, es decir, que solo se aprobará en aquellos municipios que así lo decidan, con una horquilla de entre 0,5 y 2 euros en función de la categoría del establecimiento.
Ni ese matiz significativo que el PSPV esgrime como un logro, ni tampoco el hecho de que se haya pactado una demora de un año para abrir la veda a su aplicación, ha calmado al empresariado ni, por descontado, a la derecha. Todo ocurre a seis meses de la cita con las urnas, un plazo relativamente corto que motiva que todas las formaciones políticas estén ya en modo electoral, dentro y fuera de las instituciones. De hecho, el presidente del PP de la Comunidad Valenciana y líder de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, no tardó en salir a la palestra para asegurar que, si conquista el Palau, la tasa quedará derogada. Así pues, estirar el chile de la tasa turística para buscar el desgaste del adversario político formará parte del argumentario desde ahora y hasta el 28 de abril de 2023.
Crispación
El Parlamento valenciano registró ayer una de las jornadas más broncas, si no la que más, del último plenos ordinario del año. Fue la última sesión de control y, por tanto, el jefe del Consell no tendrá que someterse al cara a a cara con los portavoces de los grupos hasta finales de enero o, incluso, febrero. Así las cosas, la oposición acudió dispuesta a elevar el nivel de crispación al máximo para rechazar las políticas del Consell y, en última instancia, tratar de ganar cuota de protagonismo en ese contexto preelectoral que lo salpica todo. En los primeros minutos ya se escucharon las palabras «traición y rendición», los términos que empleó el PP para acusar a Puig de «traicionar» a los sectores productivos, a los constitucionalistas y a las mujeres, en relación con la aprobación de la tasa turística, la ley del «sólo sí es sí» y la reforma del delito de sedición. De esta forma se elevó al Parlamento valenciano la agenda estatal con la que los de Mazón tratan de desgastar al Botànic y, en primera instancia, a Puig, al tiempo que se hace campaña por Alberto Núñez Feijóo, centrado en erosionar a Pedro Sánchez. El presidente de la Generalitat, llegados a ese punto, le reprochó a Catalá que actúe como «una sucursal» de Génova con una «agenda de la crispación» que entona por orden de su partido. Porque, a su juicio, lo único que consigue es «degradar» las Cortes Valencianas.
El Parlamento valenciano registró ayer una de las jornadas más broncas, si no la que más, del último plenos ordinario del año. Fue la última sesión de control y, por tanto, el jefe del Consell no tendrá que someterse al cara a a cara con los portavoces de los grupos hasta finales de enero o, incluso, febrero. Así las cosas, la oposición acudió dispuesta a elevar el nivel de crispación al máximo para rechazar las políticas del Consell y, en última instancia, tratar de ganar cuota de protagonismo en ese contexto preelectoral que lo salpica todo. En los primeros minutos ya se escucharon las palabras «traición y rendición», los términos que empleó el PP para acusar a Puig de «traicionar» a los sectores productivos, a los constitucionalistas y a las mujeres, en relación con la aprobación de la tasa turística, la ley del «sólo sí es sí» y la reforma del delito de sedición. De esta forma se elevó al Parlamento valenciano la agenda estatal con la que los de Mazón tratan de desgastar al Botànic y, en primera instancia, a Puig, al tiempo que se hace campaña por Alberto Núñez Feijóo, centrado en erosionar a Pedro Sánchez. El presidente de la Generalitat, llegados a ese punto, le reprochó a Catalá que actúe como «una sucursal» de Génova con una «agenda de la crispación» que entona por orden de su partido. Porque, a su juicio, lo único que consigue es «degradar» las Cortes Valencianas.
Nuevos impuestos
Aunque este jueves se aprobó, igualmente, la Ley de Cambio Climático, que introduce tres nuevos gravámenes enmarcados en la denominada fiscalidad verde que no entrarán en vigor esta legislatura, el plato fuerte era la tasa turística; un gravamen que puede tener una especial incidencia en la provincia de Alicante, como motor turístico de la Comunidad. Su aprobación fue celebrada con todo el énfasis por Compromís y Unides Podem, que festejaron que se ha cumplido el acuerdo introducido en el pacto del Botànic, a pesar de la resistencia que ha presentado el socio mayoritario. Mientras tanto en el PSPV afloraron, una vez más, las grietas que reflejan que no existe unanimidad, por mucho que se haya votado a favor de cumplir el compromiso rubricado con los valencianistas y los morados.
Las reacciones fuera de las Cortes no se hicieron esperar. También entre socialistas que se apresuraron a desmarcarse de la iniciativa validada de forma definitiva en el Parlamento valenciano.
El secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, puso en duda la aplicación de la tasa y lamentó que «es una ley que nace sin el informe de nadie, ni del Gobierno, ni del Consell Jurídic Consultiu, ni del Comité Económico y Social». Aseveró que no comparte «la filosofía, ni la oportunidad, ni la falta de empatía cronificada» que han llevado a la aprobación de este impuesto y añadió que la necesidad de recaudación debería explorarse en los caladeros del intrusismo, la competencia desleal, el fraude fiscal y la economía sumergida, no en la oferta reglada.
El regidor de Elche, Carlos González, se apresuró a decir que en el municipio que preside no se activará la tasa, al considerar que «estamos en un momento en el que el sector tiene que recuperarse después de la situación crítica vivida como consecuencia de la pandemia». Tampoco se aplicará en Alicante, donde gobierna Luis Barcala (PP). Mazón aseguró, de hecho, que ningún municipio gobernado por el PP se sumará al gravamen y el socio de gobierno de los populares en la capital provincial, Cs, ratificó ese extremo. La vicealcaldesa y responsable del Patronato de Turismo Alicante City&Beach, Mari Carmen Sánchez, calificó de «imposición ideológica» y de «zancadilla al sector turístico» la aprobación de la tasa. «Una vez más pagamos todos el peaje ideológico de una minoría que va a acabar perjudicando a una mayoría».
El alcalde de Benidorm y presidente del PP de Alicante, Toni Pérez, tildó de «lamentable y humillante el voto del PSPV y el voto personal de su presidente y jefe del Consell, que fue necesario para sacar adelante este impuesto que gravará a una industria fundamental de la provincia». Y aprovechó para animar a los futuros votantes a cambiar el equilibrio de fuerzas en 2023 para que su partido gobierne.
El comité ejecutivo de la CEV mostró este jueves su rechazo a la aprobación de la tasa al señalar que el Botànic la saca adelante sin contar con el sector y vaticinó que lastrará la recuperación en la que se encuentra inmerso. Su presidente, Salvador Navarro, lamentó «que se haya dado luz verde a un impuesto que no solo gravará las pernoctaciones turísticas, sino que gravará la actividad de uno de los motores económicos de nuestra Comunidad».
