Entrevista | Ángel Luna Síndic de Greuges

Ángel Luna: «El Síndic de Greuges no es alarmista. Describe la realidad que ve día a día»

Ángel Luna fue designado Síndic de Greuges en 2019. Desde entonces, informe tras informe, sus conclusiones han sido demoledoras. En el último, llega a decir que las administraciones son un territorio «hostil» para la ciudadanía. Lo hace desde el convencimiento de la importancia de una institución como la del Síndic. Más en tiempos convulsos.

Ángel Luna, en la sede del
Síndic de Greuges, en la ciudad
de Alicante.  alex domínguez

Ángel Luna, en la sede del Síndic de Greuges, en la ciudad de Alicante. alex domínguez / maríapomares

María Pomares

María Pomares

Tres informes en tres años y cada cual más desolador: de las graves limitaciones de las administraciones para ser eficaces cuando más se las necesita o la incapacidad para satisfacer derechos vitales en un plazo razonable, hasta llegar a considerar las administraciones como un territorio «hostil». ¿Qué está pasando para que, al final, sus denuncias acaben cayendo en saco roto?

El Síndic de Greuges siempre tiene una opinión negativa que exteriorizar, porque las personas que vienen aquí lo hacen porque tienen problemas, y nosotros nos hacemos eco de esa opinión. Lo digo porque muchas veces hay administraciones que dicen que mejoran. Claro que hay cosas que mejoran, pero a ese aspecto de la vida administrativa no nos dedicamos. En cualquier caso, estamos perdiendo un tiempo precioso para mejorar cosas en el funcionamiento de las administraciones. Habría que haber aprovechado la salida de la pandemia, con todos los recursos que han habilitado las propias administraciones públicas, incluso la Unión Europea, para mejorar los sistemas administrativos.

¿Y cuál tendría que haber sido la prioridad?

Hemos implementado una administración electrónica al cien por cien, pero eso que es positivo para el funcionamiento de las administraciones públicas no puede dejar en el camino a personas que no son capaces, por mil razones, de acompañar a la Administración en ese tránsito hacia la administración electrónica. Acabamos de abrir una queja de oficio sobre ello. Posiblemente hay cosas que se puedan hacer, como habilitar a funcionarios que ayuden en las tramitaciones a los ciudadanos. Aquí lo hacemos.

¿Cómo llegan las administraciones a convertirse en un territorio «hostil»?

Llegan por dos vías. Por un lado, por la complejidad de los procedimientos, que asustan al ciudadano. Luego, por otro lado, está el trato que reciben en las administraciones públicas, y eso ya no es sólo responsabilidad de los dirigentes políticos que están al frente de las administraciones, es también responsabilidad de los funcionarios en el día a día.

¿Qué falla?

No lo sé. En muchas quejas, lo que los ciudadanos nos ponen de manifiesto es la falta de empatía. Nos ponen de manifiesto que no han sido tratados correctamente desde el punto de vista de facilitarles las cosas. No sabemos si el trato ha sido agradable o no ha sido agradable, correcto o no correcto, eso escapa a nuestras posibilidades, pero sí que creemos que muchas veces hay que tramitar una queja para que nos digan que no se ha aportado un determinado documento, o se le ha requerido anteayer, cuando la petición se había formulado hace dos años.

¿Es alarmista el Síndic, como vino a decir la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas?

No creo que sea alarmista. Trata de describir la realidad que ve día a día en las quejas que entran. Si eso es una alarma, bienvenida sea. Lo que hay que hacer es poner de manifiesto los problemas que hay. La Administración o algunos responsables o departamentos no acaban de ver un aspecto importante: el Síndic es un colaborador de la Administración, porque pone de manifiesto los problemas que tiene en su funcionamiento del día a día, cosa que a veces los altos responsables de la Administración no son capaces de ver o no tienen posibilidad de ver.

Ángel Luna, en un momento de la entrevista. | ALEX DOMÍNGUEZ

Ángel Luna, en un momento de la entrevista. | ALEX DOMÍNGUEZ / m.p.

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¿Falta autocrítica?

Es un mal general. A todos nos falta siempre autocrítica, pero en el caso de las administraciones fundamentalmente lo que sucede es que les falta evaluación del funcionamiento de sus procedimientos.

¿Por qué?

A veces hay una concepción en algunos responsables políticos de que basta con aprobar una ley para que hayamos resuelto el problema y el problema no es aprobar una ley, el problema muchas veces es aplicarla y cómo se aplica.

Entre las principales quejas, el uso y abuso del silencio administrativo o la tendencia a eludir responsabilidades echando la culpa a otro departamento… ¿A quién habría que pedir responsabilidad: a los técnicos o a los políticos?

Para ser justos, habría que decir que primero hay que dimensionar las administraciones desde el punto de vista del personal y de los medios materiales. Pero, en segundo lugar, también hay que saber dinamizar el trabajo de las administraciones. Hay una responsabilidad que baja en cascada y tiene que haber una intervención en cascada para hacer llegar la motivación al funcionario, que debería estar motivado. Deben darse cuenta de la precarización del trabajo o los niveles salariales erosionados por la inflación de muchos ciudadanos, que comparan su situación con la de los funcionarios, que tienen el trabajo fijo y garantizado para toda su vida y que tienen unos sindicatos fuertes que no existen en muchos sectores privados.

¿Falta profesionalización?

Probablemente, lo ideal sería que la profesionalización llegara al nivel más alto posible, es decir, que hubiera una cúpula política en cada departamento, pero que el nivel de profesionalización llegara al nivel más alto posible.

¿Y se da esto en nuestras administraciones?

En unas más que en otras.

¿Sobran cargos políticos?

Sí. No sé, a veces, se tiene la tendencia a confiar más en personal de confianza, valga la redundacia, que en profesionales con acreditada solvencia en su materia.

¿Por qué?

Eso depende de cada uno.

A estas alturas, ¿la cita previa ha llegado para quedarse?

No se puede perpetuar la cita previa. Ya lo decimos en nuestras recomendaciones, pero no tienen carácter ejecutivo. Habrá un momento en que alguien acuda a los tribunales y el tribunal dictará algún tipo de responsabilidad en la aplicación de una medida que no tiene un soporte legal.

En el último informe alerta de que, tras la pandemia, quedan notables secuelas que complican las relaciones entre la ciudadanía y las administraciones. Sin embargo, una vez que la crisis sanitaria parece que ya se da por superada y que el covid ya no se puede utilizar como coartada, ¿qué puede pasar?

No, claro, el covid ha pasado. Es verdad que el covid ha dejado secuelas en el área sanitaria. Todo el tiempo que han estado bloqueados los quirófanos, los centros de especialidades o los centros de salud hay que recuperarlo, y es una rémora que vamos arrastrando y las administraciones tardarán en ponerse al día. Incluso en el futuro es posible que aparezcan otras cosas como consecuencia de los vacíos que se han producido.

¿Ha dejado algo bueno la pandemia de covid?

No lo sé. A nivel personal, a mucha gente le ha dejado secuelas psicológicas importantes y a nivel de administraciones públicas, se nos han visto las costuras en muchos casos.

Lleva tiempo reivindicando una reforma urgente de la atención primaria, y, de hecho, los propios profesionales han protagonizado protestas. ¿Por dónde debería pasar esa reforma?

No sabría decirlo, pero creo que, durante muchos años, ha habido una inercia de primar la atención hospitalaria, que es mucho más espectacular. Cuando se producen curaciones que son casi milagrosas son noticia, y un quirófano muy espectacular es noticia, y eso es muy caro. Quizá hemos dedicado menos recursos a evitar que la gente llegue ahí, a través de la Atención Primaria, y es verdad que la Atención Primaria no está bien. Lo vemos cuando vamos a un centro de salud y lo vemos cuando acudimos a un hospital, y nos damos cuenta de que mucha de la gente que está en urgencias de un hospital no tendría por qué haber llegado allí. Tendría que haberse visto antes.

Y, a estas alturas, y tras una pandemia, ¿tiene remedio?

Supongo que sí. Tendría remedio dedicando más recursos humanos y materiales. Lo que reclamamos en la memoria es que se aborde de una manera clara y transparente este tema, y que se le explique al ciudadano que las cosas están mal, pero que lo sabemos y sabemos lo que hay que hacer o creemos que sabemos lo que hay que hacer de verdad, explicando los pros y las contras de cada una de las medidas. Por ejemplo, hay un problema en Atención Primaria, hay un problema con las listas de espera hospitalarias, hay una reivindicación constante de que no hay suficientes médicos, y lo primero que se pacta es reducir la jornada a 35 horas. Probablemente sea necesario o conveniente, o esté bien para los médicos, pero habrá que explicar entonces cómo vamos a compensar eso. Si no hay suficientes médicos, si las listas de espera son largas, si las consultas no dan abasto y reducimos la jornada de los médicos, evidentemente vamos a empeorar. Si hay algo pensado para resolver eso, hay que explicarlo bien. De lo contrario, el ciudadano de la calle que trabaja 40 horas, con un empleo precario, que no tiene ninguna posibilidad de llegar a ese tipo de jornada laboral, puede pensar que hay algo que no va bien.

Con las elecciones a poco más de mes y medio, ¿hay margen para el optimismo en lo que respecta a la sanidad?

A corto plazo, no, pero creo que hemos entrado en una dinámica en la que somos conscientes de que hay un problema y de que el problema hay que abordarlo, y tengo la sensación de que se está abordando, aunque insisto en que, a corto plazo, no se va a solucionar.

La transparencia sigue siendo la gran asignatura pendiente, con gobiernos de izquierda o con gobiernos de derecha. ¿Por qué?

Porque está extendida la creencia de que la información es poder y todo el mundo quiere acaparar el poder, pero ese razonamiento es incompatible con el auténtico funcionamiento de la democracia.

Bonos térmicos que no se pagaron cuando tocaba o la denegación de la renta valenciana de inclusión a quienes han tenido trabajos temporales de apenas unos días. ¿Cómo se explica eso?

Hay estudios que están poniendo de manifiesto que España es un país que redistribuye mal, en comparación con otros países. No es que haya pocas ayudas públicas destinadas a la redistribución y a acabar con las desigualdades, sino que se hace mal, posiblemente por el nivel de descoordinación entre administraciones.

¿Y a qué responde eso?

Hay un nivel de competencia importante entre administraciones, y no sé si se termina haciendo una evaluación de la efectividad real de esas ayudas, pero tengo la sensación de que no. Dedicamos muchos recursos a políticas contra la desigualdad, pero no se ejecutan con la eficiencia suficiente como para que sean realmente determinantes a la hora de acabar con las desigualdades.

¿Influye este estado de campaña electoral permanente?

La campaña permanente ahora mismo se está produciendo en todo el mundo. El problema es la evaluación de las políticas públicas y la corrección sobre los elementos que funcionan mal.

En seis semanas se celebrarán las elecciones. ¿Le preocupa?

Lo único que me preocupa de las campañas electorales es cuando se generan expectativas, no sé qué es peor, si desconociendo las limitaciones de la Administración o conociéndolas e ignorándolas. Pero no toda la culpa la tienen los políticos, también la tienen ciudadanos, que no son capaces de hacer un mínimo razonamiento.

¿Y le preocupa el resultado?


Me preocuparía la falta de gobernabilidad, porque las administraciones tienen que seguir funcionando. Los criterios políticos los marcará quién los ciudadanos decidan, pero las administraciones tienen que seguir funcionando.

¿Cómo marca el día a día del Síndic del Greuges un escenario como el actual, tan marcado por la crispación y la polarización?

Procuramos abstraernos de esa situación de polarización que es real y que es muy grave en democracia. Procuramos abstraernos y no mirar el color de la Administración a la que nos toca supervisar.

¿Podemos ir a peor?

Evidentemente, no estamos viviendo una época dorada para la democracia. Las autocracias son muy potentes y están muy consolidadas en el mundo. Lo que no se ve en estos momentos es la posibilidad de que una nación, sobre todo de las potentes, que están gobernadas por autócratas, vaya a derivar hacia una situación democrática y, sin embargo, sí se ve el riesgo de que grandes naciones que tienen un régimen que se puede considerar democrático, con sus defectos y sus problemas, puedan derivar hacia eso que ahora, eufemísticamente, se llaman democracias iliberales, y que puso de moda Orbán.

¿Cómo hemos llegado hasta este punto?

Se llega a este punto con el deterioro del día a día de la democracia: no siendo transparente, ocultando las intenciones, no hablando claro... Estoy seguro de que muchos ciudadanos estarían más atentos a la política si se hablara de las cosas que les afectan en el día a día. Cuando el ciudadano desconecta de la política, es cuando ya tenemos el riesgo grave de que haya un deterioro democrático y nadie le ponga remedio.

¿Estamos a tiempo de evitarlo?

Sí, sí, claro. En España, en ese sentido, no estamos tan mal.

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«Tengo una relación institucional apropiada con la vicepresidenta»

¿Cómo son las relaciones con la vicepresidenta, Aitana Mas?

Tengo una relación institucional que es apropiada para dos instituciones que tienen que colaborar en la solución de los problemas.

Sin embargo, ha habido desencuentros...

Ha habido un desencuentro reciente, porque hemos reclamado actas de inspección de la conselleria y y últimamente no se nos están dando. La vicepresidenta ha dicho que no se nos habían dado nunca, cosa que no es cierta. Tengo expedientes donde están las actas que nos han entregado, por ejemplo, en casos como el de la residencia de Altabix de Elche. Esta es una casa pequeña, y no puedo andar mandando a gente con un bolígrafo y un papel a que tome nota, cuando, además, la ley me ampara para que me den esas actas. No se quiere entender que el Síndic tiene una ley específica.

No están aceptando, pues, lo que dice la ley...

No, no están aceptando la Ley del Síndic. Han hecho una modificación reciente a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos, para que sean los jefes de servicio de la conselleria los que decidan qué actas se entregan. La ley de acompañamiento no puede modificar la Ley del Síndic, que, según el Estatuto de Autonomía, se aprueba por mayoría de tres quintos de las Cortes. Una ley ordinaria que se aprueba por mayoría simple no puede modificar la Ley del Síndic, o estaríamos abriendo la puerta a que, a partir de las leyes ordinarias, se vaciara de contenido la Ley del Síndic.

¿A qué atribuye esta situación?

Si tengo que hacer caso a los razonamientos de la conselleria, la consellera está respaldando una posición corporativa de algunos funcionarios que dicen que, si se diera copia de las actas, no podrían trabajar bien. Sin embargo, un acta de inspección es un documento público. Si soy un afectado en ese expediente, me tienen que dar copia de esa acta. Me resulta sorprendente la justificación. Además, hasta ahora, no habíamos tenido problemas.

Las frases

«Habría que haber aprovechado la salida de la pandemia, con todos los recursos que se han habilitado, para mejorar los sistemas administrativos» 

«El Síndic es un colaborador de la Administración» 

«No se puede perpetuar la cita previa. Habrá un momento en que alguien acuda a algún tribunal» 

«Dedicamos muchos recursos a políticas contra la desigualdad, pero no se ejecutan con la eficiencia suficiente como para que sean determinantes» 

«Me preocupa de las campañas que se generen expectativas desconociendo las limitaciones, o conociéndolas e ignorándolas»