La UCO confirma que el PP declaró 150.000 euros pero gastó 2 millones en la campaña de Rita Barberá de 2007

Cinco agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han ratificado ante la sección segunda de la Audiencia de València la existencia de una caja B del PP del Ayuntamiento de València en 2007 y 2011 y el pago de contratistas del consistorio de pagos electorales de la candidatura que encabezó Rita Barberá hasta 2015. El juicio contra el núcleo duro de la alcaldesa desde 1991 hasta 2015, Alfonso Grau, Carmen García-Fuster, José Salinas y Juan Eduardo Santón, ha comenzado hoy, tras rechazar los magistrados todas las cuestiones previas que, en algunos casos, responderán en sentencia.

Los cinco agentes han desgranado los detalles que iniciaron la investigación (las grabaciones de Marcos Benavent y Maria José Alcón) que después se vieron ratificadas con las intervenciones telefónicas a la exconcejala de Cultura y las investigaciones posteriores. Y uno de los agentes, que también investiga a Alfonso Grau en el caso Azud, ha confirmado que "el PP declaró un gasto de 150.000 euros en la campaña electoral ante el Tribunal de Cuentas, pero gastó realmente entre uno y dos millones de euros". En la campaña electoral de 2007, coordinada por el entonces vicealcalde Alfonso Grau, formalmente los responsables de la campaña declararon haberse gastado solo 150.000 euros, según el contrato suscrito el 3 de abril de 2007 entre Grau y la consultora de comunicación Laterne Product Council, propiedad del fallecido Vicente Sáez Tormo.

Sin embargo, las «aportaciones» a Laterne Product Council antes de la campaña electoral por parte de 18 empresas contratistas del Ayuntamiento de València ascendieron a 2.683.750 euros. Las empresas contratistas no han sido procesadas en la causa porque los hechos han prescrito para ellas. La consultora Laterne también recibió «encargos» de varias fundaciones del ámbito municipal por realizar trabajos que no aparecieron durante la instrucción judicial, aunque hoy se han aportado diversos trabajos durante el arranque del juicio. Por estos hechos es por lo que se imputó finalmente al exvicealcalde de València, Alfonso Grau, por un presunto delito de malversación.

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil han ratificado que una operativa similar, pero mucho más modesta económicamente se produjo en las elecciones de 2011 en las que Rita Barberá revalidó su quinta victoria electoral con mayoría absoluta aunque con un ligero freno respecto a 2007. En estos nuevos comicios el coordinador de la campaña volvió a ser Alfonso Grau, pero pudo contratar a Laterne, que ya había desaparecido ahogada por las deudas. Y su propietario también había fallecido de forma repentina. Por ello Grau tuvo que recurrir a la empresa Trasgos Comunicación cuyo propietario es Antonio Puig Payá con el que se pactó una campaña por 170.000 euros. El PP pagó 167.678 euros pero el coste final de los gastos electorales fue de 277.129,2 euros, que nuevamente sufragaron en parte contratistas del ayuntamiento «simulando una relación comercial inexistente con las empresas de Antonio Puig», según la acusación. Operativa que hoy han ratificado los agentes que han declarado ante la sección segunda de la Audiencia de València.