El año político se llena de minas

Después del carrusel electoral de la primavera (Euskadi, Cataluña y el Parlamento Europeo), el otoño aún puede ser más caliente. Dependerá de lo que dicten las urnas y los posibles pactos posteriores. El PP parte de posiciones residuales en las autonomías citadas, difícilmente puede irle peor, así que el PSOE es quién más se juega. En el País Vasco aspira a poco, sostenerse como tercera fuerza y ser la muleta necesaria para gobernar. En Cataluña parte como primera fuerza en votos y el objetivo es que Salvador Illa pueda presidir. Las europeas serán un último medidor emocional (los socialistas ganaron en 2019): una losa o un soplo de aire. Pero la pieza fundamental del tablero es Cataluña.

Lo que digan las papeletas y los acuerdos posteriores (si los hay) marcará el año político, que aparece cubierto de minas. ¿Hasta el punto de una posible convocatoria de elecciones generales?

Los mandos socialistas consultados alejan ese panorama («¿Convocar para perder? No. Pedro Sánchez navegará»), pero en privado fuentes del partido no descartan esa opción. Invocan la confianza en la experiencia de estratega consumado del presidente («Jugará al ajedrez»), pero si todos las partidas electorales acaban mal para él, puede verse acorralado, sin más salida que apelar a que la ciudadanía ponga orden.

Tras el verano comenzará el primer curso de Diana Morant como nueva líder del PSPV. Ha llegado en virtud de un armisticio auspiciado por Sánchez. Si ese esquema se desmorona porque el PSOE llega a perder el Gobierno, se quedaría sin la plataforma institucional de su puesto en el Ejecutivo y con un panorama interno que puede agitarse, sobre todo si se abre el melón del postsanchismo. Con Sánchez, ese vínculo va a ser blanco habitual de los ataques de Carlos Mazón. Sin Sánchez, la ministra quedaría a la intemperie. La secretaria general también se juega algo en la sucesión de comicios de esta primavera.

No es la única. El PSOE se juega mucho, pero lo que pase puede revolver también posiciones en Sumar y Vox y alterar estrategias también en los territorios. Los ultras han sido hasta ahora un socio apacible para el PP valenciano. Por su parte, a Alberto Núñez Feijóo se le presume un periodo de menor incertidumbre: su futuro estará en las próximas elecciones generales, hasta entonces debe tener un panorama controlado.

Mascarillas en el barro

Además del veredicto de las urnas, el Ejecutivo de Mazón está dispuesto en el terreno valenciano a meterse en el barro de los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia. Todos los indicios apuntan a ello. La búsqueda de transacciones escabrosas a los ojos de hoy (no los de la emergencia de material de protección) ha empezado. Algunos de los contratos aflorados ahora pasaron incluso los controles de la Intervención y el Tribunal de Cuentas. Pero eso no les ha borrado la sospecha ante la aparición de presuntos casos de pillaje en aquellos momentos (el caso Koldo). Que todo se reexamine puede aportar mayor seguridad, pero en este clima de polarización la transparencia y el fango partidista pueden confundirse también.

Además de las consecuencias administrativas, judiciales y de reputación, no conviene perder de vista a la Comisión Europea, que ya ha demostrado que observa de cerca el uso de los fondos que destinó en pandemia. Y ya ha sido dura en el pasado con la Comunidad Valenciana. Si actúa e inicia un procedimiento de devolución de ayudas, el agujero en las arcas públicas será de cientos de millones de euros.

Si se mira al presente, el barro de antes puede ser el de ahora. Las instituciones han recibido elogios por su rápida reacción en las ayudas a las víctimas del incendio de Campanar. Ello ha obligado en ocasiones a forzar la maquinaría burocrática. A la vista de los acuerdos de la pandemia, es muy posible que en unos años (o meses) estemos con la misma lupa. A futuro, el riesgo es el de la parálisis administrativa.

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