Elaborado por la Inspección General de Finanzas (IGF) y por la Inspección General de Asuntos Sociales (Igas) y enviado a los ministerios a finales del pasado mes de julio, el informe describe la iniciativa fiscal como una medida de financiación del seguro sanitario que sirva "como señal" para los consumidores y para la industria alimentaria.
En él se propone un aumento del equivalente francés del IVA (TVA) sobre los alimentos "muy grasos, muy azucarados, muy salados y que no son de estricta necesidad" que pasaría del 5,5 por ciento hasta el habitual 19,6% para el resto de productos.
La medida incluye también un incremento de los impuestos especiales sobre las bebidas edulcoradas y sobre los productos de comida rápida tales como "pizzas, hamburguesas, etc.".
El estudio considera "indispensable" aumentar también la carga impositiva sobre el alcohol, basado "no sólo en razón de los costes sociales, sino también de sus efectos sobre algunos cánceres, tres veces más importantes que los de otros productos alimentarios".
Según el informe, si los desequilibrios alimentarios perduran, "no cabe duda de que la frecuencia de los problemas y de las patologías crónicas aumentará (...) y el futuro de la financiación y de la protección social se volverá poco sostenible".
Fuentes del gobierno declararon a "Les Echos" que el ejecutivo no renuncia a la idea de aumentar la presión fiscal sobre ciertos alimentos, pero que prefiere esperar a que baje la inflación, especialmente sobre los productos alimentarios pues, como recoge el propio informe, "las poblaciones más desfavorecidas, que se alimentan peor, podrían ser las más penalizadas".
