La titular del juzgado de Instrucción número 4 de Alicante ha archivado de forma provisional la supuesta estafa denunciada por el exsocio del empresario Luis Castillo en relación a la construcción de La Casa del Gobernador de Tabarca, en la que el inversor denunciante perdió, según indicó en su querella, unos 900.000 euros fruto de un engaño para que inviertiera en un proyecto del que luego se le echó.

La magistrada ha considerado en un auto -que puede ser recurrible-, a instancias del fiscal, que no existen indicios de delito y que lo único que podría reclamarse, "en caso de que fueran ciertos los hechos", sería un incumplimiento de contrato, lo que ya quedaría fuera del ámbito penal.

Según el auto de la juez Cristina Fernández ,no existen hechos constitutivos de delito ni dolo en la actuación de los querellados (Luis Castillo y su hermano), ya que el denunciante basa su querella en "un elemento ficticio con apariencia de realidad" como fue el contrato de cuentas en paticipación que ambas partes firmaron, algo que la juez niega tajamente al considerar que ese contrato "no era ficticio sino real, suscrito entre querellante y querellados, con el asesoramiento de sus abogados, y que regula la relación entre las partes y la inversión económica del querellante".

Asimismo, la magistrada afirma respecto a la presunta expulsión del socio de los hermanos Castillo una vez llevó a cabo el desembolso que, en caso de que fuera cierta, estos hechos pertenecerían al ámbito civil -no penal-, pudiendo reclamarse el mero incumplimiento de un contrato.

La juez investigaba a ambos hermanos por presunta estafa continuada y apropiación indebida de 900.000 euros realizada por el segundo socio en el proyecto de rehabilitación y conversión en hotel de la Casa del Gobernador. Según la querella que presentó el exsocio en los juzgados, ambos concesionarios de la explotación del hotel a través de la empresa Josector Juan Luis S. L. buscaron a otro empresario, Olaf Reig, para que pusiera el dinero que hacía falta para la rehabilitación, construcción y mobiliario, y que se asoció a través de un contrato de cuentas en participación. Por otro lado, se incluyeron una serie de claúsulas "que parecían generar garantías suficientes para el señor Reig", según la querella, por lo que "la forma en que los querellados hicieron la propuesta de participación resultó muy atractiva para el demandante". Reig indicó que el contrato fue "un documento ficticio con apariencia de realidad" y que obligaba a los hermanos Castillo a rendir cuentas de su gestión o a que el socio pudiera auxiliarse en técnicos o someter el negocio a una auditoría, algo que la juez ha calificado como contrato real y no ficticio y por tanto sin ánimo de engaño.

El mismo exsocio denunció a los hermanos Castillo por un supuesto delito similar de estafa continuada en el Gran Hotel de El Campello, diligencias que se siguen en el juzgado de Instrucción 9 de Alicante.