Un funcionario de Alicante ha presentado una denuncia contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tras haberle sancionado por publicar una carta en un periódico, según la denuncia presentada ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso este diario. El trabajador ha sido sancionado con dos meses de suspensión de funciones como autor de una falta grave consistente por «desconsideración con los superiores compañeros o subordinados» en una resolución fechada el pasado 26 de marzo firmada por el secretario de Estado para la Seguridad Social. En la denuncia se asegura que la sanción supone un ataque a la libertad de expresión y que en el artículo que ha provocado la medida no se ofrecían ni nombres, ni datos, ni cualquier otro tipo información de la que se desprenda que el empleado se estuviera refiriendo ni a sus superiores, ni al INSS.
Los hechos se remontan al 4 de junio de 2012 fecha en la que el funcionario sancionado, David Rodríguez Moya, publicó en INFORMACIÓN un artículo en la sección cartas al director titulado «Tiempos de acoso». En el citado escrito, no se dan nombres y el autor habla de un amigo suyo «que cierto día se encontró con un jefe incompetente al que pusieron a dedo, un mediocre lameculos, un acusica que se ha dedicado a calumniarle y a utilizar su discapacidad como excusa para discriminarle». La denuncia presentada por el abogado José Luis Romero alerta de que la sanción impuesta al trabajador se sustenta en la opinión de sus superiores de que en el citado artículo se está hablando de los directores de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) y el entonces jefe de la unidad, Francisco Avilés. «De la lectura del artículo se constata que no aparece la más mínima referencia al señor Avilés, ni al INSS, ni a la Dirección de Alicante», señala.
El letrado plantea también que el artículo está firmado por el funcionario con su nombre y apellidos, sin la menor referencia a su condición funcionarial, tratando un tema de interés público como es el acoso laboral en el seno de la Administración. Por ello, se considera que la respuesta disciplinaria vulneró el derecho constitucional a la libertad de expresión del recurrente y se pide la nulidad del castigo aprobado. También se incide en que se le sancione como funcionario,, cuando se trata de una carta privada y por la que los supuestamente injuriados presentaron demanda alguna.
