El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha condenado al Estado español por no actuar de manera diligente para evitar la violación de los derechos de Ángela González, una mujer víctima de violencia de género, y su hija Andrea, que fue asesinada por su padre durante un régimen de visitas. El pronunciamiento se produce a raíz de una demanda interpuesta en septiembre de 2012 por Women's Link Worldwide en representación de González, quien en más de 30 ocasiones denunció ante las autoridades la violencia que ella y su hija sufrían, y solicitó medidas de protección para ambas.
La falta de debida diligencia del sistema de protección condujo a que la niña, de entonces siete años, fuera asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor. En su dictamen, el Comité ratifica la obligación que tienen los Estados de «investigar la existencia de fallos, negligencia u omisiones por parte de los poderes públicos» que dejan sin protección a las víctimas de violencia de género. El Comité obliga al Estado español a reparar de manera adecuada y a indemnizar integralmente a Ángela González, así como a realizar una investigación que determine los fallos que existieron en su caso y que causaron que ella y su hija estuvieran desprotegidas. Aunque reconoce que España ha hecho frente a la violencia de género por medio de la formulación de leyes, identifica prácticas de jueces, fiscales y trabajadores sociales que llevan «con frecuencia» a que no se proteja a las víctimas y sus hijos.
La directora general del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Carmen Plaza, reconoció ayer que en 2003 no se dio a Ángeles González «la protección que hubiese podido prevenir la muerte de su hija Andrea.
