El empresario Enrique Ortiz se sentará de nuevo en el banquillo el próximo 19 de enero, cuando será juzgado por un presunto fraude fiscal del que, además del promotor, están acusados el responsable de Hansa, Rafael Galea, y personas próximas al constructor como Miguel Ballestar, Miguel Carratalá, Vicente Pérez Cañas y Aurelio González Villarejo. Todos ellos se enfrentan a penas que suman más de cuatro años de cárcel.
El fiscal mantiene que en octubre de 2005 se formalizaron contratos de arrendamiento de nueve fincas rústicas en la playa de San Juan de Alicante, por los que Hansa Urbana los alquilaba a las mercantiles Construcciones Villarejo y Obras Asfálticas y Construcciones por un periodo de cinco años. El precio de las dos operaciones fue el mismo: un millón y medio de euros, más 24.000 euros de IVA cada una. El fiscal considera que los dos contratos no obedecían a la realidad.
Este será el segundo juicio contra el constructor después del celebrado el pasado año tras localizarse un revólver en la caja fuerte de sus oficinas, un proceso del que salió absuelto y que actualmente está pendiente del recurso de apelación en la Audiencia.
Ortiz está imputado en los dos procedimientos que investigan presuntas irregularidades en el PGOU de Alicante y en el plan urbanístico Rabasa, y en una pieza sobre la financiación ilegal del PP.
