Detienen a un implicado en una red de tráfico de armas buscado en Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un ciudadano ruso que había sido declarado en rebeldía y estaba reclamado por un tribunal de la Audiencia de Alicante después de que no compareciera a un juicio celebrado el pasado junio contra un entramado dedicado al tráfico de armas y con vínculos yihadistas.

Según fuentes judiciales, el sospechoso fue apresado el pasado martes y compareció después ante el juzgado de guardia de la capital, cuyo titular ordenó su ingreso en prisión y su posterior traslado a un centro penitenciario de Alicante a la espera de juicio.

La causa por la que se sentará en el banquillo se inició en marzo de 2006 y fue dirigida en un primer momento por el juzgado central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional debido a los indicios que apuntaban a que los investigados podían formar parte de una trama yihadista.

De hecho, uno de ellos, identificado como Abdul M.A.G., un médico de origen sirio, es hermano de uno de los acusados que resultó finalmente absuelto en el juicio por la denominada «Operación Dátil», en la que fue desarticulada una célula de Al Qaeda en España dirigida por Imad Eddin Barakat Yarkas, alias Abu Dahdah. Al constatar que la trama investigada no guardaba relación con el terrorismo y sí con la delincuencia común, la Audiencia Nacional se inhibió en favor del juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm, que acabó procesando a seis personas por un delito de tráfico y depósito de armas de guerra.

Cinco de ellos fueron juzgados el pasado junio por la sección tercera de la Audiencia de Alicante, mientras que el sexto, el ahora detenido, había sido declarado previamente en rebeldía. La acusación de la fiscalía gira en torno a la compra de una pistola ametralladora VZ 61 Skorpion, considerada un arma de guerra, y 16 cartuchos, una operación que se fraguó en un chalé de l'Alfàs del Pi y que la Policía abortó días después en Madrid. El ahora apresado fue el vendedor de la pistola ametralladora que, según las investigaciones, iba a usarse para matar a un magistrado. En la sentencia, la Audiencia alicantina decretó la nulidad de las escuchas pero condenó a dos de los cinco acusados a tres años de cárcel.