Los animalistas pidieron hace semanas registros a la red que vendía monos con riesgo de VIH

Tras la alerta de la Guardia Civil de la existencia de una partida ilegal de 42 monos tití ante el riesgo de que puedan estar infectados de VIH, colectivos animalistas que quisieron personarse en la investigación denunciaron ayer que llevan semanas reclamando al juzgado de Instrucción número cinco de Elche una orden de registro a una de las implicadas. El magistrado inicialmente les dio por personados en la causa pero, a raíz de la petición de registro les ha reclamado el pago de una fianza de 3.000 euros antes de resolver nada. La abogada Iratxe Arruti (que representa a las asociaciones Anadel, Aspac,Equinac y Liberta) aseguró ayer a este diario que estas demoras no sólo ponen en peligro la situación de los animales, sino que también suponen un riesgo sanitario para la población.

Como ya publicó este diario en su edición de ayer, los hechos parten de una operación iniciada en septiembre por la Guardia Civil contra una red de tráfico de animales exóticos, en la que se imputó a siete personas: cuatro en Alicante, dos en Murcia y una en Sevilla. Se intervinieron 25 monos tití, pero los agentes tenían constancia de que había otros 42 monos pertenecientes a esa partida que estaban en paradero desconocido. Las alarmas saltaron cuando los análisis revelaron que uno de los primates recuperados era portador del virus del VIH y, por lo tanto, podría haber otros ejemplares infectados entre los desaparecidos.

La Guardia Civil busca una partida ilegal de 42 monos tití por el riesgo de que tengan VIH

Desde las asociaciones se señaló que desde los primeros momentos se tuvo sospechas de que una de las personas a la que se daba por compradora en las primeras investigaciones podrían tener una implicación mayor en los hechos y podría estar vendiendo los ejemplares desaparecidos. Según las pesquisas realizadas por los colectivos animalistas, esta mujer podría estar ofertando a través de internet monos tití y llegaron a encontrarse con mensajes en los que se proponían lugares para llevar a cabo las transacciones. También se podían realizar en el domicilio del comprador si éste se comprometía a pagar los gastos de desplazamiento. Las asociaciones detectaron otros intercambios de mensajes proponiendo más intercambios de primates en Antequera.

Por este motivo, tras haberse personado con abogado y procurador en la causa para llevar a la acción popular, las asociaciones reclamaron una orden de entrada y registro en el domicilio de la sospechosa, a fin de frenar nuevas ventas de primates e intervenir otros ejemplares que pudieran estar en su poder antes de que se vendieran. Los colectivos denunciaron que a pesar de la urgencia de la situación, el juzgado no consideró prioritaria su petición y les exigió el pago de una fianza de 3.000 euros para darles por personados en la causa. Esta fianza era condición indispensable antes de entrar a valorar cualquier petición. Los grupos animalistas expresaron públicamente su «profunda indignación y frustración» ante una legislación penal que se supone que tiene los mecanismos para defender a los animales, pero que funciona «ineficazmente» y «boicoteando» el éxito de la salvación de estos ejemplares. Las asociaciones temen que estos primates podían ser objeto de compra para la festividad de Reyes. «Si la orden de registro se concediera ahora, dudamos mucho que se pueda encontrar nada», lamentó la letrada de las asociaciones.