El CGPJ archiva la queja de Madaria contra el juez que le acusó de presionarle

De plano. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado por unanimidad la queja que ante el órgano de gobierno de los jueces presentó el presidente de la sección penal de la Audiencia de Alicante en Elche, José de Madaria, contra un magistrado de Orihuela que le denunció por presionarle para que favoreciera a un condenado por dos delitos de prostitución. Una denuncia se acabó sobreseyéndose con el voto en contra del presidente de la comisión disciplinaria, Wenceslao Olea, quien frente al criterio de sus compañeros consideró que el expediente sancionador iniciado por estos hechos contra el juez de Elche se tenía que haber resuelto «de conformidad con la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria».

El Promotor planteó que a Madaria se le impusiera una sanción de mil euros por «interesarse, mediante cualquier clase de recomendación, en el ejercicio de la acción jurisdiccional de otro juez o abogado», considerado una falta grave prevista en el artículo 418.2 de la Ley Orgánica de Poder Judicial (LOPJ). El mismo castigo que pidió el fiscal Luis Navajas, el único que podía recurrir el archivo de las actuaciones y que, al no hacerlo, dio firmeza a la resolución.

Con el asunto zanjado a su favor, Madaria decidió actuar contra el magistrado de Orihuela, Miguel Rivera, al que presentó una queja en la Comisión Permanente del CGPJ por «una falta de consideración o falta de respeto» en relación a la grabación de la conversación en la que apoyó su denuncia al presidente de la sala penal de Elche.

«Sin practicar actuaciones»

Un portavoz autorizado del órgano de gobierno de los jueces ha confirmado a este diario el archivo de la medida emprendida por Madaria «sin practicar actuaciones» porque ya quedó claro que por parte de Rivera «no se apreció ilícito alguno». Contra el archivo cabe recurso sin que a este diario le conste que se haya interpuesto.

Miguel Rivera, recien elegido juez decano de Orihuela, denunció ante el Consejo que Madaria se había puesto en contacto telefónico con él interesándose por la suspensión de la pena a un condenado. Dada su insistencia, el juez acabó grabando una conversación que puso en conocimiento del CGPJ al entender que se trataba de un intento de presión. Una percepción que también tuvo la fiscal. Según declaró en la instrucción del expediente sancionador, la representante del Ministerio Público recibió varias llamadas de Madaria para decirle que el hombre para el que pedía la suspensión de la pena por dos delitos de prostitución fue condenado cuando era joven y que ahora había rehecho su vida y le provocaba tristeza que ingresara en prisión.

En el caso de la fiscal, según relató, a las llamadas se sumó la visita de alguien que se identificó como abogado y que aseguró que iba a verla de parte del magistrado, lo que le pareció «inaudito». La acusadora contó que le explicó a Madaria que había resuelto oponerse a todos los beneficios que se solicitaban para ese reo, a lo que el magistrado le respondió que la Justicia tardía no es Justicia. En ese momento planteó otras posibilidades legales para evitar el ingreso en prisión, como la sustitución de la pena por trabajos en beneficio de la comunidad, pero tanto la fiscal como el magistrado de Orihuela se mantuvieron firmes y al final el penado acabó entrando en la cárcel para cumplir la condena que se le había impuesto.

Frente al criterio del Promotor de la Acción Disciplinaria, que consideró que Madaria tenía que ser sancionado por esta actuación al pago de mil euros, la comisión disciplinaria resolvió que el magistrado únicamente «recordó criterios generales» en sus conversaciones sobre este asunto y resolvió archivar el expediente.