Juzgan al responsable de una empresa de seguridad por estafar más de 1,5 millones

La Audiencia de Alicante sienta esta semana en el banquillo a un economista, L. S. A. C., acusado de una estafa de más de 1,5 millones de euros en una empresa de seguridad de la que era administrador. El procesado, a quien el fiscal le reclama penas que suman siete años de cárcel, defendió ayer su gestión al frente de la mercantil y sostuvo a que toda su actuación estuvo dirigida a conseguir que ésta no echara el cierre y pudiera seguir adelante pese a las deudas que arrastraba.

El fiscal le acusa de desplegar una serie de acciones con el ánimo «no de ayudar, sino de vaciar patrimonialmente a la sociedad adjudicándose sus activos en beneficio personal», proceso que culminó con el acusado al frente de la mercantil, que fue vendida a otra empresa de Madrid por 1,5 millones y con el despido de los otros socios. Se le imputan los delitos de estafa y delito societario.

Los hechos se remontan al año 2009 cuando la citada empresa, dedicada a la instalación de sistemas de seguridad y explotación de centrales de alarma se encontraba en una delicada situación economista y acudió al acusado para tratar de reflotarla. A la mala situación en plena crisis, se juntaba un clima de tensiones internas en una empresa que era de carácter familiar, hasta el punto de que hay hasta tres acusaciones particulares en el proceso, algunas enfrentadas entre sí.

El acusado señaló que lo que en un principio fue una contratación mercantil para ayudarles con el bache pasó a ser una relación laboral, en la que se puso al frente del consejo de administración. Entre los problemas que surgieron estaba que la Agencia Tributaria les había retirado los certificados positivos, sin los que no podían contratar con la Administración, y que la CAM les había retirado el apoyo financiero.

El hecho de vender inmuebles a la mercantil de seguridad de una sociedad a nombre de la madre del acusado fue justificado como un intento de presentarla como garantía ante la Agencia Tributaria y facilitar aplazamientos y fraccionamiento. Otra de las actuaciones cuestionadas por la Fiscalía fue el abocar a los socios a una ampliación de capital que éstos no podían suscribir y que le puso al frente de la mercantil. «Las opciones eran liquidar la empresa o ampliar capital y los socios votaron mayoritariamente por la segunda», declaró. El acusado admitió que no informó de la venta a los otros socios y señaló que ante la situación la única opción era llegar a un acuerdo con otra empresa más grande, «reinvertarse» y asegurar la continuidad del personal. El procesado aseguró que parte del dinero se usó para pagar deudas hasta que los compradores bloquearon el pago cuando la Agencia Tributaria acabó bloqueando por las deudas.