La reclamación de los guardias civiles en situación de reserva activa que prestan servicio para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las delegaciones de Defensa en las diferentes provincias del país han cobrado los incrementos previstos en el acuerdo de equiparación salarial a pesar de que inicialmente fue desestimado por el director general de la Guardia Civil, según ha informado la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC).

IGC afirma en un comunicado que los guardias han podido percibir este aumento gracias a las reivindicaciones de los agentes mediante instancias y recursos y por la intervención de sus respectivas asociaciones. En el caso concreto de Independientes de la Guardia Civil (IGC), liderados por guardias civiles destinados en la Delegación de Defensa de Mallorca, se han coordinado los recursos de agentes en toda España y en la nómina de diciembre han visto reflejada esta subida con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2018. Además se han beneficiado del tercer tramo de incremento salarial a partir de enero de 2020, que quedará reflejado en las nóminas del próximo mes de abril.

La asociación IGC señala que el director general de la Guardia Civil, asesorado por el órgano gestor de las nóminas, acordó no promover la subida salarial porque estos guardias civiles recibían de la institución sólo la nómina correspondiente a su situación de reserva activa sin destino, "pues no ocupan destino en la Benemérita, ni en organismo ajeno en virtud de convenios con las comunidades autónomas, como los agentes en la reserva adscritos al servicio de vigilancia de juzgados.

Estos guardias civiles que prestan servicio para el CNI en las delegaciones de Defensa alegaron, asesorados por IGC, que aunque prestan servicio para Defensa y no para Interior, igualmente son guardias civiles. Por ello, entendían que el acuerdo de incremento salarial de 19 de marzo de 2018 incluye a todos los miembros de la Benemérita, incluido el personal en reserva con destino.

Independientes de la Guardia Civil (IGC), organización profesional que promovió los recursos contenciosos administrativos para una parte de estos guardias civiles, apeló al principio “pacta sunt servanda”, “lo pactado obliga”, pues siendo el acuerdo salarial alcanzado entre el Ministerio de Interior y las asociaciones profesionales firmantes del mismo, un contrato civil, ese acuerdo se constituye en ley entre las partes.

Los guardias civiles han recibido, además de su nómina de diciembre, una cantidad adicional como atrasos que oscila entre los 6.000 y 5.000 euros brutos, según las peculiaridades de cada guardia civil, a los que se les ha aplicado una retención de entre un 25% y un 35%, según el comunicado de IGC. La mayoría están destinados en Madrid, pero también en el resto de España, incluida la delegación de Defensa en Alicante.